Familiares y supervivientes del conflicto armado en Guatemala (1960-1996) pidieron hoy al procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, ser garante en el proceso por genocidio que entablaron ante los tribunales contra exaltos mandos militares.
Después de una marcha pacífica entre la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, y la Procuraduría, en el centro de la capital, un centenar de familiares de las víctimas de la guerra denunciaron ante De León un "retardo malicioso" de la justicia en los procesos por genocidio.
La denuncia fue hecha al procurador por representantes del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), que asisten a las víctimas.
El abogado Héctor Reyes, querellante en los procesos por genocidio, denunció que los defensores de los generales retirados José Efraín Ríos Montt, José Rodríguez y Héctor López "están provocando violaciones al debido proceso" al interponer una serie de recursos para impedir que los imputados sean juzgados.
Reyes dijo que los exmilitares pretenden que la justicia les aplique una amnistía aún cuando la Ley de Reconciliación Nacional vigente en Guatemala no la establece para delitos de genocidio y de lesa humanidad.
Los generales retirados tienen abierto un proceso judicial por la matanza de más de 1.700 indígenas ixiles en la década de los ochenta, pero el caso no ha prosperado debido a los recursos judiciales que han interpuesto ante los tribunales los abogados, se quejó Reyes.
Ríos Montt se encuentra desde enero pasado bajo arresto domiciliario, mientras que Rodríguez y López están recluidos en un hospital militar por padecer quebrantos de salud.
Según el jurista, la estrategia de los exmilitares es retrasar un juicio en su contra.
"Con los recursos se está vedando el derecho de acceso a la justicia a las víctimas del conflicto", aseguró.
El procurador De León dijo que le dará trámite a la petición planteada por las víctimas y supervivientes del conflicto armado y que luego de hacer un análisis de las acciones adoptadas por los exmilitares, hará un pronunciamiento.
"Hoy mismo le daremos trámite (porque) es nuestra obligación darle seguimiento a la denuncia", aseguró De León.
Durante la marcha pacífica, los supervivientes cargaron con ocho pequeños ataúdes de madera y cruces con nombres de varias masacres perpetradas por el Ejército durante el conflicto armado interno.
La guerra, que acabó en diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz, dejó durante 36 años unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
Después de una marcha pacífica entre la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, y la Procuraduría, en el centro de la capital, un centenar de familiares de las víctimas de la guerra denunciaron ante De León un "retardo malicioso" de la justicia en los procesos por genocidio.
La denuncia fue hecha al procurador por representantes del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), que asisten a las víctimas.
El abogado Héctor Reyes, querellante en los procesos por genocidio, denunció que los defensores de los generales retirados José Efraín Ríos Montt, José Rodríguez y Héctor López "están provocando violaciones al debido proceso" al interponer una serie de recursos para impedir que los imputados sean juzgados.
Reyes dijo que los exmilitares pretenden que la justicia les aplique una amnistía aún cuando la Ley de Reconciliación Nacional vigente en Guatemala no la establece para delitos de genocidio y de lesa humanidad.
Los generales retirados tienen abierto un proceso judicial por la matanza de más de 1.700 indígenas ixiles en la década de los ochenta, pero el caso no ha prosperado debido a los recursos judiciales que han interpuesto ante los tribunales los abogados, se quejó Reyes.
Ríos Montt se encuentra desde enero pasado bajo arresto domiciliario, mientras que Rodríguez y López están recluidos en un hospital militar por padecer quebrantos de salud.
Según el jurista, la estrategia de los exmilitares es retrasar un juicio en su contra.
"Con los recursos se está vedando el derecho de acceso a la justicia a las víctimas del conflicto", aseguró.
El procurador De León dijo que le dará trámite a la petición planteada por las víctimas y supervivientes del conflicto armado y que luego de hacer un análisis de las acciones adoptadas por los exmilitares, hará un pronunciamiento.
"Hoy mismo le daremos trámite (porque) es nuestra obligación darle seguimiento a la denuncia", aseguró De León.
Durante la marcha pacífica, los supervivientes cargaron con ocho pequeños ataúdes de madera y cruces con nombres de varias masacres perpetradas por el Ejército durante el conflicto armado interno.
La guerra, que acabó en diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz, dejó durante 36 años unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
