R.D. CONGO Manteniendo la fe en la justicia

Por Emmanuel Chaco

El abogado defensor Nick Kaufman (izquierda) yCallixte Mbarushimana. Kaufman arguye que los fiscales no tienen evidencias contra su cliente.

Crédito: Cortesía CPI



KINSHASA, 26 sep (IPS) - Dentro de dos meses, activistas y sobrevivientes de la horrenda violencia en el este de la República Democrática del Congo (RDC) sabrán si Callixte Mbarushimana será juzgado por crímenes de guerra y contra la humanidad.

Mbarushimana es secretario ejecutivo de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), movimiento rebelde que operó en el este congoleño desde 2005.

La Fiscalía de la corte lo acusa de haber dirigido a los combatientes del FDLR para que cometieran asesinatos, torturas y violaciones a civiles en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, como estrategia para fortalecer el poder del movimiento en las negociaciones con el gobierno ruandés. Los jueces confirmarán o rechazarán cada una de las 11 acusaciones antes de fines de noviembre.

"Era el eje, el hombre que podía transformar los crímenes cometidos en Kivu en ventaja política en Ruanda", dijo a los magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, la fiscal adjunta Fatou
Historia de la audiencia

El 13 de este mes, justo antes de la audiencia de confirmación, el abogado de Mbarushimana, Nicholas Kaufman, solicitó a la CPI que desechara el caso por encontrarse fuera de jurisdicción, arguyendo que el gobierno de la RDC no había señalado claramente que consideraba la crisis en Kivu un asunto de relevancia para ser derivado al tribunal.



En agosto, la Cámara de Asuntos Preliminares había invitado a la RDC que enviara, para el 12 de este mes a más tardar, sus comentarios sobre las objeciones hechas por la defensa a la jurisdicción de la CPI. Pero Kinshasa no contestó.



Ghislain Monga Mabanga, abogado que representa a 63 de las 130 víctimas, sostuvo que el caso ya había sido derivado al tribunal el 3 de marzo de 2004, en una carta en la que el presidente congoleño Joseph Kabila expuso la situación en el país a la Fiscalía.



Numerosos reportes de la Organización de las Naciones Unidas, así como de diversos grupos de la sociedad civil, detallan atrocidades cometidas por el FDLR desde 1994, con millones de víctimas, incluyendo mujeres, niños y ancianos.



Bensouda, en la audiencia de confirmación de cargos el 16 de este mes.
Historia de la audiencia

El 13 de este mes, justo antes de la audiencia de confirmación, el abogado de Mbarushimana, Nicholas Kaufman, solicitó a la CPI que desechara el caso por encontrarse fuera de jurisdicción, arguyendo que el gobierno de la RDC no había señalado claramente que consideraba la crisis en Kivu un asunto de relevancia para ser derivado al tribunal.



En agosto, la Cámara de Asuntos Preliminares había invitado a la RDC que enviara, para el 12 de este mes a más tardar, sus comentarios sobre las objeciones hechas por la defensa a la jurisdicción de la CPI. Pero Kinshasa no contestó.



Ghislain Monga Mabanga, abogado que representa a 63 de las 130 víctimas, sostuvo que el caso ya había sido derivado al tribunal el 3 de marzo de 2004, en una carta en la que el presidente congoleño Joseph Kabila expuso la situación en el país a la Fiscalía.



Numerosos reportes de la Organización de las Naciones Unidas, así como de diversos grupos de la sociedad civil, detallan atrocidades cometidas por el FDLR desde 1994, con millones de víctimas, incluyendo mujeres, niños y ancianos.




"La audiencia da esperanza a miles de víctimas como yo", dijo Nestor Habamungu, profesor de geografía en el Instituto Mwanzo, de Bukavu, en Kivu del Sur.

"Durante una redada del FDLR en Walungu, Kivu del Sur, en febrero de 2005, mis padres fueron asesinados. Combatientes saquearon nuestra casa y quemaron la de nuestros vecinos con tres personas adentro. Yo sobreviví porque me estaba quedando con una familia amiga en una aldea cercana", contó.

"La apertura de esta audiencia fue un paso importante que permitirá hacer justicia a miles de víctimas de graves crímenes cometidos en la parte oriental de la RDC", dijo por su parte Armel Luhiriri Byamungu, coordinador en este país de la Coalición para la CPI, organización internacional de la sociedad civil que trabaja para apoyar y fortalecer el trabajo del tribunal.



Sobrevivientes impacientes

Pero mientras algunos celebran los progresos, otros se preocupan por la lentitud de los juicios. Marie Claire Mwilarhe, profesora en la comuna de Kalamu, en Kinshasha, dijo a IPS que su padre había sido asesinado a machetazos por combatientes del FDLR en Mwegerera, Kivu del Sur, en 2006.

Mwilarhe dijo que, basándose en el juicio de la CPI a Thomas Lubanga Dyilo, arrestado en 2006 y acusado de reclutar niños soldados en el noroeste del país, temía que el largo proceso del tribunal no lograra nada más que desalentar a las víctimas.

"El caso de Thomas Lubanga ha estado pendiente por años", dijo. Las acusaciones fueron confirmadas en enero de 2007, pero el juicio solo comenzó dos años después, y aún está en marcha.

Desiderata Boji, presidenta del grupo Mujeres en Solidaridad por la Paz y el Desarrollo, con sede en Kinshasa, añadió: "Hay muchas víctimas que han muerto mientras tanto sin haber recibido compensación. Su negligencia no alentará a otras víctimas a convertirse en parte civil en los casos ante la CPI o en los casos en el sistema judicial congoleño".



Participación civil obstaculizada

Un comunicado de prensa divulgado el 15 de este mes por la oficina en la RDC de la Coalición para la CPI admitió que había problemas con la participación de las víctimas en el proceso.

El comunicado indicaba que la decisión permitiendo a 130 sobrevivientes participar de la audiencia de confirmación de cargos contra Mbarushimana fue tomada apenas una semana antes de que comenzara en agosto, y que cientos de personas que habían hecho su solicitud quedaron fuera simplemente porque la Oficina del Fiscal y Registro de la CPI no pudo procesar los pedidos de 470 víctimas a tiempo.

Pero el abogado congoleño Maurice Kanyama es más condescendiente con el tribunal. "Más allá de las dificultades impuestas para acceder a las zonas donde se cometieron los crímenes, la limitada participación de víctimas en casos pendientes de la CPI no se debe a la lentitud de la corte", dijo a IPS.

"Principalmente, se debe a la debilidad interna de las organizaciones no gubernamentales que trabajan para identificar a las víctimas en el terreno", sostuvo.

"Las limitaciones de presupuesto ya no son una excusa, pues existe el Fondo de Víctimas, que cubre el costo de la participación y de la representación legal, provisto por los estados miembro (de la CPI) y otros donantes", añadió.