BRASIL Cerebro del caso Acioli revela alta corrupción policial

Por Fabiana Frayssinet

RÍO DE JANEIRO, 29 sep (IPS) - La prisión preventiva del supuesto cerebro del asesinato de la magistrada Patrícia Acioli, un comandante de la policía militar, deja en Brasil un cierto sabor a triunfo de la justicia y la comprobación de cuán lejos llegan los tentáculos del crimen organizado.

El comandante del séptimo batallón de la policía militar de São Gonçalo, teniente coronel Cláudio Silva de Oliveira, fue detenido el martes 27, luego de que un cabo también preso por el crimen obtuvo una reducción de su pena al colaborar con la justicia y lo acusó de haber ordenado el asesinato de Acioli, cometido el 12 de agosto.

En el tribunal de São Gonçalo, una ciudad ubicada a 60 kilómetros de Río de Janeiro, Acioli actuaba con una obsesión: investigar hasta las últimas consecuencias los crímenes cometidos por policías corruptos y asesinos, y los vínculos mafiosos de esos uniformados con negocios ilegales y grupos de exterminio.

"Veo la rapidez de las investigaciones como fruto de la presión de la opinión pública, que fue muy fuerte por tratarse de una jueza con un histórico récord de penas rigurosas contra policías involucrados en el crimen organizado", dijo a IPS el analista Maurício Santoro, de la Fundación Getulio Vargas.

"La prisión de los responsables es una buena noticia en la lucha contra la impunidad", agregó.

Por el crimen de la jueza, ejecutada con 21 disparos en una emboscada de la que participaron cuatro vehículos en la puerta de su casa, ya habían sido procesados tres policías –un teniente y dos cabos–, y uno de ellos fue el que reveló los detalles del crimen y ahora está cobijado por el programa de protección de testigos.

Además, se emitieron órdenes de prisión contra otros seis policías. Y, aunque no estuvo involucrado en el asesinato, el miércoles 28 presentó su renuncia el comandante general de la policía militar del estado carioca, el teniente coronel Mario Sérgio Duarte.

En su carta de renuncia, Duarte se declaró único responsable de nombrar a los jefes de las unidades de operaciones, como era Silva de Oliveira.

Para António da Costa, presidente de la organización no gubernamental Río de la Paz, que lucha contra la impunidad en el estado de Río de Janeiro, la aparente resolución del caso y la prisión del autor intelectual –un hecho raro en Brasil– "muestra que, cuando la policía quiere dilucidar un homicidio, lo consigue".

"Por lo tanto, tenemos que continuar invirtiendo en esa política, y que el Estado entienda que una muerte en una 'favela' –barrio pobre y hacinado– debe recibir el mismo tratamiento que la de la jueza", dijo Da Costa a IPS, al referirse a la amplia mayoría de casos de violencia no aclarados en Río de Janeiro.

Según el testigo, el asesinato de Acioli fue planeado porque sus investigaciones amenazaban a Silva de Oliveira, que se quedaba supuestamente con el "botín" de armas, drogas y dinero, confiscado en los operativos en las favelas de São Gonçalo.

Acioli buscaba pruebas de ese hecho así como de los supuestos vínculos del jefe policial con grupos de exterminio. Sospechaba que muchos casos catalogados como "autos de resistencia" –muerte de civiles en supuestos enfrentamientos con la policía– encubrían asesinatos.

De hecho, la prisión de los tres policías acusados de autoría material del crimen de Acioli, había sido ordenada por la jueza poco antes de su asesinato, precisamente por la muerte de un joven, caratulada como "auto de resistencia".

Según Maria Luísa Mendonça, directora de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, el hecho de que los responsables ocupen altos puestos del comando de la policía "revela el grado de connivencia de ese organismo con el crimen organizado".

Para combatir los "resquicios de la dictadura militar" en las instituciones de seguridad, el gobierno necesitará "más coraje" para castigar "todo tipo de crimen, cometido en el pasado o actualmente, por la represión del Estado", dijo a IPS.

En este aspecto, opinó, será fundamental el trabajo "transparente" de la Comisión de la Verdad –aprobada el día 21 por la cámara baja del Congreso legislativo y pendiente de votación en el Senado– para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1964-1985).

La Comisión, sin embargo, tendrá fines de esclarecimiento, pero no de castigo a los culpables, pues el proyecto presentado por el gobierno fue recortado en el parlamento.

Da Costa manifestó también su preocupación por la participación de un oficial de alta jerarquía en violaciones a la ley.

"Significa que sin una verdadera reforma policial, no tenemos la esperanza de vivir alguna vez en un Río de Janeiro pacificado. Podemos cambiar de comandantes, puede entrar el mejor intencionado comandante policial, pero sin cambio de estructura, no habrá cambios reales", sostuvo.

Entre otras reformas, el presidente de Río de la Paz, mencionó "las tres eses": selección para escoger personas aptas para ejercer cargos de poder, supervisión de subalternos que si son descubiertos en un delito deben ser castigados, y salarios mejores para valorizar la labor policial.

El caso de Acioli fue uno de varios que abatieron la confianza popular en la policía militar en los últimos meses y que empañaron, en cambio, su buen desempeño en las unidades de pacificación social de las favelas, conocidas como UPP.

Entre otros escándalos que llevaron al desgaste de Duarte, Santoro recordó el soborno a narcotraficantes por parte de efectivos de una UPP y el caso de un niño muerto a tiros en un operativo policial y el posterior ocultamiento de su cadáver.

El de la jueza "es un episodio muy serio, pero apenas el más grave de una sucesión de crisis recientes de corrupción y abusos de la policía militar", sostuvo el analista.

Hubo además "errores" del gobierno, como no haber dado protección a la jueza cuando la solicitó, y lentitud de la policía en las pericias de las armas del batallón donde trabajaban los sospechosos de su asesinato.

Aunque la prisión de los acusados es una buena, "los sucesivos errores del gobierno son bastante preocupantes", concluyó. (FIN/2011)

Los más vulnerables de Sudán del Sur

Por Danielle Batist

Atrás quedan años de lucha, ahora Laurence Modi espera mejorar su hogar y tener una familia, algún día Credit:

Crédito: Simon Murphy



JUBA, sep (IPS/Street News Service) - A primera vista, la aldea de Rokwe, en las afueras de Juba, es igual a cualquier otra en Sudán del Sur. El sol brilla sobre las chozas de barro y un coro ensaya en una iglesia cercana. Solo lo que se ve en la clínica local deja en claro que éste no es un lugar común.

Decenas de pacientes buscan refugio del sol en el centro de salud. Muchos tienen más de un miembro destrozado. Algunos pueden caminar, mientras otros sufren grandes dificultades para trasladarse por sí mismos. Rokwe es una colonia para leprosos.

Erkolan Onyara tenía apenas 13 años cuando descubrió por primera vez unas pequeñas manchas en sus piernas. No sabía qué eran, y cuando más llagas dolorosas aparecieron en todo su cuerpo, decidió mostrárselas a su madre. Ella identificó de inmediato las señales de la enfermedad que también había padecido: lepra.

Pronto perdió la sensibilidad en las áreas de la piel afectadas, y las heridas comenzaron a infectarse. Para entonces, su enfermedad se había agravado, y su madre fallecido.

Sin saber cómo cuidar a Erkolan, la familia se enteró de que en esta aldea personas con lepra eran atendidas por miembros de una iglesia. Su hermano mayor lo llevó a Rokwe en 1976, y la congregación de los Hermanos de San Martín de Porres lo aceptó en la colonia.

Erkolan recuerda sus primeros meses en la aldea como si fuera ayer. "Estaba solo y me asusté. No conocía a nadie y no sabía qué estaba sucediendo con mi cuerpo. Fue un momento difícil para mí", contó.

Como muchos afectados por la lepra, Erkolan perdió la sensibilidad en sus manos y pies, lo que hizo que muchas veces se lastimara sin darse cuenta mientras caminaba.

Cuando tenía 19 años, ocurrió el desastre. "Estaba cocinando la cena e intenté agarrar una olla que estaba sobre el fuego. No sentí el calor y mis dos manos se quemaron mucho. Perdí mis dedos y parte de las manos".

Durante su juventud, la vida en la colonia fue muy dura. Con la ayuda de algunos de los Hermanos construyó una pequeña tukul (choza de barro), pero tenía problemas para obtener su sustento diario.

"No podía trabajar porque estaba desfigurado. Fui a pescar al (río) Nilo a veces o intentaba cultivar algo para comer, pero muy seguido pasaba hambre", contó. Una de las hermanas de la congregación solía visitarlo y lo ayudaba cocinándole y lavándole la ropa.

El pequeño centro de salud de los Hermanos sufre una crónica escasez de recursos. La guerra ha hecho que el suministro de medicamentos sea inestable. Sin embargo, sus integrantes están decididos a tratar a los pacientes de la aldea y curarlos de la lepra.

Erkolan se curó en 1986, pero la enfermedad pasó factura en su cuerpo: sus manos quedaron desfiguradas y perdió varios dedos de los pies, lo que lo obliga a caminar con dificultad.

El gran avance médico en la batalla contra esta enfermedad se produjo en 1981, cuando un estudio del Grupo sobre Quimioterapia y Lepra de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el tratamiento de terapia múltiple.

Aun después de curarse de la lepra, la mayoría de los pacientes prefieren permanecer en la aldea. Por lo general quedan con severas discapacidades que hacen más difícil la vida en ésta, una de las regiones más pobres del mundo.

Además, en el medio de la guerra civil, la colonia parece un lugar más seguro.

Bruno Dada, miembro de la congregación, ha estado trabajando en la colonia los últimos 23 años. Dijo que se habían producido combates cerca de la aldea en los últimos años, especialmente desde que el ejército construyó cuarteles muy cerca.

El estigma sobre la lepra parece haber en cierta forma protegido a los 350 habitantes de Rokwe de las violentas redadas que han sufrido muchos otros lugares de la zona.

Los soldados ignoran la aldea pues creen que no pueden saquear nada allí, además de que tienen miedo de contraer la enfermedad.

"Hay un estigma. La gente cree que puede contraer la lepra si saluda con las manos a un paciente, cuando en realidad es imposible infectarse de esa manera. Incluso si un paciente ha sido curado hace años, mucha gente aún tiene miedo de acercársele", dijo Bruno.

No obstante, muchos leprosos viven con miedo en Rokwe. Erkolan expresó la ansiedad que sienten los aldeanos: "Siempre teníamos miedo porque sabíamos que éramos vulnerables. Si estallaba algún combate, no nos podíamos defender".

Erkolan se casó con una mujer de la aldea y vive con ella en la choza que construyó apenas llegó. Es un padre orgulloso de seis hijos, el mayor de los cuales ya se casó y se mudó.

Si Erkolan pudiera hacer un milagro, sería que su hija mayor terminara sus estudios. "Teníamos que hacer mucho esfuerzo para obtener dinero y tuvimos que sacarla de la escuela", dijo.

"Era muy buena estudiante, pero simplemente no podíamos mantenerla. Tuvimos que enviarla para que se casara, así la familia de su esposo podía mantenerla. Aún me siento mal por eso", añadió.

Un reciente regalo de un tío mejoró en algo la vida de Erkolan. Le obsequiaron una vieja bicicleta, con la que puede ir al campo a recolectar leña. "Andar en bicicleta para mí es más fácil que caminar. Puedo llevar la leña en la bicicleta por el costado de la ruta. No vendo mucho, pero a veces obtengo algunas libras" sudanesas, contó.

Si bien la mayoría de los habitantes de Sudán del Sur tienen esperanzas en su país desde que se independizó en julio de Jartum, Erkolan no puede evitar ser escéptico. "No ha habido avances aquí por mucho tiempo. Ningún gobierno se preocupa por nosotros. Espero que las cosas cambien, pero tengo que ver para creer", afirmó.

* Publicado en acuerdo con Street News Service.

Informe Anual 2011 sobre los Derechos Humanos en Argentina

Informe CELS 2011

 

Viernes 30 de septiembre a las 17:30

Honorable Concejo Deliberante de Morón

Brown 910 (esquina Belgrano)

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

presentará el Informe Anual 2011

 sobre los Derechos Humanos en Argentina.

El Informe 2011 destaca los avances logrados a lo largo del último año, mediante la implementación de políticas que ampliaron el ejercicio de derechos humanos para muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, advierte que esos avances conviven con deudas históricas del Estado democrático y, al respecto marca en particular la situación carcelaria de la Provincia de Buenos Aires y menciona abusos imputados al accionar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

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Área de Comunicación
Dirección de Derechos Humanos
Municipio de Morón
Predio "Quinta Seré". Santa María de Oro 3530. Castelar
4458-0134/35
derechoshumanosmoron@yahoo.com.ar
ddhh@moron.gov.ar
www.moron.gov.ar/ddhh

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Despenalizar el aborto es urgente para el continente

Argentina



Hoy es el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Amnistía Internacional reafirma la necesidad de que los gobiernos del continente promuevan con urgencia planes concretos que aseguren el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas.



Amnistía Internacional se une asimismo, a la campaña regional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe bajo el lema, "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir". Restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos viola los derechos humanos de mujeres y niñas.



Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son Estados parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación, el Estado la obligue a continuar con el embarazo. Forzar a una mujer o niña violada a continuar con un embarazo, es cruel, inhumano y degradante.



Algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. En ocasiones toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Es así como cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren cada día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso llegan a significar la pérdida de su vida.



En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas afectan principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza.



Algunos países de la región han reconocido que cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe, se están violando los derechos de las mujeres y niñas. Sin embargo, y a pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, con frecuencia esta legislación no se cumple en la práctica lo que conlleva graves consecuencias.



Las guías para el personal médico son en la mayoría de los casos inexistentes, poco claras o no se distribuyen, lo que lleva a utilizar el sistema judicial innecesariamente dejando mujeres y niñas embarazadas sin la posibilidad de ejercer sus derechos.



Los Estados además no dan prioridad a su propia legislación o a asegurar la implementación de leyes de educación sexual y reproductiva y a difundir los derechos de las mujeres y niñas en materia de salud sexual y reproductiva.



Miles de activistas de todo el mundo se encuentran el día de hoy expresando su indignación frente a estas injusticias y exigiendo "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir".



Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales y tomar medidas que garanticen el acceso de mujeres y niñas a sus derechos, despenalizando el aborto y promoviendo planes de educación sexual y acceso a servicios de información y planificación familiar para todos y todas, haciendo realidad que todas las mujeres decidan de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación.



Información adicional



Los Estados de la región tienen el deber y la obligación de respetar y promover los derechos de las mujeres y niñas a la vida, a la integridad física; incluyendo protección contra todo tipo de violencia, a la salud, a la educación, a la información y a la no discriminación; conforme está establecido en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, en especial la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar a la Tortura.



Además, los Estados de la región tienen la responsabilidad principal de proteger, reconocer y respetar a quienes toman acción para hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres y niñas que se encuentran en la situación descrita anteriormente. Sus acciones son legítimas y en muchos casos fundamentales para quienes están apoyando. En este sentido, defensores y defensoras de derechos humanos deben gozar efectivamente de la posibilidad de hacer su trabajo sin temor a represalias, tal como lo afirma la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y se ha dicho repetidas veces en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

INFANCIA Convocando a niños para la igualdad de género

Por Melanie Haider

Niños y niñas juegan en la cocina de una escuela de El Salvador.

Crédito: Plan Internacional



NUEVA YORK, 22 sep (IPS) - Hermanos, esposos, novios y padres son actores clave en la creación de un mundo en el que niñas y adolescentes gocen de los mismos derechos que sus pares masculinos, subraya un nuevo informe de la organización en defensa de la infancia Plan Internacional.

El grupo trabaja en 50 países en desarrollo de África, América Latina y Asia para promover los derechos de niños y niñas y combatir la pobreza infantil.

El informe, divulgado este jueves, destaca la historia de Nixon Otieno Odoyo, un adolescente de Nairobi que ayudó a lanzar una campaña para asegurarles a sus compañeras de colegio toallas sanitarias gratuitas.

El padre de Odoyo abandonó el hogar cuando él tenía tres años. Su madre no tenía dinero para alimentar a sus hijos y su hermana dejó de estudiar en la escuela porque se casó a los 16 años y ahora cría a cuatro pequeños. Odoyo dijo que cuando comenzó la escuela había muchas niñas en la clase. Pero ahora que él tiene 16, quedan solo dos. Una pronto parirá un bebé, y podría no continuar sus estudios.

Él quería hacer algo, y por eso se unió al Teens' Watch Club, fundado por la Red Juvenil Daretti, que le da a alumnos de escuelas en toda Nairobi la oportunidad de discutir asuntos que les afectan directamente.

En esas charlas, las niñas le dijeron que no se sentían cómodas en la escuela cuando estaban menstruando y no podían concentrarse. No tenían dinero para comparar toallas higiénicas, y por tanto preferían perderse las clases.

Odoyo y otros miembros del club recolectaron 50.000 chelines kenianos y los usaron para comprar 1.000 paquetes de toallas sanitarias, que fueron entregadas a 500 niñas en 10 escuelas de los barrios pobres de Nairobi.

Sarah Hendriks, consejera mundial de género de Plan Internacional y una de las investigadoras que trabajó en el informe, dijo que la conclusión más importante era que "todos se podían beneficiar de la igualdad de género".

"Esto requiere de un cambio en el pensamiento. Hay que dejar de ver a los niños y a los hombres como parte del problema y verlos como parte de la solución", dijo a IPS.

"Los niños y los hombres son afectados por las nociones tradicionales de masculinidad", señaló, añadiendo que "las visiones estereotipadas y los roles de género rígidos podían robarle tanto a niñas como a niños la oportunidad de cumplir plenamente su potencial".

El informe propone un plan de acción de ocho pasos para los políticos, subrayando la importancia de lograr sensibilidad de género a una edad temprana, con iniciativas pre-escolares para promover la igualdad entre niñas y niños, y un plan escolar que ataque los estereotipos.

En El Salvador, por ejemplo, el Plan Internacional trabaja en un proyecto de dos años que involucra a 56 guarderías con políticas de género neutrales.

En la norteña ciudad salvadoreña de Cabañas, Samuel, de cuatro años, puede jugar libremente con muñecas así como con coches de plástico, y ya sabe colaborar en la cocina.

Plan Internacional y los maestros también intentan involucrar a los padres, hablando con ellos usando un "lenguaje no sexista", y cuestionando las expectativas tradicionales sobre el comportamiento de niñas y niños.

La organización colabora con el gobierno de El Salvador para cambiar el programa escolar y desarrollar una política nacional de género para la infancia.

El informe señala que uno de los principales problemas para transformar los rígidos conceptos de género y hacer que los hombres y los niños participen en la lucha por la igualdad es que las políticas públicas "refuerzan los estereotipos tradicionales".

La mayoría de las políticas sobre temas de género "no involucran a los hombres y niños como beneficiarios y como actores", agregó.

Investigadores realizaron entrevistas a 4.000 niños y adolescentes de entre 12 y 18 años y concluyeron que, en muchos países, familiares y educadores están "perpetuando las desigualdades por generaciones", incluso promoviendo la aceptación del abuso físico como norma cultural.

Por ejemplo, 65 por ciento de los consultados en India y Ruanda coincidieron total o parcialmente con la afirmación: "Una mujer debería tolerar la violencia para mantener unida a la familia".

Pero los investigadores también descubrieron que "los niños son más felices cuando ven a sus padres compartir las responsabilidades del hogar" y cuando "los padres cocinan y lavan la ropa, cuando ambos toman decisiones y la madre pasa tiempo fuera del hogar".

No obstante, más de 60 por ciento de las niñas y niños entrevistados en India coincidieron en que, "si los recursos son escasos, es mejor educar a un niño en vez de una niña".

En el prólogo del informe, el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) subraya que los hombres en particular tienen un papel fundamental para dejar atrás las ideas machistas.

"Llamo a todos los hombres y niños a que asuman la campaña por la igualdad y desafíen a los que se oponen a los derechos de las mujeres y a la igualdad", añadió.

"Las habilidades y las cualidades complementarias de hombres y mujeres son necesarias para afrontar los enormes desafíos que tenemos por delante. No será fácil, pero vamos a ganar con esos cambios. Las sociedades con mayor igualdad entre hombres y mujeres, niñas y niños, son más saludables, seguras, más prósperas y más verdaderamente democráticas", indicó.

R.D. CONGO Manteniendo la fe en la justicia

Por Emmanuel Chaco

El abogado defensor Nick Kaufman (izquierda) yCallixte Mbarushimana. Kaufman arguye que los fiscales no tienen evidencias contra su cliente.

Crédito: Cortesía CPI



KINSHASA, 26 sep (IPS) - Dentro de dos meses, activistas y sobrevivientes de la horrenda violencia en el este de la República Democrática del Congo (RDC) sabrán si Callixte Mbarushimana será juzgado por crímenes de guerra y contra la humanidad.

Mbarushimana es secretario ejecutivo de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), movimiento rebelde que operó en el este congoleño desde 2005.

La Fiscalía de la corte lo acusa de haber dirigido a los combatientes del FDLR para que cometieran asesinatos, torturas y violaciones a civiles en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, como estrategia para fortalecer el poder del movimiento en las negociaciones con el gobierno ruandés. Los jueces confirmarán o rechazarán cada una de las 11 acusaciones antes de fines de noviembre.

"Era el eje, el hombre que podía transformar los crímenes cometidos en Kivu en ventaja política en Ruanda", dijo a los magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, la fiscal adjunta Fatou
Historia de la audiencia

El 13 de este mes, justo antes de la audiencia de confirmación, el abogado de Mbarushimana, Nicholas Kaufman, solicitó a la CPI que desechara el caso por encontrarse fuera de jurisdicción, arguyendo que el gobierno de la RDC no había señalado claramente que consideraba la crisis en Kivu un asunto de relevancia para ser derivado al tribunal.



En agosto, la Cámara de Asuntos Preliminares había invitado a la RDC que enviara, para el 12 de este mes a más tardar, sus comentarios sobre las objeciones hechas por la defensa a la jurisdicción de la CPI. Pero Kinshasa no contestó.



Ghislain Monga Mabanga, abogado que representa a 63 de las 130 víctimas, sostuvo que el caso ya había sido derivado al tribunal el 3 de marzo de 2004, en una carta en la que el presidente congoleño Joseph Kabila expuso la situación en el país a la Fiscalía.



Numerosos reportes de la Organización de las Naciones Unidas, así como de diversos grupos de la sociedad civil, detallan atrocidades cometidas por el FDLR desde 1994, con millones de víctimas, incluyendo mujeres, niños y ancianos.



Bensouda, en la audiencia de confirmación de cargos el 16 de este mes.
Historia de la audiencia

El 13 de este mes, justo antes de la audiencia de confirmación, el abogado de Mbarushimana, Nicholas Kaufman, solicitó a la CPI que desechara el caso por encontrarse fuera de jurisdicción, arguyendo que el gobierno de la RDC no había señalado claramente que consideraba la crisis en Kivu un asunto de relevancia para ser derivado al tribunal.



En agosto, la Cámara de Asuntos Preliminares había invitado a la RDC que enviara, para el 12 de este mes a más tardar, sus comentarios sobre las objeciones hechas por la defensa a la jurisdicción de la CPI. Pero Kinshasa no contestó.



Ghislain Monga Mabanga, abogado que representa a 63 de las 130 víctimas, sostuvo que el caso ya había sido derivado al tribunal el 3 de marzo de 2004, en una carta en la que el presidente congoleño Joseph Kabila expuso la situación en el país a la Fiscalía.



Numerosos reportes de la Organización de las Naciones Unidas, así como de diversos grupos de la sociedad civil, detallan atrocidades cometidas por el FDLR desde 1994, con millones de víctimas, incluyendo mujeres, niños y ancianos.




"La audiencia da esperanza a miles de víctimas como yo", dijo Nestor Habamungu, profesor de geografía en el Instituto Mwanzo, de Bukavu, en Kivu del Sur.

"Durante una redada del FDLR en Walungu, Kivu del Sur, en febrero de 2005, mis padres fueron asesinados. Combatientes saquearon nuestra casa y quemaron la de nuestros vecinos con tres personas adentro. Yo sobreviví porque me estaba quedando con una familia amiga en una aldea cercana", contó.

"La apertura de esta audiencia fue un paso importante que permitirá hacer justicia a miles de víctimas de graves crímenes cometidos en la parte oriental de la RDC", dijo por su parte Armel Luhiriri Byamungu, coordinador en este país de la Coalición para la CPI, organización internacional de la sociedad civil que trabaja para apoyar y fortalecer el trabajo del tribunal.



Sobrevivientes impacientes

Pero mientras algunos celebran los progresos, otros se preocupan por la lentitud de los juicios. Marie Claire Mwilarhe, profesora en la comuna de Kalamu, en Kinshasha, dijo a IPS que su padre había sido asesinado a machetazos por combatientes del FDLR en Mwegerera, Kivu del Sur, en 2006.

Mwilarhe dijo que, basándose en el juicio de la CPI a Thomas Lubanga Dyilo, arrestado en 2006 y acusado de reclutar niños soldados en el noroeste del país, temía que el largo proceso del tribunal no lograra nada más que desalentar a las víctimas.

"El caso de Thomas Lubanga ha estado pendiente por años", dijo. Las acusaciones fueron confirmadas en enero de 2007, pero el juicio solo comenzó dos años después, y aún está en marcha.

Desiderata Boji, presidenta del grupo Mujeres en Solidaridad por la Paz y el Desarrollo, con sede en Kinshasa, añadió: "Hay muchas víctimas que han muerto mientras tanto sin haber recibido compensación. Su negligencia no alentará a otras víctimas a convertirse en parte civil en los casos ante la CPI o en los casos en el sistema judicial congoleño".



Participación civil obstaculizada

Un comunicado de prensa divulgado el 15 de este mes por la oficina en la RDC de la Coalición para la CPI admitió que había problemas con la participación de las víctimas en el proceso.

El comunicado indicaba que la decisión permitiendo a 130 sobrevivientes participar de la audiencia de confirmación de cargos contra Mbarushimana fue tomada apenas una semana antes de que comenzara en agosto, y que cientos de personas que habían hecho su solicitud quedaron fuera simplemente porque la Oficina del Fiscal y Registro de la CPI no pudo procesar los pedidos de 470 víctimas a tiempo.

Pero el abogado congoleño Maurice Kanyama es más condescendiente con el tribunal. "Más allá de las dificultades impuestas para acceder a las zonas donde se cometieron los crímenes, la limitada participación de víctimas en casos pendientes de la CPI no se debe a la lentitud de la corte", dijo a IPS.

"Principalmente, se debe a la debilidad interna de las organizaciones no gubernamentales que trabajan para identificar a las víctimas en el terreno", sostuvo.

"Las limitaciones de presupuesto ya no son una excusa, pues existe el Fondo de Víctimas, que cubre el costo de la participación y de la representación legal, provisto por los estados miembro (de la CPI) y otros donantes", añadió.

Políticas de la memoria. Ampliación del campo de los DDHH, memoria y perspectivas

Miércoles 28 de septiembre / 18.30 A 20 HS CONFERENCIA INAUGURAL Jueves 29, Viernes 30, Sábado 1º de octubre / 9.30 A 21 HS

Ejes temáticos:  1. Derechos humanos y mundo del trabajo.  2. Pueblos originarios. Reconocimiento de las culturas e igualdad de derechos.  3. Derechos humanos, género y diversidades.  4. Nuevas conceptualizaciones de los derechos humanos.  5. Movimiento de derechos humanos. Trayectoria y nuevos desafíos. Invitados: Monique Altschul, León Arslanian, Silvia Atzori, José Aylwin, Ricardo Brodsky, Silvia Chejter, Rosalía Cortés, Guido Croaxatto, Eduardo Luis Duhalde, Emiliano Galende, Elizabeth Jelin, Diana Lenton, Victoria Martínez, Enrique Mases, Héctor Palomino, Alvaro Rico, Fabiana Rousseaux, Rita Segato, Oscar Vilhena, Daniel Ximenez y Eugenio Zaffaroni.  Consejo asesor: Víctor Abramovich, Dora Barrancos, Victoria Basualdo, Guillermo David y María Sonderéguer.  Ver programación completa de mesas y paneles Miércoles 28: Ceremonia de entrega del Premio del Concurso de Diseño de Imagen del Seminario convocado en conjunto con el Fondo Nacional de las Artes.  Primer Premio: Alejandro M. Mora (Santa Fé)  Mención especial:  Marina Villelabeitia (Chubut)

GRECIA Crecen los medios sociales de información

Por Analisis de Apostolis Fotiadis

ATENAS, sep (IPS) - Un informe poco halagüeño sobre los medios de comunicación de Grecia, redactado por un enviado de Estados Unidos y revelado por Wikileaks, no generó una reacción negativa de la ciudadanía sino que, por el contrario, fue considerado una descripción fiel de la realidad.

Los medios están dirigidos por un "pequeño grupo de personas que hicieron o heredaron fortunas en la banca, las telecomunicaciones, los deportes, el petróleo, los seguros, etcétera. Y que tienen o tuvieron lazos de sangre, matrimoniales o por adulterio con políticos y funcionarios del gobierno y/o otros magnates", reza el cable enviado por Charles P. Ries desde Grecia a Washington.

Es difícil cuestionar la información pues los medios de comunicación griegos, que carecen de objetividad y están plagados de nepotismo, perdieron la confianza de la población. Tocaron fondo hace dos años cuando una encuesta de opinión reveló la desconfianza de la población.

Las ventas de las ediciones dominicales de los periódicos nacionales, otrora conocidas por sus análisis políticos agudos, cayeron de forma significativa.

Un periódico de gran circulación y que oficialmente vendió 300.000 ejemplares en 2005 experimentó una caída en las ventas a menos de 100.000 en mayo de 2010. Incluso cuando estalló la crisis de endeudamiento en Grecia nunca superó las 75.000 copias.

El punto de inflexión en el deterioro de la confianza fue en diciembre de 2008, cuando un canal de televisión privado puso efectos de sonido imágenes de una multitud enfurecida atacando policías, tras el asesinato de Alexis Grigoropoulos, de 16 años, por un oficial de la fuerza.

En la versión original, que se pudo ver enseguida después en el popular sitio de Internet para compartir vídeos de YouTube, solo se escuchaba el sonido del disparo.

"Es un hecho que los principales medios de comunicación pierden audiencia con rapidez", señaló Aggeliki Boubouka, periodista especializada en nuevos medios. "Y también que decenas de miles de personas recurren a Internet y a las nuevas tecnologías para enterarse de la realidad del país", añadió.

El impacto creciente de las redes sociales en Grecia se ve en cómo los "grandes periódicos, emisoras de radio y canales de televisión se esfuerzan por entender el nuevo ambiente", señaló Boubouka.

"Por primera vez, los grandes medios de comunicación se vieron obligados a cambiar su discurso cuando la gente empezó a hablar en las redes sociales de asuntos específicos como las disputas de 2008 y la primera ‘Flotilla de la Libertad’ el año pasado", dijo a IPS.

La propia Boubouka trabaja para "Eleftherotupia", una publicación progresista que dominó el periodismo por más de tres décadas en Grecia, pero que desde hace tres meses no paga los sueldos y corre el riesgo de cerrar.

"Dentro de poco, la realidad del sector será muy diferente y aparecerán nuevas formas de comunicación. Nadie puede decir cómo van a cambiar las cosas, pero la transformación ya preocupa a los poderes establecidos", añadió.

Canales de televisión como SKAI TV Y MEGA prueban desde principios de año interactuar en los programas de noticias a través de la red social Twitter.

SKAI Radio, la gran emisora de Grecia, prepara un blog. Muchos periodistas conocidos también crean sus propios sitios de análisis y noticias en Internet.

"TVXS", que apareció hace unos años, es uno de los sitios más exitosos que atrae a miles de lectores y "Protagon" creó uno para comentarios de celebridades. Ambos pertenecen a conocidos periodistas de televisión y ahora sufren la competencia de blogueros anónimos.

Periodistas jóvenes y sin oportunidades laborales por las malas condiciones de empleo también tratan de ampliar su audiencia en Internet. "Parallilografos" es un sitio que apareció hace unos meses y ahora tiene más de 3.000 visitas diarias.

En los últimos cuatro años se multiplicaron los propietarios de teléfonos inteligentes que cubren manifestaciones y otros acontecimientos e informan en vivo a través de Twitter desafiando a los grandes actores que se atreven a ignorar a la opinión pública.

"Ahora miles de personas revisarán las fuentes de información alternativas y los medios establecidos antes de formarse una opinión sobre los temas", indicó Spyros Papadopoulos, conocido como "To Vytio" entre los blogueros y fanáticos de Twitter.

El bloguero todavía recuerda el primer twit publicado sobre el asesinato de Grigoropoulos tres minutos después del disparo que dio muerte al adolescente.

Papadopoulos se unió a principios de este año a un grupo de blogueros y periodistas amateur, relacionados con la emisora Radiobubble de Internet, para cubrir grandes acontecimientos y ofrecer una cobertura con la participación de ciudadanos en vivo desde el terreno.

Una audiencia de más de 3.000 personas siguió la cobertura de Radio bubble durante las grandes huelgas y los días de enfrentamientos que hubo este año en Atenas.

Un informe que causó sensación fue la divulgación del documental "Deudocracia", que critica la política de austeridad del gobierno. El filme fue producido por Katerina Kitidi y Aris Xatzistefanou con un presupuesto de 21.900 dólares donados por el público.

"Cargamos la película en Internet y le pedimos a la gente que la difundiera. En unos días registramos 500.000 vistas en nuestra página", señaló Xatzistefanou, quien perdió su empleo en una gran emisora de radio tras la difusión del documental.

"Cuando su impacto se hizo obvio, los canales griegos de televisión lo ignoraron y los periódicos hicieron comentarios negativos. Creo que lo despreciaron por motivos políticos y porque es algo que no pueden controlar. Los medios de comunicación griegos suelen ser muy autoritarios", dijo a IPS.

"Deudocracia" tiene 1,5 millones de visitas en el sitio. Fue subtitulada en varios idiomas y difundida en Bélgica, España, Gran Bretaña y Portugal y hay planes para su distribución en América Latina.

"El papel de los medios griegos es diferente al que tuvieron en los países de la Primavera Árabe", sostuvo. "Aquí no luchamos por la libertad de expresión, sino contra la dominación de los medios de comunicación en los análisis y la interpretación de la realidad. Estamos por lograrlo", añadió Xatzistefanou. (FIN/2011)

CHINA Alerta ante casos de corrupción

Por Clarissa Sebag-Montefiore

BEIJING, sep (IPS) - Cuando este mes el activista Huaguoshan Zongshuji publicó un relevamiento de los relojes lujosos que usaban los funcionarios del gobierno chino, los medios de comunicación estatales elogiaron la iniciativa. Semanas después los materiales fueron censurados.

El gobierno lidera una campaña de alto perfil contra la corrupción en medio de una creciente frustración pública. Esto incluye el uso de la pena de muerte contra funcionarios que incurren en este tipo de delitos.

El mes pasado, el expresidente y el ex gerente general de la filial de China Mobile en Sichuan, fueron sentenciados a muerte con un aplazamiento de dos años por aceptar sobornos.

Pese a esto, China se ubica en el puesto 78 del índice de corrupción elaborado en 2010 por la organización Transparencia Internacional. Sobornos y otros delitos similares son prácticas generalizadas en las enormes corporaciones estatales del país. La falta de medios de comunicación libres o de tribunales independientes cimenta el camino para los abusos.

El gobierno busca demostrarle a una población cada vez más indignada que está abordando el tema de modo frontal, mientras protege con celo su credibilidad al no exponer la verdadera magnitud de la corrupción oficial, dijo Hu Xingdou, profesor de economía en el Instituto de Tecnología de Beijing.

"Por un lado, (el gobierno) tiene que mostrar los esfuerzos para combatir la corrupción" a fin de ganarse los corazones del pueblo, y "por otro, los dirigentes no quieren mostrarle a la gente que están perdiendo el control de la corrupción", dijo Hu a IPS.

"Si el gobierno no lucha radicalmente contra la corrupción, aumentará el descontento entre la población y eso pondrá en peligro al partido que está en el poder, causando agitación social a gran escala", añadió.

El asunto saltó al primer plano este mes, cuando el activista conocido como Huaguoshan Zongshuji, cuyo seudónimo significa "secretario general de la montaña de la flor y la fruta", publicó dos presentaciones elaboradas en el programa informático PowerPoint exhibiendo fotografías de funcionarios que usaban relojes lujosos, junto con la marca y el precio de cada modelo.

La agencia oficial de noticias Xinhua aplaudió el relevamiento, diciendo que "un simple reloj puede revelar la corrupción oculta de algunos funcionarios codiciosos". Pero desde entonces la presentación fue eliminada del sitio de microblogs Sina Weibo.

Entre los 94 funcionarios retratados figuraba Sheng Guangzu, nuevo ministro de Transporte Ferroviario que, en varias imágenes, usaba un Rolex y un Piaget, cada uno de los cuales cuesta más de 10.000 dólares, y un Omega valuado en poco menos de la mitad de ese precio.

Las fotos resultan particularmente problemáticas tras el choque de trenes de alta velocidad que en julio mató a 40 personas y planteó dudas sobre si funcionarios corruptos habían ganado dinero con el proyecto de infraestructura.

El exministro de Transporte Ferroviario, Liu Zhijun, fue arrestado bajo sospecha de haberse embolsado alrededor de 150 millones de dólares en sobornos a comienzos de este año, según medios oficiales, junto con el ex subjefe de ingenieros Zhang Shuguang.

Huaguoshan Zongshuji, quien pidió que no se publicara su nombre real, dijo a IPS que lo que lo inspiró para llevar a cabo el relevamiento fue ver a Sheng Guangzu usando un costoso reloj en una fotografía tomada después del accidente ferroviario.

"Investigué en Internet y así supe que usaba muchos relojes diferentes", relató.

"La primera presentación en PowerPoint fue descargada casi 5.000 veces en un mes; la segunda, unas 2.000 veces en pocos días. Al principio, los navegantes consideraron que eran motivo de entretenimiento. Pero a raíz de la censura, cada vez más personas sintieron curiosidad", dijo.

De este modo, el gobernante Partido Comunista se convirtió en el principal promotor de sus obras, sostuvo.

"Es obvio que el valor de algunos de los relojes que usan los funcionarios no es coherente con sus ingresos. Un funcionario reaccionó a mi relevamiento publicando un artículo en su periódico local en el que dijo haber comprado un reloj en un ‘free shop’ (comercio libre de impuestos). Pero todos sabemos que, aunque haya sido así, el precio no puede ser inferior a la mitad de lo que cuesta en China", afirmó Huaguoshan, de 33 años, quien es gerente de una empresa de programas informáticos en Shanghai.

Las imágenes que divulgó provocaron una oleada de respuestas de internautas, muchos de los cuales elogiaron los esfuerzos de Huaguoshan.

"Secretario Hua, gracias por brindar una plataforma para que nuestros usuarios expresen nuestra insatisfacción con los funcionarios corruptos", dijo un usuario de Weibo.

La "armonización" que promueve el Partido, con un término que a menudo usa para justificar las campañas contra los disidentes, "es en realidad tan fundamental que desaparecieron todas las copias del relevamiento", dijo otro bloguero en Weibo.

En los últimos años el gobierno creó una serie de leyes diseñadas para prevenir la corrupción, que incluyeron un reciente anuncio en cuanto a que para fin de año la Suprema Procuraduría Popular de China creará en Internet una base de datos de funcionarios que fueron condenados por sobornos, según Xinhua.

Pese a esas medidas, hay demanda de campañas de la sociedad civil. A comienzos de este año se crearon por lo menos ocho sitios web chinos imitando al popular sitio indio ipaidabribe.com ("yo pagué un soborno.com"). Los visitantes difunden las faltas de los funcionarios en foros públicos como ibribery.com y woxinghuile.info.

Según el periódico oficial China Daily, los sitios web fueron clausurados "por no estar registrados ante las autoridades".

Liao Ran, del departamento Asia-Pacífico de Transparencia Internacional, dijo a IPS que el motivo por el que el gobierno cierra esos sitios "es muy simple: quiere mantener un bajo perfil y tenerlo todo bajo control".

"China es una sociedad feudal donde se hace énfasis en el orden. (Las autoridades) no quieren la participación ciudadana. Simplemente no es parte de su vocabulario", añadió.

ESPAÑA Indignados calientan otoño preelectoral

Por Inés Benítez

Malagueños indignados.

Crédito: Inés Acosta/IPS



MÁLAGA, España, sep (IPS) - "Antes: obrero naval; después: mendigo", reza el cartel de un hombre con camisa impoluta que pide limosna cerca de una plaza en esta sureña ciudad española, en la que decenas de "indignados" gritan "¡La banca siempre gana y no me da la gana!" y "¡Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa!".

Cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales en España, el Movimiento 15 de Mayo (15M) pone el dedo en la llaga sobre los graves problemas que afronta el país, derivados de la crisis del mundo rico, y piensa que la democracia no consiste en votar cada cuatro años sino en un sistema abierto con fórmulas de participación directa de la ciudadanía en asuntos públicos.

La crisis económica llevó a que el desempleo ya afecte a cuatro millones de españoles, más de 20 por ciento de la población activa española, en su mayor parte jóvenes, mientras que miles no pueden hacer frente al pago de las hipotecas viéndose obligados a abandonar sus casas.

"Ha llegado el momento en el que la democracia debe ir más allá de los representantes políticos y abrirse a consultas y referendos para asuntos de importancia social", dijo a IPS Klaudia Álvarez, de 35 años y una de las portavoces de "Democracia Real Ya" (DRY), la plataforma que convocó la manifestación en la madrileña Puerta del Sol el 15 de mayo.

Desde esa fecha, que le dio nombre al movimiento también conocido como de indignados, se expandió a las calles de las principales ciudades del resto de España y más allá de sus fronteras.

Los indignados comenzaron a organizarse en redes sociales como Facebook y Twitter y a manifestarse espontáneamente contra un modelo económico que creen socialmente injusto y un sistema político en el que los partidos gobernantes están supeditados al poder económico.

"La ciudadanía debe poder hacer propuestas de ley, usar el voto electrónico, tal y como propone Democracia 4.0, o escribir en colaboración una Constitución como la wikiconstitucion de Islandia", agregó Álvarez.

Democracia 4.0 es una iniciativa planteada por el abogado Juan Ignacio Moreno Yagüe, quien propone el voto directo de los ciudadanos a través de Internet para todos aquellos asuntos que se discutan tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

En Málaga, una de las principales ciudades de la comunidad autónoma de Andalucía, los impulsores del 15M consiguieron que el parlamento regional recibiera una iniciativa legislativa popular (ILP), presentada el 31 de mayo y centrada en aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, explicó a IPS el abogado José Cosín.

Álvarez calificó de injusta la ley electoral en vigencia, por facilitar el bipartidismo, al tiempo que criticó la falta de transparencia de estas formaciones "porque no sólo pretendemos que se sepa el patrimonio de los políticos, sino cómo se financian los partidos".

Fabio Gándara, otro de los portavoces de DRY y abogado sin empleo, declaró a IPS que la ley Electoral "tergiversa la decisiones políticas de los españoles", porque "discrimina a los partidos pequeños y manipula la proporcionalidad favoreciendo que determinadas formaciones obtengan un número mayor de escaños".

La campaña para los comicios del 20 de noviembre comenzó oficialmente el lunes 26 y, según todas las encuestas, el opositor y centroderechista Partido Popular (PP) se proyecta como el posible ganador, con una distancia importante sobre el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, que ganó ampliamente el PP, ya estuvieron marcadas por las protestas del 15M. Según un estudio del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más de 20 por ciento de los votantes declaró que tuvo en cuenta esas movilizaciones a la hora de decidir en las urnas.

Jaime Ferri, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, dijo a IPS que el 15M "jugó a favor de muchas abstenciones". Describió a los indignados" como "gente progresista, próxima a los partidos de izquierdas, que quiere desprenderse de la tara de votar a los partidos mayoritarios".

Gándara, de 26 años, descartó que el 15M quiera influir en las elecciones pidiendo el voto en un sentido u otro, porque "nuestra relación con los partidos ha de limitarse a poner el dedo en la llaga en los problemas existentes y demandar soluciones para los mismos".

Empero, los sondeos previos indican que casi 80 por ciento de los consultados se declaran de acuerdo con las reivindicaciones de los indignados. Ello demuestra la "enorme" desconfianza de la ciudadanía hacia los dirigentes de los grandes partidos, destacó Álvarez, quien trabaja como profesora de Imagen y Sonido en la nororiental ciudad de Barcelona.

El 15M convocó para el 15 octubre una "protesta no violenta a escala global", en la que "personas de todo el mundo tomarán las calles y las plazas para reclamar sus derechos y pedir una auténtica democracia", según se anuncia en su página web http://www.15october.net.

"La gente se está organizando a través de las redes sociales en Internet y en la calle para caminar hacia un mundo donde no seamos mercancía en manos de políticos y banqueros", manifestó Álvarez, quien augura un otoño caliente de movilizaciones para demostrar que los ciudadanos "tienen algo que decir en la democracia más allá del show electoral".

Y es que para el 15M, "el proceso electoral constituye un rito vacío, algo así como un simulacro de auténtica participación política", declaró el catedrático Fernando Vallespín, de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, en una entrevista publicada este mes en la revista española Claves.

El 15 de octubre será, según Gándara, "el momento clave" previo a las elecciones generales, en el que los indignados aglutinarán en una protesta coordinada a nivel internacional "el descontento frente a las políticas que se están imponiendo en casi todo el planeta".

La presión del movimiento logró influir en el discurso de los partidos políticos, que incorporaron en sus programas algunas de sus reivindicaciones.

"Muchas de las demandas y propuestas expresadas por los indignados hace unos meses ya están en la arena política y son defendidas por diversos partidos y sectores importantes dentro de los mismos", valoró Gándara.

Sin embargo, Álvarez cree que se trata de una "treta electoralista", porque "la inclusión en los programas no garantiza su aplicación real y estamos habituados a que los políticos no cumplan sus promesas".

El gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero dio un giro radical a su política en mayo de 2010, forzado por la Unión Europea, para enfrentar el creciente endeudamiento y evitar así un rescate financiero de sus socios de la zona euro. El drástico ajuste tuvo éxito fiscal, pero a costa de abatir el gasto social e incrementar el desempleo.

"Los políticos españoles no gobiernan para los ciudadanos, sino en base a las presiones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE), para contentar a países como Estados Unidos o Alemania, o para calmar los ataques de pánico de los inversores extranjeros", reprochó Gándara.

Bajo lemas como "Gastos militares para escuelas y hospitales", cientos de "indignados" salieron a la calles en decenas de ciudades el domingo 18 para protestar por los recortes de los presupuestos destinados a servicios públicos.

DRY está preparando, informó Álvarez, el denominado Plan de Rescate Ciudadano, que "rompe con la absurda creencia de que la única salida a la crisis es seguir los dictados de la austeridad, los recortes y las privatizaciones" y propone alternativas como la reformulación del sistema fiscal, el control de la especulación y la lucha contra el fraude y paraísos fiscales.

"Se trata de un paquete de propuestas constructivas que esperamos anime a la ciudadanía a continuar reivindicando cambios esenciales en nuestra democracia", acotó Gándara.

"Tras las elecciones, gobierne quien gobierne continuaremos luchando por conseguir cada una de nuestras reivindicaciones", prometió Álvarez. (FIN/2011)

Human Rights Groups Urge Bush Torture Prosecution

Groups Follow Former U.S. President George W. Bush’s Path to Canada; Press Canadian Government to Prosecute Him for Torture

VANCOUVER - September 29 - Today, the New York-based Center for Constitutional Rights (CCR) and the Canadian Centre for International Justice (CCIJ) lodged a detailed and lengthy indictment setting forth the case against former U.S. president George W. Bush with the Attorney General of Canada, urging him to open a criminal investigation against Bush for his role in authorizing and overseeing his administration’s well-documented torture program. Bush will visit Surrey, British Columbia on October 20th, as a paid speaker at the Surrey Regional Economic Summit at the invitation of Surrey Mayor Diane Watts.

Earlier this year, CCR, supported by CCIJ and more than 60 international human rights organizations, called on Swiss authorities to prosecute Bush for torture based on his own admission that he authorized torture and the plethora of evidence in the public domain setting out his role in the U.S. torture program. However, Bush canceled his February trip to Switzerland at the last minute, a move that many speculated was motivated by fear of arrest.

“George Bush has openly admitted that he approved the use of torture against men held in U.S. custody,” said Katherine Gallagher, Senior Staff Attorney at CCR. “Despite this admission, no country has been willing to investigate and prosecute Bush’s criminal acts, leaving the victims of his torture policies without any justice or accountability. Canada is a signatory to the Convention Against Torture, and has an obligation to investigate Bush for his leadership role in the U.S. torture program. Torturers – even if they are former presidents of the United States – must be held to account and prosecuted. We urge Canada to put an end to impunity for Bush.”

“Canada has a strong legal framework and there is absolutely no ambiguity in our criminal code when it comes to committing or allowing torture,” said Matt Eisenbrandt, Legal Director of CCIJ. “There is grave evidence that former President Bush sanctioned and authorized acts of torture, not only in violation of Canadian laws, but also of international treaties that Canada has ratified. It is therefore clear that our government has both the jurisdiction and the obligation to prosecute Bush should he set foot again on Canadian territory.”

According to the indictment submitted to the Attorney General for his action, former President Bush bears individual and command responsibility for the acts of his subordinates, which he ordered, authorized, condoned, or otherwise aided and abetted, as well as for violations committed by his subordinates, which he failed to prevent or punish. In particular, Bush is alleged to have authorized or overseen enforced disappearance and secret detention, exposure to extreme temperatures, sleep deprivation, punching, kicking, isolation in “coffin” cells for prolonged periods, threats of bad treatment, solitary confinement, and forced nudity.

One hundred and forty-seven countries, including Canada and the United States, are party to the United Nations Convention Against Torture (CAT), meaning that those countries have committed to promptly investigate, prosecute, and punish torturers. While the U.S. has thus far failed to comply with its obligations under the CAT, all other signatories are similarly obligated to prosecute or extradite for prosecution anyone present in their territory who they reasonably believe has committed torture. If the evidence warrants, as the Bush indictment contends it does, and if the U.S. fails to request that Bush be extradited to face charges of torture, Canada must, under law, prosecute him for torture.

The indictment prepared by CCR and CCIJ, along with more than 4,000 pages of supporting materials, are available at: http://ccrjustice.org/ourcases/current-cases/bush-torture-indictment.


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The Canadian Centre for International Justice works with survivors of genocide, torture and other atrocities to seek redress and bring perpetrators to justice. The CCIJ seeks to ensure that individuals present in Canada who are accused of responsibility for serious human rights violations are held accountable and their victims recognized, supported and compensated. For more information visit www.ccij.ca

The Center for Constitutional Rights is dedicated to advancing and protecting the rights guaranteed by the United States Constitution and the Universal Declaration of Human Rights. Founded in 1966 by attorneys who represented civil rights movements in the South, CCR is a non-profit legal and educational organization committed to the creative use of law as a positive force for social change.

Amnesty International Calls for Global “Day of Remembrance” to Mark Troy Davis Funeral Sat., Oct. 1

Organization Reports A Surge in New Anti-Death Penalty Activists Outraged Over Davis Execution

Contact: Suzanne Trimel, 212-633-4150, strimel@aiusa.org

(Savannah, Ga.) –Amnesty International is urging supporters worldwide who are outraged over the execution of Troy Davis to observe Saturday, October 1 – the day of his funeral -- as a “Day of Remembrance.” The organization said it has seen an unprecedented outpouring of new support for its campaign to end the death penalty in the aftermath of the execution.

Amnesty International said over the days since the Sept. 21 execution, 105,000 people had signed its online pledge, “Not in my name,” committing themselves to work to abolish the death penalty. The pledge was posted in the early hours after the execution in Georgia. “On Saturday, we will honor human rights and remember the life of Troy Davis,” said Larry Cox, executive director, Amnesty International USA, who will speak at the funeral in Savannah. “We will acknowledge our sadness, along with our anger. And we will renew our commitment to this cause. This case may well be a watershed in the campaign to end the death penalty. We encourage everyone who is outraged by this execution -- whether they became aware of Troy Davis for the first time last week or have been a supporter in our fight for years -- not to forget. This is what Troy wanted – for us to keep up this fight. We will do so with a new determination to end the death penalty. This will be Troy Davis’ legacy.”

The Troy Davis “Celebration of Life” service is set for 11 a.m. October 1 at Jonesville Baptist Church, 5201 Montgomery Street in Savannah. The public is invited. No video or still cameras will be allowed inside the church.

Amnesty International is asking supporters who will not attend the funeral to observe a “Day of Remembrance” by wearing “I am Troy Davis” t-shirts or black armbands with “Not in my name” written on it on Saturday and to change their Facebook profile picture to the “I am Troy Davis” image: www.amnestyusa.org

The organization said tens of thousands of people joined protests it organized around the world –more than 100 events in the United States alone. Demonstrations took place in New York, Washington, San Francisco, Chicago, Atlanta, at the prison in Jackson, Ga. where 800 people gathered on the night of the execution, and outside U.S. embassies in Europe, including London and Paris, into the early morning hours Thursday.

On the day Troy Davis was executed, the Amnesty International USA website counted nearly one million “hits” – a surge unlike any in recent memory. Traffic to the organization’s Facebook page more than doubled. Since then, 170,000 new supporters have signed on to the organization’s abolition campaign list. Last Friday evening, 1,000 activists from across the country participated in a call to hear Cox and death penalty campaigners discuss the Davis case and learn about ongoing campaign work.

“We could not ultimately stop Georgia’s machinery of death in this case, but the groundswell of activism Troy Davis has generated proves that people were sickened by a criminal justice system that disregards the possibility of mistakes, errors and doubts,” said Laura Moye, director of AIUSA’s Death Penalty Abolition Campaign. “People did not leave the various protests despondent. They were transformed and renewed and are stepping forward to do more to end the callous system that has demonstrated it has no business taking human life.”

Amnesty International, the NAACP and other organizations delivered one million petition signatures calling for clemency for Troy Davis. The campaign to spare his life won support from diverse corners of the world and across the political spectrum, attracting notables including former President Jimmy Carter, Pope Benedict XVI, former Georgia Congressman Bob Barr, former FBI Director William Sessions, R.E.M., John Legend, Big Boi, and Mia Farrow, among many others.

Amnesty International initially brought worldwide attention to the injustice of the Davis case through its 2007 report “Where is the Justice for Me?”

Amnesty International is a Nobel Peace Prize-winning grassroots activist organization with more than 2.8 million supporters, activists and volunteers in more than 150 countries campaigning for human rights worldwide. The organization investigates and exposes abuses, educates and mobilizes the public, and works to protect people wherever justice, freedom, truth and dignity are denied.

Egypt must suspend security forces involved in ‘torture’ video

The Egyptian authorities should suspend members of the army and the security forces responsible for abusing detainees, Amnesty International said today after a video was published showing officers beating and torturing detainees.

The video, which was allegedly filmed at a police station in the El-Daqahliya governorate north of Cairo and published on YouTube, shows three handcuffed men in a room surrounded by uniformed army and police officers. Officers laugh and mock two of the detainees while repeatedly beating and giving them electric shocks with tasers.

“Judging by this deeply unsettling video, suspects are still being subjected to torture and other ill-treatment in Egypt, despite the security forces’ official pledge to uphold human rights,” said Amnesty International.

A statement published on the website of the Egyptian police confirmed the identities of the two detainees and said they were illegal weapon dealers. According to the statement, the two men were arrested in July during a security raid.

Mohammed Tantawi, head of Egypt’s ruling military council has ordered an investigation into the incident, according to Egypt’s state news agency Middle East News Agency (MENA).

“Unfortunately, this is an all too familiar a pattern: An investigation is announced, but it is not transparent and the results are never made public. Now the authorities must match their words with direct and immediate action,” said Amnesty International.

“For such an investigation to be credible it must be independent and transparent with its outcome made public and those found responsible for abuse prosecuted”, the organization said.

“Short of this, the investigation would appear another way to deflate criticism of the abuses committed by the security forces ahead of tomorrow’s demonstrations”.

Lithuania Must Re-open Secret Prison Investigation Since Authorities Admitted to Hosting Sites

Human rights organization provides additional information on Lithuanian involvement in renditions operations.

Contact: AIUSA media relations, 202-509-8194

(Washington, D.C.) -- Amnesty International said today that Lithuania must immediately reinstate the criminal investigation into its involvement in the U.S.-led rendition and secret detention programs, documents developments since the authorities admitted that Lithuania hosted two secret Central Intelligence Agency (CIA) detention facilities between 2002 and 2006.

In its new report released today,“Unlock the Truth in Lithuania: Investigate Secret Prisons Now,” the human rights organization provides information on Lithuanian involvement in rendition operations and suggests new critical lines of inquiry that must be pursued, including allegations that Abu Zubaydah, currently detained at Guantanamo Bay, had been held in a CIA black site in Lithuania.

Citing the need to protect state secrets, the Lithuanian Prosecutor General closed the criminal investigation into secret CIA detention sites on Lithuanian territory in January 2011 without making any information regarding the investigation public.

“The Lithuanian authorities should not hide behind the blanket claim of ‘state secrecy’ to prevent allegations of disappearance and torture from being properly investigated,” said Julia Hall, Amnesty International’s expert on counterterrorism and human rights in Europe. “No one has been held accountable for helping the United States to construct these secret sites or for any violations that may have occurred in them. The Lithuanian authorities must reopen their investigation into these operations, including the activities of U.S. officials, and hold accountable those responsible for complicity in all abuses that have taken place.”

Amnesty International is also calling for Lithuania to investigate links to Poland and Romania, where other secret CIA prisons are alleged to have been established. Lithuania was the first country in Europe to admit that it hosted two secret prisons and its officials collaborated with U.S. intelligence agencies, following a parliamentary inquiry in December 2009.

As part of the U.S.-led program, from late 2001 until 2006, a number of individuals were illegally detained and transferred to secret facilities in third countries where many of them were beaten, deprived of sleep and food and otherwise ill-treated. Some so-called “high value” detainees were subjected to waterboarding.

Governments ignored their international obligations, state officials broke the law,” said Hall.“As a result, people suffered – suspects were snatched from the streets of towns and villages and were tortured with impunity, while their families were left clueless about their fate.

“While the Lithuanian government stands alone as having publicly acknowledged that it permitted the CIA to establish secret prisons on its territory, it remains solidly in the pack of European states that have failed miserably at investigating - and holding any state official accountable for - the human rights violations that are known to have occurred in such sites,” added Hall.

In face of the refusal so far by the Prosecutor General to re-open the investigation, non-governmental organizations are finding ways to seek additional information from a range of Lithuanian government agencies and other sources regarding state officials’ and agencies’ cooperation with the CIA between 2002 and 2006.

Non-governmental organizations such as Amnesty International, the Vilnius-based Human Rights Monitoring Institute, and the London-based Reprieve and Interights have uncovered new data about rendition flights and related links between landings in Lithuania and other European countries.

Amnesty International challenges the Lithuanian authorities to investigate, in particular:

· The allegations that Abu Zubaydah had been held in Lithuania, including a February 2005 flight from Morocco to Vilnius uncovered by London-based NGO Reprieve.

· Aircraft landings in Lithuania in September 2004 and July 2005 which may have been part of the U.S.-led rendition and secret detention program.

· Links between aircraft landings in Lithuania and a number of other European countries, including Poland.

“There is enough information in the public domain to make it imperative for the criminal investigation to be re-opened,” said Hall. “The Lithuanian authorities hold the key to unlocking the whole truth about their country’s role in the rendition and secret detention programs.”

Amnesty International is a Nobel Peace Prize-winning grassroots activist organization with more than 3 million supporters, activists and volunteers in more than 150 countries campaigning for human rights worldwide. The organization investigates and exposes abuses, educates and mobilizes the public and works to protect people wherever justice, freedom and dignity are denied.


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For a copy of the report, “Unlock the Truth in Lithuania: Investigate Secret Prisons Now,” or for more information, please contact the AIUSA media office or visit www.amnestyusa.org

Amnesty International Condemns Guilty Verdicts and Heavy Prison Sentences Against Doctors and Health Professionals in Bahrain

Contact: Suzanne Trimel, 212-633-4150, strimel@aiusa.org

(New York) – Amnesty International today condemned guilty verdicts and prison sentences against doctors and health professionals in Bahrain, saying the charges that they attempted to topple the government during protests earlier this year were “ludicrous.” The organization said the real reason they were tried was because they denounced the government’s savage crackdown on protesters in interviews with journalists.

At a seven-minute court session, the president of the military-run National Safety Court of First Instance read the names of the 20 defendants, announced guilty verdicts and imposed prison sentences of up to 15 years.

“These are simply ludicrous charges against civilian professionals who were working to save lives amid very trying circumstances,” said Philip Luther, deputy director of Amnesty International’s Middle East and North Africa Program. “It appears that the real reason for targeting these health workers was the fact that they denounced the government crackdown on protesters in interviews to international media.”

“We’ve repeatedly said that Bahraini authorities should never have used military courts to prosecute ordinary civilians, including doctors, teachers and human rights activists.”

Bahraini authorities accused the group of using Manama’s Salamaniya Medical Complex, where they worked, as a “control center” for pro-reform protests at the nearby GCC Roundabout (formerly Pearl Roundabout), in February and March. The defendants deny all the charges, which include incitement to hatred of the regime, occupying the hospital by force, stealing medicines and stockpiling arms at the hospital.

Today’s court session was attended by several lawyers for the medics, as well as observers from foreign embassies and Bahraini human rights NGOs. The defendants, who were previously released on bail, and their families were not present to hear the verdict.

A lawyer for the health workers has said the group will appeal the verdict next Sunday before the High Court of Appeal, in Bahrain’s civilian justice system.

Other military trials in Bahrain this week have upheld guilty verdicts and harsh jail terms – including life sentences – for human rights activists and teachers on charges related to the protests earlier this year.

“The ruling government clearly wants to send a message that anybody perceived as advocating political reforms will be dealt with severely,” said Luther.

Amnesty International is a Nobel Peace Prize-winning grassroots activist organization with more than 2.8 million supporters, activists and volunteers in more than 150 countries campaigning for human rights worldwide. The organization investigates and exposes abuses, educates and mobilizes the public, and works to protect people wherever justice, freedom, truth and dignity are denied.

“Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: el rol de las fuerzas de seguridad y la justicia en las sociedades post-genocidas y dictatoriales”

Tres valores fundamentales como son los derechos humanos como primera garantía; la seguridad, ligada inmediatamente a éstos y la democracia, la doctrina que avala estos méritos, son los temas a desarrollar en esta ponencia auspiciada por la Fundación Luisa Hairabedian y el Centro para el Estudio y la Investigación del Holocausto.

Esta conferencia sobre seguridad democrática y el rol de las fuerzas de seguridad y la justicia en las sociedades que han sufrido procesos genocidas y dictatoriales estará a cargo de entendidos como los académicos el Dr León Arslanian (abogado, exministro de Seguridad e integrante del Tribunal que enjuició a las juntas militares en 1985), el Juez Dr R. Eugenio Zaffaroni (Juez de  la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y el Dr Daniel Eduardo Rafecas (Juez Federal de la Nación); coordinará el Profesor de Sociología del Holocausto, el Dr Fernando Susini.

El tema central a tratar durante la jornada son justamente los procesos de violación sistemática a los derechos humanos, la transición a la democracia  y su actual relación con las fuerzas de seguridad en sociedades afectadas por genocidios y dictaduras.

Ha sido la Argentina el primer país en reconocer jurídicamente el genocidio cometido por Turquía hacia el pueblo armenio a través del Juicio por la Verdad. Es justamente a través de este reconocimiento que queda expuesto cómo cada sociedad trata los procesos genocidas y cómo la Argentina supo ponerse como vanguardia a nivel internacional en lo que refiere a la defensa y promoción de los derechos humanos con eje en políticas definidas en torno al juzgamiento de crímenes del pasado.

El Terrorismo de Estado no suele ser considerado  como problema de seguridad y es así como se contribuye a que las fuerzas policiales sean percibidas como negativas. Es la labor de la Universidad aportar al discurso político y no debe estar ausente el debate público al respecto de la seguridad y la falta de ella con sus garantías; así es como queda delegado este campo al área mediática de comunicación donde pueden surgir discursos reaccionarios propios del Estado Policial y no del Estado Constitucional de Derecho.

Esto tendrá lugar el martes 11 de octubre a las 18:30hs en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.