El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Fuente: US Department of State - public domain
Mientras Guinea Ecuatorial celebra su 43 aniversario de la independencia de España, continúan cometiéndose violaciones de derechos humanos, como la toma de rehenes, las detenciones arbitrarias y la detención en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio.
Al menos 30 personas siguen en prisión sin cargos ni juicio tras su detención en octubre y noviembre de 2010. Al parecer, la mayoría fueron detenidas por sus lazos familiares y de amistad con dos presos políticos fugados de la prisión de Evinayong, en el continente, el 12 de octubre de 2010. Hasta la fecha, permanecen en régimen de incomunicación, sin acceso a abogados, familiares o médicos.
Las personas detenidas, entre las que hay varias mujeres y un niño de corta edad, son familiares y amigos de los presos fugados y de quienes les ayudaron supuestamente a huir.
Según informes, en octubre y principios de noviembre de 2010, alrededor de 100 personas fueron detenidas sin orden judicial en la ciudad de Bata, en el continente, o en sus alrededores, tras la fuga de dos presos de la prisión de Evinayong en torno al 12 de octubre del mismo año.
Entre las personas detenidas había familiares cercanos y conocidos de los presos fugados, familiares de personas que supuestamente colaboraron en la fuga, así como las familias de cuatro soldados y del director de la prisión de Evinayong, que según informes huyó junto con los presos. También fueron detenidos en Evinayong algunos soldados y guardias penitenciarios, así como el gobernador militar de la Región Centro-Sur. La mayoría de los detenidos están en la prisión de Bata, aunque algunos militares están en el cuartel militar 3 de Agosto, también en Bata.
Entre las personas recluidas en la prisión de Bata están la esposa y la hermana de uno de los presos fugados, Felipe “Pancho” Esono Ntutumu, detenidas por separado en Bata alrededor del 20 de octubre de 2010. Ambas fueron detenidas porque habían estado en contacto con Felipe Esono en prisión. El hermano de éste, oficial del ejército, fue detenido en Luba, en la isla de Bioko, donde servía, llevado inicialmente a la prisión de Bata y luego trasladado al cuartel 3 de Agosto. Está acusado de proporcionar los medios para la fuga, que no se han especificado.
En la prisión de Bata también está la esposa del conductor que supuestamente llevó en un vehículo a los presos de Evinayong, junto con su hijo, que tenía seis meses en el momento de la detención. La mujer fue detenida el 15 de octubre de 2010 en el pueblo de Ntobo, a unos cinco kilómetros al sur de Bata, por agentes de policía que acudieron para detener a su esposo. Al no encontrarle, la detuvieron a ella y a varias personas más del pueblo y las llevaron a la prisión de Bata, donde siguen recluidas sin acceso a sus familias o a sus abogados.
Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes según los cuales las autoridades suelen detener y retener a familiares cercanos de personas buscadas hasta que éstas se entregan o son detenidas. Esta práctica equivale a retener a los familiares como rehenes, y la organización pide a las autoridades de Guinea Ecuatorial que pongan fin de inmediato a la misma.
Amnistía Internacional ha sido informada de que a uno de los detenidos en la prisión de Bata, un teniente del ejército que padece diabetes, se le negó el tratamiento médico hasta enero de 2011, cuando su estado empeoró.
La detención sin orden judicial y la reclusión continua en régimen de incomunicación y sin cargos violan la prohibición de las detenciones arbitrarias y el derecho de los detenidos a ser informados sin dilación de los cargos formulados contra ellos. Estos derechos están consagrados en la legislación de Guinea Ecuatorial, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, del que es parte Guinea Ecuatorial.
A Amnistía Internacional le preocupa que los detenidos no hayan podido acceder aún a un abogado, a su familia o a un médico, y pide a las autoridades de Guinea Ecuatorial que cumplan sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de derechos humanos y concedan de inmediato a los detenidos el acceso a su familia, a sus abogados y a tratamiento médico.
Amnistía Internacional pide la libertad inmediata de estos detenidos a menos que sean acusados sin dilación de un delito reconocible y llevados sin demora ante la justicia en juicios que cumplan las normas internacionales de derechos humanos.
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