Por Cam McGrath
Presos por protestar.
Crédito: Mohammed Omer/IPS
EL CAIRO, 31 ago (IPS) - El juicio que afrontó Amr el-Beheiry en un tribunal castrense demoró apenas cinco minutos. El hombre de 33 años fue condenado, sin abogado que lo defendiera, acusado de romper el toque de queda y agredir a un oficial de la policía durante la revuelta popular de comienzos de año en la capital de Egipto.
El-Beheiry, detenido el 26 de febrero y sentenciado a cinco años de prisión, es uno de los miles de civiles procesados por la justicia militar desde que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) asumió el poder ese mes tras el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak.
Los tribunales especiales, que reúnen a decenas de imputados ante un juez militar, suelen actuar con celeridad y dictar condenas severas. Los acusados no suelen contar con abogado defensor ni pueden apelar el veredicto.
Mubarak solía recurrir a juicios sumarios, intrínsecamente injustos, contra ciudadanos que cuestionaban su régimen: islamistas, trabajadores desconformes y opositores políticos.
"Los tribunales militares son una herramienta para el CSFA", señaló el abogado Ahmed Ragheb, director ejecutivo del Centro de Derecho Hisham Mubarak. "Recurren a ellos porque los pueden controlar mejor que los civiles, que tienen jueces independientes y se atienen a la legislación", apuntó.
Más de 12.000 egipcios fueron condenados por tribunales castrenses en los últimos seis meses, indicó Ragheb. En los 30 años que duró el régimen de Mubarak fueron procesados menos de 2.000.
"Lamentablemente, los juicios militares se volvieron norma y los civiles la excepción", dijo Ragheb a IPS.
Los activistas que han visto cómo sus compañeros han sido procesados por tribunales militares por lo que tildan de cargos falsos de agresión, sostienen que el mensaje de esa práctica es que no se tolerarán críticas contra el régimen actual.
Desde la caída de Mubarak, los activistas reclaman acelerar el ritmo de las reformas y acusan al CSFA de tratar de proteger sus propios intereses así como a los miembros del régimen anterior. También sostienen que el consejo militar trató de desacreditar la revuelta tildando a los manifestantes de matones y de agentes extranjeros.
Varias mujeres, detenidas en marzo, fueron obligadas a someterse a "chequeos de virginidad" y amenazadas con acusarlas de prostitución.
"Nos quieren golpear y humillarnos para que la gente tenga miedo de ir a las manifestaciones", señaló Eman Hussein, de 23 años, cuyos padres trataron de impedirle que participara en las protestas.
Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre los reiterados abusos que sufren civiles en cárceles militares. Varias personas que estuvieron presas declararon en conferencia de prensa haber sido sometidas a golpizas y humillaciones como permanecer de pie desnudas frente a otros detenidos.
"Es muy humillante estar parado desnudo frente a 180 personas", señaló Mohammad Soliman, liberado tras casi dos meses detenido en una prisión militar.
El CSFA reconoció el derecho a un juicio justo consagrado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero defendió los juicios militares debido al aumento de la delincuencia que acompañó la revuelta popular contra el régimen de Mubarak.
Además insistió que sólo casos de "vandalismo" con armas, violación o agresión de personal militar habían sido derivados a tribunales castrenses.
"Ningún civil debería ser juzgado por la justicia militar", declaró a la prensa el general Mamdouh Shaheen, miembro de CSFA. "Pero en esta situación de emergencia, los tribunales castrenses tomaron el lugar de los civiles hasta que puedan trabajar", explicó.
La seguridad mejoró y los tribunales civiles pueden hacerse cargo del aumento de casos, sostuvo el abogado Adel Ramadan, de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. Todos los ciudadanos, aun los que delinquen, tienen derecho a un juicio justo. Las personas juzgadas por militares deben ser liberadas o procesadas por la justicia civil, añadió.
A Ramadan también le preocupa lo que considera un sistema de justicia alterado. Mientras hay civiles procesados por la justicia militar, Mubarak y sus oficiales responsables de la seguridad son juzgados por tribunales civiles por matar casi a 850 manifestantes durante el estallido popular de principios de año.
"Existe la idea de que los juicios justos son sólo para unos privilegiados", indicó Ramadan.
El CSFA no hizo mucho por disipar esa impresión. La justicia militar sigue actuando en casos que van desde delitos menores hasta violentos y dicta sentencias de seis meses hasta 25 años de prisión. Por lo menos decenas de personas, entre ellas menores de edad, fueron condenadas a muerte.
Es raro que se cambie una condena, pero a veces pasa.
A principios de este mes, el CSFA perdonó al bloguero Loai Nagati, detenido mientras registraba enfrentamientos entre la policía y los manifestantes el 28 de junio en El Cairo, y a la activista Asmaa Mahfouz, acusada de incitar a la gente contra el consejo militar en su cuenta de la red social Twitter.
Tras una protesta masiva, los activistas fueron liberados para tratar de calmar los ánimos.
El consejo militar calculó su respuesta al liberar a varios activistas conocidos mientras no se apiada de los miles de detenidos pobres y sin asistencia legal, señaló la coordinadora de la campaña "No más juicios militares", Mona Seif.
"Los únicos casos en los que el ejército liberó civiles detenidos o prometió repetir el juicio fueron los que tuvieron una intensa presión mediática", indicó. "Las campañas de las redes sociales ayudaron a liberar a unos pocos activistas políticos, pero ahora tratamos de concentrar la atención en los miles de ciudadanos que siguen en prisión y que no pertenecen a ninguno de esos ámbitos", añadió. (FIN/2011)
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