Jueza del caso por genocidio a Ríos Montt rechaza la recusación de la defensa

El recurso había sido presentado por el abogado Marco Antonio Cornejo, defensor de Ríos Montt, gobernante de facto entre 1982 y 1983.

Cornejo alegó que el pasado día 18, en el inicio del juicio, se violaron los derechos de su cliente cuando la jueza le dejó sin abogado por la expulsión de Francisco García, quien había sido contratado por el exdictador como su nuevo defensor.

Sin embargo, Barrios rechazó la acción planteada al afirmar que "nosotros somos jueces imparciales" y añadir que se garantizan el debido proceso y el Estado de derecho en Guatemala.

"No es válido crear situaciones para evitar que se administre la justicia", dijo la jueza, y decidió mantenerse al frente de este histórico juicio en Guatemala.

Hoy, el tribunal sigue escuchando los relatos de supervivientes de las matanzas que se atribuyen al ejército guatemalteco durante el régimen que encabezó Ríos Montt.

El indígena Clemente Vásquez declaró que los soldados llegaron a sus comunidades, violaron a mujeres y les hicieron mucho daño, aunque aclaró que no presenció los hechos.

Magdalena Marcos de León, a través de un intérprete, dijo que los soldados dieron muerte a su esposo, Pedro Chávez, y luego quemaron su casa con todos los granos básicos que tenía en 1982 en una comunidad de Nebaj, en el departamento noroccidental de Quiché.

Desde que comenzó el juicio, el tribunal ha escuchado el testimonio de medio centenar de supervivientes de las matanzas en el denominado Triángulo Ixil (Quiché), de los casi 150 propuestos para declarar, que incluyen peritos de la defensa de los exgenerales.

Tras recibir la declaración de al menos otros ocho testigos, se declarará un receso por la celebración de la Semana Santa, y el juicio se reanudará el próximo lunes.

Ríos Montt y Rodríguez son juzgados en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia como supuestos autores intelectuales por el asesinato de 1.771 indígenas de la etnia ixil en Quiché entre 1982 y 1983.

COMIENZA 15 DE ABRIL NUEVO JUICIO POR DELITOS LESA HUMANIDAD

El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín fijó para el 15 de abril el comienzo de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción de Campo de Mayo.

Los jueces Alfredo Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Marcelo Díaz Cabral fijaron el inicio de la audiencia de debate en la causa caratulada "Buitrago, Sergio y otros" para ese día a las 10 en la calle Pueyrredón 3734, del partido de San Martín.

En la causa están imputados Sergio Buitrago, Servando Ortega, Juan Fernando Meneghini y el ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, todos por delitos cometidos durante la dictadura cívico militar en perjuicio de 31 víctimas.

Los casos a investigar corresponden a desprendimientos de la causa que se tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín, Secretaría "ad-hoc", bajo el número 4012.

Campo de Mayo fue uno de los más grandes centros de torturas y exterminio que funcionó en el conurbano bonaerense durante la última dictadura cívico militar con 5.000 hectáreas y allí funcionó una maternidad clandestina y tres lugares de alojamiento de secuestrados.

Se calcula que por los tres centros clandestinos que había en el lugar pasaron unas 4.000 víctimas de las cuales sobrevivió sólo un diez por ciento.

A esa guarnición eran llevados secuestrados de la zona 4 del Ejército que abarcaba San Miguel, Vicente López, Tres de Febrero, Pilar, Escobar, Tigre, San Fernando, General San Martín, Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana y San Isidro.

Desde el 2008 se realizaron 75 juicios orales de lesa humanidad

La cifra a nivel nacional surge de un informe preparado por una unidad de investigación de la Corte Suprema

Según un informe dado a conocer por el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema, desde el 2008 hasta el momento se realizaron en Argentina 75 juicios orales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Los datos surgen de un informe elaborado por la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, dependencia creada por la Corte, en el que se detalla que en la actualidad se llevan a cabo otros diez debates y dos juicios tienen fecha de inicio fijada.

El documento destaca por otro lado, que frente a las falencias advertidas en la tramitación de las causas anteriores a la creación de la Unidad, la corte estableció el mecanismo para la integración de los tribunales federales, y dispuso que la Cámara Federal de Casación implemente la decisión.

La decisión de reasignar causas para agilizar los procesos luego se replicó en otras jurisdicciones y se pudieron celebrar juicios orales que a esa altura registraban ciertas demoras, afirma el documento.

Según detalla la investigación, en 2008 se realizaron 6 juicios orales. En tanto, en 2009 fueron 12; en 2010, 16; en 2011, 17; en el 2012, 21, y en lo que va de 2013, 3. “Existen además 10 debates en trámite y tres juicios ya tienen fecha fijada para este”, indica el informe.

El primer desaparecido de Bahía

Los restos de Daniel Bombara, el primer desaparecido por el terrorismo de Estado en Bahía Blanca, descansarán desde hoy en la parroquia de la Santa Cruz. Militante de la Juventud Universitaria Católica y luego de la Juventud Peronista, Bombara fue secuestrado a fines de 1975 y torturado hasta la muerte por militares y policías bajo el mando del general Jorge Olivera Róvere. Para encubrir el crimen trasladaron el cuerpo a 700 kilómetros, lo quemaron, e inventaron una fábula que difundió La Nueva Provincia, diario que la Justicia investiga por su “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra”, según el tribunal que condenó al primer grupo de represores bahienses. En 2011, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Bombara en una tumba sin nombre de un cementerio de Merlo.

“Viví durante 12.953 días en estado de incertidumbre”, resumió entonces su hija Paula. “Lo iré desdesapareciendo con mi amor y el de mi mundo de afectos”, dijo. Por decisión de Paula y de Andrea Fasani, la esposa de Daniel, sus cenizas serán enterradas hoy en la iglesia de la Santa Cruz. El homenaje, que incluirá una misa del padre Carlos Saracini, es a las 19 horas en la parroquia de los pasionistas, en Urquiza y Estados Unidos.

Bombara estudió en el colegio Don Bosco y siguió el Profesorado de Psicología en el instituto Juan XXIII, de los salesianos. Presidió el Grupo Misionero Bahiense, militó en la Juventud Universitaria Peronista y en el frente barrial de la JP en Villa Nocito. En 1970, los servicios tomaron nota del militante de 19 años que al frente de una asamblea repudió a dos marinos que le sacaron el micrófono de las manos al sacerdote Duilio Biancucci mientras leía una carta de otro religioso para desmentir acusaciones de subversión y comunismo. Los estudiantes del Juan XXIII, en un comunicado que firmó Bombara, se solidarizaron con el cura y “con la doctrina social de la Iglesia, que sin fanatismos ni compromisos dudosos realiza, a pesar de ciertos opositores, su auténtico compromiso evangélico”.

La directora del diario bahiense, Diana Julio de Massot, ya pedía sin reparos “que alejen de las filas del clero a esos falsos profetas que difunden su nefasta prédica desde los propios seminarios, universidades, movimientos y grupos católicos”. Los grupos locales enfrentaban a La Nueva Provincia: “Se oponen sistemáticamente a toda manifestación en pro de la justicia social y emplean para ello todos los recursos, incluso aquellos que nos atrevemos a considerar inmorales”, advertían a fines de 1970.

Los años siguientes fueron para los jóvenes cristianos de intensa militancia e incluyeron atropellos policiales en casas parroquiales y allanamientos y atentados de grupos anticomunistas contra pensionados católicos. Después de la primavera camporista llegó la violencia política a gran escala, el pase a la clandestinidad de Montoneros y el aumento de la represión paraestatal. En Bahía Blanca se combinó con los crímenes de las patotas sindicales que respondían al diputado Rodolfo Ponce y luego al rumano Remus Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur y columnista del diario de los Massot.

El 15 de diciembre de 1975, a diez cuadras del Cuerpo 5 de Ejército, Montoneros emboscó a una camioneta militar para conseguir armas. En el operativo murieron el cabo primero Bruno Rojas y el soldado René Papini, que intentaron repeler el ataque. Dos de los cuatro conscriptos que viajaban en la caja declararon ante el juzgado militar que los hicieron bajar y les dijeron “la cosa no es con ustedes, a la cabina le tiramos porque empezaron a tirar”. Los otros dos admitieron que salieron corriendo. Dos semanas después, mientras todas las fuerzas patrullaban la ciudad, militantes de la JP salieron a los barrios a repartir volantes en los que reivindicaban la obtención de “las armas del ejército represor”.

A las 6.15, según el acta sin firmas que la policía bonaerense elevó a Olivera Róvere, “personal policial” detuvo “sin resistencia” a dos mujeres y a Bombara, que se trasladaba en su Aurorita roja. “Me suben a un patrullero y nos vendan, a mí con un pañuelo de seda que llevaba en la cabeza y que años después quemé”, recordó treinta años después Laura Manzo. El primer interrogatorio fue en la Unidad Regional 5 de policía. “Horas después nos sacan y nos llevan a un lugar apartado, abierto, sin casas, con mucha tierra. Lo recuerdo porque en un momento se me cayó la venda y vi el horizonte”, describió. “Me arrancan la campera y nos hacen desnudar, siempre vendados, y empiezan las torturas. Me atan al elástico de una cama con correas de cuero, de pies y manos, y nos pasan la picana por todo el cuerpo”, agregó. “Tipo seis o siete de la mañana nos tiran en la caja de una camioneta, siempre vendados. Yo dije ‘nos van a matar’, lo dije fuerte. Daniel se quejaba mucho del dolor. A Daniel le pegan mucho más por esas cuestiones machistas de los militares. Cuando nos reparten en comisarías lo escuchamos por última vez”, precisó Manzo a Página/12.

El 4 de enero de 1976, bajo el título “Robaron ayer el cadáver de un extremista”, La Nueva Provincia publicó la historia inventada para encubrir el asesinato. En base a “fuentes autorizadas” y “voceros policiales” informó que el día anterior a la madrugada “un grupo armado interceptó” a una ambulancia que iba desde la cárcel hacia el Hospital Municipal. Los atacantes redujeron a los policías y “se apoderaron de un cadáver que era conducido en el vehículo”, publicó. “Pese al hermetismo oficial”, las fuentes amigas les dijeron que se llamaba Daniel Bombara y tenía 24 años.

La historia relatada en los sumarios policiales es tan inverosímil que hasta La Nueva Provincia evitó retomar el caso. El primer sumario, por “intento de fuga”, fue para justificar las “heridas” que derivarían en la muerte. Sostiene que el 1º de enero a la noche, esposado y acompañado por tres policías, Bombara abrió la puerta de un patrullero y se tiró al asfalto. Para justificar la falta de testigos apuntaron que “circulaban vehículos en distintas direcciones” pero “ninguno detuvo su marcha”. El segundo sumario es por el “atentado a la autoridad y daño” que produjeron los “12 a 15 NN desconocidos” que tirotearon a la ambulancia para robar un cadáver con el curioso objetivo de desaparecerlo.

El encubrimiento posterior estuvo a cargo del Poder Judicial. En apenas un mes el juez Guillermo Madueño desistió de buscar a los “desconocidos” ladrones de cadáveres y archivó la causa con el visto bueno de la fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni. El 28 de abril el juez y su secretario Hugo Sierra fueron a la cárcel de Olmos a indagar sobre el caso Rojas-Papini a las dos mujeres secuestradas con Bombara. Manzo se sobrepuso al terror y denunció que había sido capturada “por personas de civil” y “conducida en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de torturas”. Agregó que “para evitar los castigos contestaba a todo afirmativamente” y que escuchó en cautiverio la voz de “otra persona que, igual que yo, había sido detenida”. Madueño & Sierra, que tenían los nombres de los policías en las actas policiales y que ese año archivarían todas las causas por los fusilamientos que el Ejército y La Nueva Provincia informaban como “enfrentamientos”, hicieron oídos sordos a la denuncia de torturas. El ex secretario que hasta 2011 enseñó derecho penal en la UNS simuló ignorar el relato de las torturas pero no la declaración arrancada a fuerza de picana. En agosto de 1976, mientras el juez analizaba la situación de un militante de la JUP, Sierra le recordó que su nombre figuraba en una declaración “no firmada por el declarante ni por los funcionarios interrogantes”, léase los asesinos de Bombara. Madueño murió en 2010 y pasó sus últimos diez meses preso. Sierra tiene procesamiento firme y será juzgado en los próximos meses.

No hubo noticias del paradero del cadáver de Bombara hasta junio de 2011, cuando el EAAF identificó sus restos en una tumba sin nombre del cementerio de Santa Mónica, en Libertad, partido de Merlo. Bombara ocupó la sepultura “ME-K-2-123” hasta noviembre de 2009, cuando lo exhumaron los antropólogos. De los registros del cementerio surge que el cuerpo “carbonizado y politraumatizado” apareció en “Ruta 1003 y Pereyra” el 5 de enero de 1976, al día siguiente de la fábula que publicó La Nueva Provincia, diario que el tribunal oral ordenó investigar como responsable de una “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no sólo a imponer la versión de los victimarios sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.

“Viví durante 12.953 días en un estado de incertidumbre. No podía dar respuesta a una pregunta básica: ¿adónde está papá? Crecí con ese dolor y construí mi vida alrededor de incontables respuestas ficticias a esa pregunta. No es fácil crecer con un padre desaparecido. Crecí sin seguridades, sin calma, con miedo y dolor”, les explicó Paula a los jueces que luego condenaron por el asesinato de su padre a los coroneles Walter Bartolomé Tejada y Jorge Horacio Granada. “Papá me dejó poemas donde habla de un mundo lleno de paz y alegría, un mundo más justo. Siempre he tratado de sembrar eso en mi vida y entre quienes me rodean”, explicó Paula, escritora de literatura infantil que contó su historia en la novela El mar y la serpiente. “Lo tuve tres años, pero en ese tiempo supo transmitirme que el valor de la vida está en poder estrecharnos en un abrazo. Y nuestra sociedad será mejor cuando la impunidad se acabe y la justicia nos abrace a todos por igual”.

En la Plaza, con la memoria, por la justicia

La convocatoria, que desbordó la Plaza de Mayo, tuvo una presencia notoria de jóvenes. En el documento conjunto, los organismos de DD.HH. reclamaron que se investigara la parte civil del golpe. Y mencionaron las grandes empresas señaladas por colaborar con la dictadura.

“Tenemos un largo camino recorrido buscando que el Poder Judicial nos represente”, se escuchó en el escenario. “Hoy llegó la hora de gritar muy fuerte que el tiempo de las corporaciones se terminó y que en la calle se exige un cambio fundamental para que empiece a ser un Poder que nos represente a todos.” Desde el escenario montado en Plaza de Mayo, Marta Vázquez, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Lita Boitano, de Familiares, y Estela Carlotto, de Abuelas, abrieron la lectura del documento consensuado por los organismos de derechos humanos. El documento que dialogó con el bullicio de las 130 mil personas que los organizadores contaron en la Plaza tuvo como eje la consigna con la que se convocó la conmemoración de este 24 de marzo, expuesta a los dos lados del escenario: “A 37 años del golpe cívico militar, por una justicia democrática. Basta de corporaciones”. Los organismos recordaron la consigna de la marcha del año pasado, sobre el rol del poder económico en la dictadura. Ahora señalaron avances en ese y otros aspectos, pero también todo lo que todavía falta. “No nos representan los jueces de la dictadura que cometieron delitos de lesa humanidad y siguen en actividad, no nos representan los miembros de la corporación judicial que impiden la vigencia plena de la ley de medios”, dijeron. Y en ese contexto se escuchó: “Exigimos que la ley de medios tenga vigencia plena y podamos tener de una vez por todas una Patria con todas las voces”.

Con el tono de una fiesta, la marcha empezó a concentrar a las dos de la tarde, en el cruce entre 9 de Julio y Avenida de Mayo. Las remeras verdes de HIJOS, ahora con la consigna Verdad, Memoria, Justicia y Alegría se alinearon detrás de la bandera con la imagen de los desaparecidos. Alicia Usardi buscó el lugar de uno de sus desaparecidos: “Mirando todo esto me acuerdo del sepelio de Chavez”, dijo. “A todos ellos les estamos haciendo la guardia de honor, una guardia pública, popular, en paz, el pueblo acá hoy y hace la guardia de honor a nuestros compañeros desaparecidos.”

Atrás, Carlos Rice, de HIJOS, apuró la bandera de salida. Tenía una boina de cardenal en la cabeza: “La cúpula de la Iglesia también fue la dictadura”, decía. “Lo estamos diciendo nosotros, los hijos –dijo–, a 37 años del golpe, me puse esto por la asociación con el nuevo papa, para denunciar a la Iglesia que siempre calló. Pero hay que destacar que hubo una Iglesia que tiene sus desaparecidos, y mi viejo (Patrice Rice) es uno de los sobrevivientes”. Horacio Pietragalla, diputado y nieto recuperado, dijo que “en estos 37 años tuvimos una década ganada por los 400 represores con condena”.

Hacia la Avenida de Mayo, con la bandera en andas, estaba Guillermo Pérez Roisinblit, nieto recuperado: “Esta es la segunda vez que vengo”, dijo. La primera vez buscó desesperado la foto de su padre entre miles de imágenes. “Me puse al lado de la foto como si me agarrara de las gambas de mi viejo y no lo quería soltar porque no entendés que los otros lo pueden llevar de la misma manera”.

Detrás de los organismos marcharon las agrupaciones políticas y sociales. Los cartoneros de la cooperativa Madreselva. La federación Palestina y Armenia. El Mocase, los pueblos originarios. Una enorme bandera de la UES; la FES de los secundarios. Tres jóvenes de Villa 20 vendieron remeras de Hugo Chávez y Néstor Kirchner abrazados, producto de una cooperativa de trabajo. “Y del proyecto”, dijo uno, “que nos cambió la vida”. La Cámpora, Unidos y Organizados y el Movimiento Evita, La Martín Fierro avanzaron atrás. “¡Todos pibes!”, dijo uno cuando vio a La Cámpora entrar a la Plaza. Sonó la gloriosa Jotapé, con tono de fiesta, murga y batucada. La Cámpora avanzó con muñecos enormes en el aire. Unos, con togas y hábito de jueces; otros, con remeras de La Cámpora y la JP. “¡Es la justicia de los jóvenes peronistas de los ‘70”, interpretó un vecino desde la vereda. Había quien sacaba fotos, otros esquivaban a otros para ganar algo de lugar sobre las veredas.

A las cinco, con la Plaza repleta, había columnas todavía esperando a lo largo de la Avenida de Mayo y en los laterales de 9 de Julio. Nuevo Encuentro no llegó a entrar. Desde el escenario, se anunció una y otra vez que las organizaciones seguían ingresando. Esta vez, el palco central no quedó entre la Pirámide y el Cabildo, sino más cerca de la Casa Rosada, por lo que hubo casi un tercio de plaza más libre. Termos, mate y niños, en cada cantero. Pibes. La fuente como butaca.

El cartel quedó a pocos metros del escenario: Justicia Legítima, decía y atrás se ubicaron varios integrantes del Poder Judicial y la Procuración. El camarista Alejandro Slokar, los jueces Carlos Rosansky, Pablo Vega y los fiscales Carlos Gonella, Hernán Schapiro, Abel Córdoba, entre otros. Jorge Auat, fiscal jefe de coordinación de las causas de lesa humanidad, dijo: “El 24 de marzo es el día en el que el Estado pasó a la clandestinidad con todas sus instituciones. Nosotros estamos aquí por un imperativo ético y moral de sostener nuestro repudio a semejante ignominia”. Javier de Luca, fiscal ante la Cámara, aclaró: “Estamos acá para diferenciarnos de muchas asociaciones de jueces y magistrados que en esta fecha no dicen nada”.

La Catedral formó otro escenario. Algunos policías visibles estaban ahí, del lado de adentro. Una agrupación colocó un alusivo afiche del padre Carlos Mugica. Otra puso cuadros en las vallas e invitaba a los transeúntes a “Bajá tu propio cuadro”. Cuadros de Mirtha Legrand, Hugo Biolcati, Héctor Magnetto y, el que más se bajó, Mauricio Macri.

A las seis y cuarto arrancó la lectura del documento. “Que bochinche...,¿ no?”, dijo Marta Vázquez que paró, dejó que la Plaza aclamara y siguió. “Estamos acá para compartir un año más este inmenso acto de militancia, para recordar que hace 37 años, el 24 de marzo de 1976, se cometió un golpe de Estado cívicomilitar. Otro intento más para detener las luchas populares. La Junta Militar, integrada por los genocidas Jorge Rafael Videla....”, dijo y la Plaza gritó ¡genocida! Marta pidió esperar a nombrar a todos juntos pero la Plaza volvió a gritar genocidas cuando escuchó: “Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti”.

La consigna por una Justicia democrática marcó todo el documento. Cruzó pasado y presente, puntualizó continuidades. Mariano Ferreyra y el pedido de perpetua para José Pedraza en la sentencia que se acerca y puede servir, como se dijo, en las causas pendientes por los asesinatos de Maxilimiliano Kosteki y Darío Santillán y el rol de Eduardo Duhalde, y el crimen del maestro Carlos Fuentealba y el juicio a Jorge Sobisch. El reclamo de Susana Trimarco que “vive casi las mismas situaciones que nosotros hace más de 30 años”, dijeron. Por eso, “comprobamos que falta demasiado, que el Poder Judicial sigue estando al servicio de unos pocos: de los poderosos”.

“Hay muchas cosas que quedan por hacer y otras sobre las que se avanzó como nunca”, dijeron. “Se ordenó investigar a Loma Negra y el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca; se procesó a Pedro Blaquier; se destituyó a los jueces Otilio Romano y Luis Miret”. Y dijeron: “Pero como dijimos el año pasado, los grupos económicos también fueron la dictadura. No pueden quedar impunes y tenemos que avanzar en las responsabilidades de Mercedes Benz, Acindar, La Veloz del Norte, Astarsa, Fiat, Techint, Macri, City Bank, La Nación, Clarín, Ledesma, la Sociedad Rural Argentina, Ford, Loma Negra y tantas otras empresas. Hace pocos días murió uno de los ideólogos de ese plan económico de hambre y exclusión que atentó contra las victorias y derechos de los trabajadores: José Martínez de Hoz. Murió impune, pero con la condena social de todo el pueblo.”

Los organismos de derechos humanos exigieron a la Cámara de Casación y a la Corte acelerar las sentencias firmes; recordaron que hay genocidas condenados a perpetua que todavía siguen en libertad. Reclamaron la apertura completa de los archivos. Y hacia el final, Estela Carlotto le dijo a esa Plaza que hay que ir por más. “Es necesario mirar para atrás y pensar qué luchas empezaron hace mucho y en esta década llegaron a ser victorias. Esta democracia tiene más derechos: vamos a defenderlos e ir por más. Acá estamos todos juntos. Sintiéndonos parte de la historia”.

La nota distintiva de la jornada la pusieron los integrantes de la revista La garganta poderosa, quienes distribuyeron arcos de fútbol a lo largo de toda Avenida de Mayo y en la Plaza. En cada uno de ellos, el arquero llevaba la careta de un personaje ligado a la dictadura. “Cómplices civiles a los penales”, decía un cartel. Otro integrante del grupo disfrazado de juez invitaba a patear penales. Quienes recibían los pelotazos eran Pedro Blaquier, Héctor Magnetto, Mariano Grondona, Chiche Gelblung, Otilio Romano, Franco Macri, Cristian von Wernich y tantos otros.

Hoy se reinicia El juicio por genocidio contra Ríos Montt en Guatemala

El juicio por genocidio y crímenes de guerra en contra del general golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt, y su antiguo jefe de Inteligencia, José Rodríguez, se reiniciará este lunes, hasta el miércoles, cuando se suspenda por el asueto de Semana Santa, informaron hoy fuentes judiciales.

Una portavoz de la Corte Suprema de Justicia dijo a Efe que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo programó tres sesiones consecutivas para esta semana, durante las cuales continuará escuchando los testimonios de los supervivientes y familiares de las víctimas.

En los primeros cuatro días del juicio, el tribunal escuchó los testimonios de al menos 40 testigos.

A lo largo del proceso, la Fiscalía presentará unos 900 medios de prueba para demostrar la supuesta responsabilidad de Ríos Montt y el general retirado Rodríguez en la muerte de 1.771 indígenas ixiles perpetradas en 16 matanzas entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

Durante ese período Ríos Montt gobernó de facto el país, y Rodríguez fue jefe de la temida Dirección de Inteligencia Militar.

La jueza Jazmín Barrios, presidenta del tribunal, programó para el 10 de abril la comparecencia de cuatro peritos, dos de ellos exmilitares, que fueron propuestos por la defensa de los enjuiciados.

El juicio, el primero en celebrarse en el país en contra de un ex jefe de Estado por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra interna de 36 años que padeció Guatemala entre 1960 y 1996, la cual se saldó con más de 200.000 muertos, podría prolongarse por al menos dos meses. EFE

Cómo se diseñó, en 1975, el genocidio que ejecutó la dictadura cívico-militar

Es la madre de todas las batallas. Si la dictadura cívico-militar desarrolló un plan sistemático de exterminio, fronteras adentro y con alcance internacional, esa política represiva fue llevada a cabo en base a órdenes e instrucciones que hasta el momento se conocían sólo parcialmente. La investigación sobre el amenazante "oponente subversivo" para "aniquilarlo" en 1975, y sobre todo el conjunto de directrices que dieron forma al golpe de Estado de 1976 y su práctica de secuestros y asesinatos, estuvo a cargo del Batallón de Inteligencia 601, en manos del ex coronel hoy detenido Carlos Alberto Martínez. 

Los documentos fueron dos, principalmente: la Directiva del comandante general del Ejército Nº 404/75 –conocida como "la Peugeot", por el auto de la época–, y el Plan del Ejército contribuyente al Plan de Seguridad Nacional. Fueron hallados y recuperados por el Archivo Nacional de la Memoria en forma completa, y están a punto de publicarse en una edición que Tiempo Argentino adelanta en forma exclusiva y con la autorización del organismo.

La 404  –cuerpo principal, 10 anexos y 13 apéndices complementarios– diagramó las operaciones militares necesarias para "neutralizar y/o aniquilar" a las organizaciones armadas en Tucumán a finales de 1975, poniendo énfasis en la guerrilla rural. Se basó en los decretos 2770, 2771 y 2772 para el funcionamiento de los Consejos de Defensa y Seguridad Interna; abrió la puerta para que la Armada (con el Placintara 75) y la Fuerza Aérea (mediante el Plan de Capacidades Marco Interno 1975) ideara sus propias metodologías; dividió el territorio nacional en cinco zonas de distinta "peligrosidad" (con prioridad en Buenos Aires-La Plata, Córdoba, Santa Fe-Rosario, y el eje Tucumán-Salta-Jujuy); y estableció un objetivo en tres etapas: "disminuir significativamente el accionar subversivo para fines del año 1975", "transformar la subversión en un problema de naturaleza policial para fines de 1976", y "aniquilar los elementos residuales de las organizaciones subversivas a partir de 1977". 

En cuanto al Plan del Ejército, es la organización del golpe de Estado. Con una introducción y 15 anexos que definen genéricamente al enemigo como "Guerra Subversiva Marxista (GSM)" abocada a la "apropiación de la población mundial" a partir de la "conquista de su psiquis".

 

"Insurrecionalismo espontaneísta". Con la firma de Jorge Rafael Videla como general de Brigada y comandante general del Ejército, la Directiva 404 se emitió el 28 de octubre de 1975. La Junta, todavía parte del gobierno títere de Isabel Perón, se propuso "crear una situación de inestabilidad permanente en las organizaciones subversivas", desgastarlas "progresivamente", obtener "amplia información" sobre sus estructuras, y "eliminar y desalentar el apoyo que personas u organizaciones de distintos tipos puedan brindar a la subversión". Mediante el funcionamiento de comandos que "tendrán la más amplia libertad de acción para intervenir en todas aquellas situaciones en que se aprecie puedan existir connotaciones subversivas".

El Anexo 1 se refiere a la Inteligencia, y lleva la firma de Roberto Viola como general de Brigada. Define a la GSM como una "nueva forma de guerra, con un nuevo contenido de violencia, que se materializa en una muy variada gama de formas" para lograr la "apropiación de la población mundial (debe entenderse no su apropiación material sino la conquista de su psiquis que hace que el hombre se entregue luego materialmente solo)". 

Para los inminentes golpistas argentinos, la guerrilla adquiría influencias de la "corriente chinoísta", la IV Internacional y la URSS, representadas por organizaciones como el PRT-ERP y Montoneros, "las que cualitativa y cuantitativamente ejercen actualmente el liderazgo de la agresión en el país". 

Viola, en un texto que en realidad lleva la pluma de Martínez, suscribe que "en forma permanente, el accionar subversivo se materializa en la más variada gama de hechos que conmueven hasta las más altas estructuras del Estado. Así es como las OPM (Organizaciones Político Militares) cometen a diario asaltos, asesinatos, cuantiosos desarmes a servidores del orden, secuestros de personas, robos, intimidaciones" y "atentados con explosivos".

Y agrega: "A partir del mes de julio, (Montoneros) incrementó notablemente su accionar mediante la utilización de sus denominadas milicias." En una redacción cuidada, sorprende con términos como "insurrecionalismo espontaneísta", y afirma que "siguen sosteniendo (los militantes armados) la necesidad, no negociable ni claudicable, de la formación de un Ejército Popular que sostenga su proyecto socialista de modificación en todas las estructuras políticas-económicas-sociales dentro de la concepción marxista que poseen", y que "...tratarán de desarrollar y preservar sus fuerzas mientras desgastan, desmoralizan y aniquilan nuestras fuerzas".

Al mismo tiempo, el documento establece la manera de organizar las fuentes de información, por medio de un Parte de Inteligencia Semanal elevado por los Comandos de Cuerpo de Ejército "los días miércoles antes de las 12 horas". Y diagrama en sus apéndices Órdenes de Batalla comunicadas oficialmente al resto de las Fuerzas por el entonces general Leopoldo Galtieri.

En el Anexo 3 de la Directiva, dedicada a la supuesta "Acción Sicológica" de ERP y Montoneros sobre la población, el general de Brigada Osvaldo René Azpitarte sostiene que "El factor sico-social se encuentra sensiblemente influenciado, en mayor grado que los demás, por la crisis general que padece el país, que crea un ambiente favorable para la acentuación de las múltiples causas de tensión existentes." Afirma que "la consecuencia inmediata ha sido la aparición de un clima colectivo que sintéticamente se puede expresar en 'signos de descreimiento y de desesperanza alarmantes'", y que "ello incluye, entre otros condicionantes, el temer desbordamientos futuros en caso de brotar una chispa que libere tantas contenidas frustraciones".

El análisis de Azpitarte dice a continuación: "En términos generales, la acción psicológica, para la perspectiva subversiva, es un aspecto clave que interpenetra a los demás, multiplicando y sistematizando la actividad total, desde la simple agitación y la propaganda elemental de siglas y emblemas, hasta los operativos de acción directa de mayor envergadura. Esta simbiosis está claramente definida por el término 'propaganda armada' que, acuñado por la propia guerrilla, indica que las acciones militares son concebidas en función de su resonancia sicológica."

Viola, en el Anexo 4, dedica varias consideraciones a la mano de obra que conformó el aparato genocida. "El Ejército Argentino –sostiene en el apartado "Misión"– ejecutará el apoyo de personal, para lograr que la Fuerza obtenga la máxima eficiencia combativa y alto espíritu de lucha, empeñando la totalidad de sus medios actuales y los que eventualmente se le incrementen, para la realización de las operaciones previstas en la presente Directiva." 

El Punto 6 se dedica al "Mantenimiento de la moral": "Estará materializado mediante la búsqueda y el logro de cohesión y el espíritu de cuerpo en el personal de las unidades (especialmente soldados conscriptos), con la finalidad de evitar y/o minimizar las influencias adversas que fundamentalmente en lo espiritual y afectivo puede generar una situación interna del país que obligue al Ejército a operar fuera de sus cuarteles y contra sectores de la población subversivos." Y el Punto 7 habla del "Servicio Religioso": "La actual situación ambiental exige que todos los niveles de comando realicen orientaciones concretas y precisas que regulen la actividad del capellán y faciliten su tarea para contrarrestar el accionar destructor del enemigo que pretende socavar los fundamentos de nuestra formación espiritual."

 

"Engaño imitativo". Hay un Anexo de la Directiva, el Nº 10, vinculado al tema "Comunicaciones-Electrónica". Fue elaborado especialmente por el Batallón de Inteligencia 601, y describe no sólo las fuerzas propias, sino además un detalle del funcionamiento del "enemigo subversivo" en lo vinculado a difusión, prensa y propaganda.

El texto habla de las "Capacidades de comunicaciones y guerra electrónica asignadas a las organizaciones subversivas", que eran 

básicamente cuatro: "a) Continuar operando sistemas de comunicaciones, en todo momento, con medios suficientes, apoyados por radioaficionados y por personal infiltrado en empresas de comunicaciones y otros organismos, b) Realizar escucha sobre las comunicaciones de las FFAA, FFSS y FFPP, complementadas con interferencia y engaño imitativo, c) Reforzar sus medios con nuevos materiales obtenidos mediante la adquisición en el comercio o entrados ilegalmente al país", y "d) Realizar emisiones clandestinas, en forma encubierta o abierta, en la banda de radiodifusión (radio o televisión) para lanzar proclamas, reunión u órdenes." 

El espionaje sobre blancos civiles era centralizado por organismos creados específicamente para eso. Sobre todo el Sistema de Comunicaciones Fijo del Ejército (SICOFE), el Sistema de Comunicaciones de Campaña del Ejército (SICOCE), el Sistema de Operaciones Electrónicas (SIDOPE), el Sistema de Comunicaciones de Seguridad del Ejército (SICOSEGE) y la Red Radioeléctrica de la Dirección Nacional de Gendarmería. 

El Punto 2, referido a los "Conceptos estratégicos" del trabajo de Inteligencia, vuelve a un objetivo central de la Directiva, mencionado varias veces en el trabajo general: "El apoyo de comunicaciones y de operaciones electrónicas a la ofensiva que ejecutarán propias fuerzas debe contribuir a lograr antes de finalizar el año 1975 una disminución significativa del accionar subversivo, transformándolo en un problema de naturaleza policial antes de finalizar el año 1976, y aniquilar los elementos residuales de las organizaciones subversivas a partir de 1977." 

 

El Plan del Ejército. Un documento secreto del Plan que diagramó el golpe de Estado, y marcó la línea represiva y de exterminio, recién ahora se conoce en forma completa con la edición del Archivo Nacional de la Memoria. Es el que abre el informe, elaborado semanas antes del 24 de marzo de 1976. "La JCG (Junta de Comandantes Generales) –advierte–, ante el grave deterioro que sufre la Nación, ha resuelto adoptar las previsiones para el caso de tener que destituir al Gobierno Nacional y constituir un Gobierno Militar." Mediante una operación que consistiría en: "La destitución del gobierno en todo el ámbito nacional, asegurando que sus miembros queden a disposición de las futuras autoridades", "Realizar todas las acciones que faciliten la constitución y funcionamiento del nuevo Gobierno Militar", "Asegurar el orden y el funcionamiento del país a partir del día D", y "Sostener y asegurar el cumplimiento de las medidas que adopte el Gobierno Militar". 

Casi desde el comienzo, en el Anexo 2, clasifica al "oponente" con distintos grados de peligrosidad. Entre las organizaciones "Político-Militares" de Prioridad I (oponente activo) se encontraban, entre otras, ERP, Montoneros, la Junta Coordinadora Revolucionaria, Vanguardia Comunista, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Unión de Mujeres Argentinas y el Partido Socialista de los Trabajadores. También de Prioridad I eran organizaciones gremiales como la Comisión Nacional Intersindical y la ex CGT de los Argentinos; además de grupos estudiantiles y corrientes religiosas. "El Movimiento de Sacerdotes para el 'Tercer Mundo' es en la práctica –describe el Anexo– la única organización de accionar trascendente en el ámbito de ciertos sectores de nuestra población. De definida prédica socializante, sirve a la postre a la lucha de clases que pregona el marxismo. La representación de este movimiento se materializa casi exclusivamente en los denominados Sacerdotes del Tercer Mundo, quienes en posturas contra el nuevo gobierno serían los particulares responsables."

Es interesante la evaluación que hace el Plan del clima social y político que generaría el golpe de Estado, y el papel de la Unión Cívica Radical, partido que los genocidas intuyen que estará de su lado. Ese "Grado de Participación" se resume en seis puntos que vale la pena transcribir: "a) La gran mayoría de los elementos que integran las organizaciones de Prioridad I muy probablemente mantengan y hasta puedan llegar a incrementar su acostumbrada apoyatura a los medios de lucha armada de la subversión, b) Las organizaciones de Prioridad II –que con posturas públicas reconocen la necesidad de cambio del actual gobierno–, si bien inicialmente podrían no oponerse al golpe militar, a la postre no renunciarían a sus tradicionales inclinaciones radicalizadas, y podrían volcar un esfuerzo parcial en contra del interés de las FFAA, c) Las de Prioridad III en términos generales es probable actúen por vía indirecta en contra del proceso y parcialmente a través de algunos de sus principales dirigentes y/o pequeños sectores, d) De los agrupamientos incluidos en Prioridad IV sólo del Movimiento Justicialista se prevén manifestaciones parciales como consecuencia lógica del cambio. Del resto de los partidos considerados se aprecian como probables únicamente posturas individuales y aisladas o de radicalizadas corrientes de cada uno, e) Los elementos negativos que integran los nucleamientos incluidos en cada Prioridad serán adecuadamente seleccionados y considerados conforme a las previsiones del Anexo 'Detención de personas'", y "f) Otros agrupamientos políticos no incluidos en el presente documento como podrían ser la Unión Cívica Radical y el Partido Federalista es probable no se opongan al proceso y hasta lleguen a apoyarlo por vía del silencio o no participación".

 

Los "Equipos Especiales" desaparecedores. El mencionado Anexo "Detención de personas" es el 3, y da luz verde para los secuestros de ciudadanos en todo el país, a través de operativos realizados por "Equipos Especiales".

"La operación –explica– consistirá en detener a partir del día D a la hora H a todas aquellas personas que la JCG establezca o apruebe para cada jurisdicción que signifiquen un peligro cierto para el desarrollo de las operaciones militares o sobre las que existen evidencias de que hubieran cometido delito o acciones de gran notoriedad en contra de los intereses de la Nación que deban ser investigados". Y también en "Prever la detención de oponentes potenciales en la medida que estos se manifiesten".

Los camuflados secuestros "estarán a cargo de Equipos Especiales que se integrarán y operarán conforme a cada jurisdicción". Y en cuanto a los blancos elegidos, agrega: "1) Las personas de significativo grado de peligrosidad serán alojadas en Unidades Penitenciarias de jurisdicción, 2) El resto de las personas serán alojadas en dependencias militares y agrupadas según el trato de cada Cte Cpo e II MM estime se le debe dar al detenido", y "3) Para los casos muy especiales y que por sus características resultare necesario su alojamiento en otra jurisdicción, los respectivos Ctes formularán el pertinente requerimiento a la JCG".

Eufemismos para aludir al lugar que ocuparían los Centros Clandestinos de Detención en el mapa del genocidio.  «

 

 

Apéndice 1: instrucciones para la detención de personas

Los secuestros durante la dictadura militar estuvieron "reglamentados" mediante una serie de órdenes que el golpe de Estado de 1976 incluyó en el Plan del Ejército, Apéndice 1, Anexo 3. 

"Las listas de personas a detener –afirma–, una vez aprobadas por la JCG, deberán ser ampliadas con la mayor cantidad posible de detalles, tendientes a tener la más absoluta seguridad en la ejecución de la operación."

Los operativos incluían la elaboración de fichas de los detenidos ilegalmente. Con una "recomendación" en el Punto 9 del documento: "El procedimiento para la detención se ajustará a las características y proceder del blanco, evitando excesos que en algunos casos pueden resultar negativos al interés de la Fuerza." 

El Punto 14 se refiere a lo que redundaría en casas desvalijadas de los secuestrados, y robo generalizado de sus pertenencias a cargo de los grupos de tareas. "Cuando la persona a detener esté definida como subversiva o manifieste una actitud violenta contra la Fuerza, su domicilio será minuciosamente registrado, incautándose toda la documentación de interés, armamento y explosivos que pudieran existir."

"A todo personal integrante del Equipo Especial –dice el Punto 18– se le darán claras y precisas  instrucciones sobre empleo de las armas para asegurar la detención de las personas buscadas o anular eficazmente toda resistencia". 

Por último, el Punto 19 confirma la clandestinidad de las operaciones: "Ningún integrante del Equipo está facultado a suministrar información alguna a la prensa vinculada al cumplimiento de esta operación, ello será facultad exclusiva de la JCG".    

 

 

Secuestros y asesinatos, pero con la ley en la mano

El Anexo 6 de la Directiva 404 de 1975, firmado por Roberto Viola, invoca una serie de leyes, decretos y códigos que pretendieron dar un marco "jurídico" al genocidio. Como "legislación vigente aplicable" se enumera, entre otros articulados, el decreto 1678/73 de creación de los comandos generales de las Fuerzas Armadas (órganos centralizadores de las operaciones de exterminio); la Ley 12.913 para el armado de zonas de seguridad; el decreto 2584/69 que daba facultades a los comandantes del Ejército y la Armada para ordenar el empleo de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina en el trabajo sucio; la Ley 20.840 (de represión de actividades subversivas); el decreto 2717/75 (prórroga del Estado de Sitio en todo el territorio del país); y dos decretos que apuntaron directamente a aniquilar cuadros del PRT y Montoneros: el Nº 1454 de 1973, y el Nº 2452 de 1975.

Pero el apartado más importante del Anexo es el Nº 4, titulado "Consideraciones". El Punto C, denominado "Relacionadas con civiles" (haciendo referencia a esas consideraciones), establece: "En caso de haber detenidos, deben ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente… salvo que, como rige el Estado de Sitio, el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) decida que el causante sea puesto a su disposición."

Una puerta abierta a secuestros y desapariciones.

Testigos acusan al ejército en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (EFE).— Los relatos de los supervivientes del conflicto armado en el juicio por genocidio contra el ex general golpista José Efraín Ríos Montt y su antiguo jefe de Inteligencia, José Rodríguez, siguen inculpando al ejército de Guatemala por las matanzas de indígenas ixiles en la década de los 80.

Los testigos que ha presentado la fiscalía han sostenido que los soldados llegaron a sus comunidades y dieron muerte a sus familiares. Uno de ellos, Miguel C. Sánchez, de 57 años, dijo ayer que en julio de 1982 los militares llegaron a la comunidad de Trapichitos en Santa María Nebaj, del departamento noroccidental de Quiché, y asesinaron a su suegro, Sebastián Cobo.

Según su relato, los soldados mataron a otros indígenas, entre ellos niños, con cuchillo y con armas de fuego, y luego quemaron sus ranchos y dañaron los cultivos agrícolas.

Otra testigo ixil, identificada como doña Juana, narró que luego de que los soldados dieron muerte a su esposo huyó con sus ocho hijos a la montaña para escapar del ejército.

Recordó que pasaron momentos difíciles porque sus hijos estaban muy asustados por la guerra.

Jacinto Brito, un analfabeto ixil, también manifestó que el ejército dio muerte a su padre, aunque dijo no recordar la fecha y que sólo sabe que fue en 1982. “Lo amarraron de los pies y las manos y lo arrastraron. También a otros cuatro se los llevaron”, apuntó. “Los soldados llegaban de todos lados, de plano el gobierno lo mandó a hacer esto”, dijo.

La fila de los testigos, con ayuda de traductores de la lengua ixil al español, continuó así por tercer día consecutivo en el juicio por genocidio y crímenes contra la humanidad que se celebra en Guatemala desde el martes contra Ríos Montt y Rodríguez.

Con la declaración de los supervivientes, la fiscalía busca demostrar la supuesta responsabilidad como autores intelectuales de los dos militares retirados en la muerte de mil 771 ixiles entre 1982-1983, cuando Ríos Montt gobernó de facto en Guatemala. Se prevé que la presentación de los testigos dure al menos 12 días.

Conferencia ilustrada por el Prof. Richard Hovannisian

Conferencia ilustrada por el
Prof. Richard Hovannisian

Organizada por la Fundación Memoria del Genocidio armenio y la Unión General Armenia de Beneficencia

Con el auspicio de la Embajada de la República de Armenia y el

Arzobispado de la Argentina 

Fecha y Lugar Jueves 4 de abril de 2013 19 horas Salón Sahakian (UGAB) Armenia 1322

En septiembre de 2012 se cumplió el 90ª aniversario de la catástrofe de Esmirna en que la mayor parte de la ciudad, la segunda más grande del Imperio otomano, fue destruida por el fuego durante cuatro días después que el ejército turco ocupó la ciudad. La catástrofe, además de ser la última fase del Genocidio armenio, marcó el fin de la fuerte presencia de los cristianos en la región y convirtió a miles de armenios y griegos en refugiados. Durante la conferencia el Dr. Richard Hovannisian discutirá sobre el importante rol de Esmirna (Izmir) en la historia  moderna armenia y en su destrucción en septiembre de 1922. Hovannisian es el editor del libro recientemente publicado Armenian Smyrna/Izmir, volumen número once, resultado de las conferencias que tuvieron lugar en UCLA, sobre las "Ciudades históricas y provincias armenias." Professor Hovannisian fue el primero que ocupó la Cátedra de la Armenian Educational Foundation en Historia Moderna en la UCLA y se desempeña como Distinguished Chancellor's Fellow at Chapman University in Orange County and Distinguished Visiting Lecturer at the University of California, Irvine. Es autor de Armenia on the Road to Independence, de los cuatro volúmenes de The Republic of Armenia, y editó y contribuyó con artículos en más de veinticinco libros incluyendo The Armenian Genocide in Perspective; The Armenian People from Ancient to Modern Times; Remembrance and Denial; Looking Backward, Moving Forward; and The Armenian Genocide: Cultural and Ethical Legacies.