Las otras víctimas de la guerra libia

Por Karlos Zurutuza

Jaled Abdulah junto al muro destruido de su casa en Beni Walid, último bastión de Gadafi.

Crédito: Karlos Zurutuza/IPS



BENI WALID, Libia, oct (IPS) - Suleyman y Rasul han quedado de reunirse en la Universidad de Beni Walid, en el oeste de Libia. Con un poco de suerte, encontrarán unos apuntes de química y, quizás, un computador que funcione. No es fácil dar con ambos desde que la OTAN redujo el campus a escombros en octubre.

Bani Walid, una localidad de 80.000 habitantes 150 kilómetros al sureste de Trípoli, fue el último refugio del hijo y delfín de Muammar Gadafi, Saif al Islam. Junto con Sirte, fue también el último bastión de un régimen que estaba tocado de muerte hacía meses.

"¿Qué buscaba aquí la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)?", se pregunta Suleyman en mitad de una pesadilla de hierros retorcidos, cascotes y papeles que reclama el viento.

No hay ni rastro de armamento, uniformes o cualquier otro objeto que invite a pensar que se trataba de un asentamiento militar. Ni siquiera los casquillos de bala –desperdigados en todos sus calibres por las calles de Bani Walid– son visibles entre este desastre.

"Corría el rumor de que Musa Ibrahim (el portavoz del gobierno de Gadafi) se escondía aquí mismo, por eso lo bombardearon", apunta Rasul junto a uno de los cráteres dejados por los cohetes de la OTAN.

Entre lo poco que se ha podido salvar, están las butacas rojas del aula magna. Un grupo de rebeldes las va cargando de ocho en ocho en las cajas de sus camionetas.

"Nos las llevamos para que nadie las robe", indica Omar Rahman, uno de los conductores.

Desgraciadamente, ya es demasiado tarde para el aula de informática. Dos hileras de mesas de computador intactas pero vacías anuncian la probable apertura de un Internet café en algún lugar de Libia.

El panorama es igualmente desolador por la avenida del bazar. Tan solo una tienda ha levantado la persiana. El tendero Rafiq no quiere hablar. Los maniquíes carbonizados que retira uno a uno del interior son suficientemente elocuentes.

"Brigada de Zawiya"; "Jóvenes de Misurata"; "Geryan siempre libre", se lee en las paredes rotas de la ciudad. Se trata de eslóganes escritos por los más de 40 batallones de rebeldes que, junto con la cobertura aérea de la OTAN, "liberaron" Bani Walid el 17 de octubre.

Los grafitis son parecidos, pero hay uno que se repite insistentemente por toda la localidad: "Los warfala son perros". No en vano estamos en la única ciudad de una sola tribu del país. Todos aquí pertenecen a la tribu de los warfala, el mayor clan de Libia: más de un millón de individuos en un total de seis millones. Junto con la tribu gadafa, los warfala fueron los más leales al depuesto régimen.

"Casa por casa"

Encontrar una casa intacta en Bani Walid es casi misión imposible. En el barrio de Bahra, un proyectil abrió un boquete del tamaño de una ventana en el apartamento de Shaman Bubajar. Las auténticas perdieron los cristales por la explosión, y sus persianas han desaparecido junto con las cortinas, la televisión y los radiadores.

"Saquearon casa por casa", denuncia este mecánico de aviones desde el patio interior del bloque de edificios donde residía. De entre una montaña de ropa y objetos que nadie ha querido llevarse todavía, Bubajar recoge a un pequeño joyero abierto, vacío, por supuesto. "Me pregunto quién llevará esos anillos y pendientes ahora".

Entrar en la casa de Jaled Abdulah es todavía más fácil. Estaba a punto de casarse y ya había acondicionado la primera planta de la vivienda familiar, cuando sus sueños se esfumaron por el boquete abierto en el muro a pie de calle.

"Me fui de Bani Walid el 14 de octubre, tres días antes de que entraran los rebeldes. Mi casa estaba intacta", asegura este camionero de 24 años, hoy desempleado y viviendo de alquiler.

Las historias son dolorosamente similares por toda la localidad. A Athila Abdulah Athman, de 65 años, le quemaron los dos camiones que había intentado proteger llevándolos a tres kilómetros de la ciudad. A pesar de todo, Athman ha podido esbozar hoy una sonrisa, por primera vez en mucho tiempo, cuando su hijo volvió con el coche que les habían robado.

"Estaba en Geryan, suroeste de Trípoli. Nos habían dicho que lo habían visto, y fuimos a buscarlo", explica Athman desde el umbral de su casa.

"Alá u akbar" (Dios es grande) pintaron en su pared antes o después de que alguien entrase a tiros y se llevase sus cortinas y sus lámparas.

Athman dice que se quedará, pero muchos se han ido. Según apuntan fuentes locales, más de 100.000 civiles escaparon de los antiguos bastiones gadafistas como Sirte y Bani Walid, aunque la cifra de quienes buscan refugio en campos de desplazados podría ser mucho mayor.

Oro para las víctimas

En el aeropuerto de Bani Walid se encuentra el cuartel general del jeque Omar Mujtar, el principal responsable de coordinar a las 45 milicias que tienen hoy el control de la ciudad.

"Gadafi tenía muchos seguidores aquí, y había que registrar cada casa para asegurarnos de que nadie escondía armas", explica este comandante y líder tribal que comparte nombre con el que fue símbolo de la lucha contra la ocupación italiana en las primeras décadas del siglo XX.

Mujtar desconoce el paradero real de Saif al Islam Gadafi, pero está convencido de que el que estaba destinado a suceder a su padre tuvo que escapar a pie.

"Oímos el cohete que alcanzó su convoy, pero cuando llegamos al lugar de la explosión solo encontramos los cadáveres de los que acompañaban a Saif", afirma el mando militar.

Antes de despedirnos, Mujtar admite que hubo saqueos, pero asegura que está preparando "una compensación económica de tres millones de dinares libios (1,5 millones de euros) en oro para los afectados".

Por el momento, Abdul Hamid Saleh, otro residente, está elaborando un censo detallado de todas las víctimas. Los 52 agujeros de bala en la puerta de su casa atestiguan que, si bien no debió de resultar tarea fácil, los asaltantes acabaron por entrar sin llamar.

"Todos estos crímenes han de ser llevados a las autoridades. Nadie en Bani Walid estará dispuesto a colaborar con ninguna administración que ignore esta barbaridad", explica este ingeniero mecánico.

De las pérdidas materiales, hay una que lamenta sobremanera: "Han roto el diploma de estudios que le dieron a mi hijo en el colegio, probablemente porque se trataba de la Escuela Verde de Bani Walid", el color verde era el símbolo del antiguo gobierno, explica este hombre que está considerando retomar su antiguo empleo como profesor en la Universidad de Manchester.

"Nuestra ciudad ha sido bombardeada por la OTAN y asaltada por milicias llegadas de todas partes", se lamenta Saleh. "¿A esto le llaman "liberación"? Para mí no es más que una ocupación en toda regla". (FIN/2011)

"Of all Turkey's neighbors, it is the Armenians who have the greatest influence in Washington"

 Michael Rubin: "Of all Turkey's neighbors, it is the Armenians who have the greatest influence in Washington"

	Is It Time for an Anti-Turkey Coalition?  By Michael Rubin  Kurds and Kurdistan have never felt so much promise. Federalism in Iraq is secure. Iraqi Kurdistan attracts billions of dollars in investment, Masud Barzani no longer needs a borrowed Turkish passport to travel abroad, and the Kurdistan Regional Government has offices which act as virtual embassies in Washington, London, and other major capitals. It is ironic, therefore, that against this progress, Kurds wield so little influence over the issues about which Kurds inside and outside Iraqi Kurdistan most care. After Kurdistan Workers Party [PKK] members attacked Turkish military outposts in the early morning hours of October 19, Nechirvan Barzani, a former prime minister who retains the power of that post, rushed to Ankara to try to defuse any retaliation. He failed. So too did regional president Masud Barzani, who placed an emergency phone call to Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan. Turkish President Abdullah Gül vowed revenge and dispensed with the notion for proportionality that Turkey demands from others. "No one should forget that those who are inflicting this pain upon us will suffer in multitudes," Gül declared. Thereafter, Turkish jets bombed targets in Iraqi Kurdistan and Turkish tanks reportedly crossed the border. While Turkish officials say they have killed several hundred PKK members, such declarations cannot be taken at face value. Turkish authorities label any Kurd killed in such bombardment as a terrorist, regardless of reality. Civilians often pay the price. Turkey has yet to apologize or pay compensation, for example, to the families of the seven Kurdish civilians killed in an August strike. Nor has the Kurdish government forced Turkey to provide proof the any recent attacks inside Turkey had a cross-border component. The failure of Kurdish leaders to fulfill their diplomatic agenda extends beyond the latest Turkish incursion. After all, even before the Hakari attacks, the Turkish Army stationed more than 1,000 troops stationed on mountains and around villages several kilometers across the Iraqi and Iraqi Kurdish border. Indeed, as much as Turkey's Foreign Minister Ahmet Davutoğlu frames his country's foreign policy as seeking good relations with all its neighbors, the fact remains that Turkey is the only aspirant to the European Union that unabashedly occupies other countries. Turkish occupation in Iraq and Iraqi Kurdistan, as well as in Cyprus suggests the true meaning of neo-Ottomanism. Turkey's occupations, however, provide the Kurdistan Regional Government with an opportunity. On September 2, 2011, Egemen Bağış, Turkey's Minister for European Union Affairs, threatened Cyprus with military action. Should that European Union member not stop oil exploration in international waters off its coast, Bağış said, that Turkey might respond militarily. "That's what a navy is for," he quipped. While Arab states focused on the simultaneous rupture in the Israel-Turkey partnership, Turkey's bellicosity toward Cyprus was the subject of greater concern not only in Nicosia and Athens, but also in many other European capitals. Apart, neither Cyprus nor Kurdistan has much leverage. Turkey's 37-year occupation of Cyprus is seldom front page news in Washington, London, or any other country. While former Australian Foreign Minister Alexander Downer tries to broker an agreement, and occasionally UN Secretary General Ban Ki-moon makes statements about the need to resolve the conflict, lack of international interest condemns Cyprus to continued division. Of all Turkey's neighbors, it is the Armenians who have the greatest influence in Washington. Corollary Armenian Diaspora groups are also influential in London, Paris, and across Europe. In the United States, at least, the Armenian lobby has failed repeatedly in its principle goal to win American recognition of Armenian genocide by Ottoman Turks in World War I. Alas, the Armenians can join the Kurds, Cypriots, and perhaps Greeks as well in eschewing coalitions in a failed attempt to go it alone. If those victimized or threatened by Turkey, however, would pool their resources and demands, each group may find its influence amplified exponentially. Kurds who seek recognition of the Anfal as genocide might solicit the support of Armenian counterparts, but also must be willing to offer support as well. Kurdish officials should be outspoken in support of Greek Cyprus, and should leverage Cypriot and Greek influence to ensure that a Turkish withdrawal from Iraq and Kurdistan becomes a European Union platform. In mature diplomacy, coalitions are essential. The Kurdish Caucus in Congress is more symbolic than effective. True diplomacy should extend beyond wining and dining congressmen whose concern about Kurdistan is fleeting and limited by the next election. With the Americans withdrawing from Iraq--a milestone that should evoke memories of 1975 in Kurdistan and 1991 in Iraq--it is essential that Kurdistan's rulers understand their limitations. There are issues more important than oil deals and real estate. While it is natural that rulers inexperienced on the world stage fret more about the intricacies of protocol than broader issues, it is time the Kurdish representatives stationed abroad are able to talk fluently about broader issues. Kurdish communities should lend their support to Greek Cypriots, and demand that they, in exchange, make clear that Turkish policy has gone awry not only in the Eastern Mediterranean, but in other areas as well. Kurds should be proud of their achievements, but they are not as solid as they once were. That the Kurds have no friends but the mountains will simply be an epitaph unless Kurdish leaders become far more apt at building alliances than they are now. Michael Rubin is a resident scholar at AEI Huygens/Wikimedia Commons

Publisher, Human Rights Activist Ragip Zarakolu Arrested

STANBUL, Turkey—Turkish police have arrested Ragip Zarakolu, a well-known human rights activist and director of the Belge Publishing House, and chair of the Publishers Association “Freedom to Publish” Committee of Turkey.

Ragip Zarakolu

Zarakolu was taken into custody on Oct. 28, during a large-scale manhunt in Istanbul against Kurdish and human rights activists.

His son, Deniz Zarakolu, the editor of the Belge Publishing House, was arrested on Oct. 4.

Belge has published numerous books on the oppression of the national minorities in Turkey and the Armenian Genocide.

Counter-terrorism units launched simultaneous operations against suspected KCK members early on Friday and detained 41 people. Police also raided various offices of the BDP, the pro-Kurdish Peace and Democracy Party, in Istanbul, including the BDP Istanbul Politics Academy and several BDP branches.

BDP co-chairman Selahattin Demirtas strongly criticized the new wave of detentions on Friday. “We will not be able to talk about a healthy constitution-making process if we go ahead like this. We will have no party member who can join efforts for [drafting] a new constitution,” he said.

Human Rights Court Rules Turkey Cannot Criminalize Genocide Recognition

STRASBOURG—The European Court of Human Rights on Tuesday unanimously ruled that the recognition of the Armenian Genocide cannot be criminalized in Turkey. The verdict stemmed from a case brought to the court by noted scholar Taner Akcam.

In the case Taner Akcam vs. Turkey, the court ruled that Turkey’s ongoing criminal prosecution of scholarship on the Armenian Genocide issue constituted a violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights.

The court ruled that the Turkish law meant the Akcam lives in constant fear of prosecution for his views about the vents of 1915. In his suit Akcam said that the fear of prosecution for his views on the Armenian issue had caused him considerable stress and anxiety and had even made him stop writing on the subject.

Akçam, who is an associate professor at the Robert Aram, Marianne Kaloosdian and Stephen and Marion Mugar Chair in Armenian Genocide Studies at Clark University in Worcester, Mass., is a Turkish and German national who was born in 1953. As a professor of history, he researches and publishes extensively on the historical events of 1915 concerning the Armenian population in the Ottoman Empire. The Republic of Turkey, one of the successor states of the Ottoman Empire, does not recognize the word “genocide” as an accurate description of events. Affirming the Armenian issue as “genocide” is considered by some (especially extremist or ultranationalist groups) as a denigration of “Turkishness” (Türklük), which is a criminal offence punishable under Article 301 of the Turkish Criminal Code by a term of imprisonment of six months to two or three years. Amendments have been introduced following a number of controversial cases and criminal investigations brought against such prominent Turkish writers and journalists as Elif Şafak, Orhan Pamuk and Hrant Dink for their opinions on the Armenian issue.

Notably, in October 2005 Hrant Dink, editor of Agos, a bilingual Turkish-Armenian newspaper, was convicted under Article 301 for denigrating “Turkishness.” It was widely believed that because of the stigma attached to his criminal conviction, Dink became the target of extremists and in January 2007 he was shot dead.

The three major changes introduced to the text were: to replace “Turkishness” and “Republic” with “Turkish Nation” and “State of the Republic of Turkey,” to reduce the maximum length of imprisonment to be imposed on those found guilty under Article 301; and, most recently in 2008, to add a security clause, namely any investigation into the offence of denigrating “Turkishness” has to first be authorized by the Minister of Justice.

On 6 October 2006 Akçam published an editorial opinion in Agos criticizing the prosecution of Hrant Dink. Following that, three criminal complaints were filed against him by extremists under Article 301 alleging that he had denigrated “Turkishness.” Following the first complaint, he was summoned to the local public prosecutor’s office to submit a statement in his defense. The prosecutor in charge of the investigation subsequently decided not to prosecute on the ground that Akçam’s views were protected under Article 10 of the European Convention. The investigations into the other two complaints were also terminated with decisions not to prosecute. The Government submitted that it was unlikely that Akçam was at any risk of future prosecution on account of the recent safeguards introduced to Article 301, notably the fact that authorization was now needed from the Ministry of Justice to launch an investigation.

Accordingly, between May 2008 (when this amendment was introduced) and November 2009, the Ministry of Justice received 1,025 requests for authorization to bring criminal proceedings under Article 301 and granted such authorization in 80 cases (about 8% of the total requests). Furthermore, Akçam had not been prevented from carrying out his research; on the contrary, he had even been given access to the State Archives. His books on the subject are also widely available in Turkey.

According to Akçam, however, the percentage of prior authorizations granted by the Ministry of Justice was much higher, and these cases mainly concerned the prosecution of journalists in freedom of expression cases. He submitted statistics from the Media Monitoring Desk of the Independent Communications Network for the period from July to September 2008 according to which a total of 116 people, 77 of whom were journalists, were prosecuted in 73 freedom of expression cases. Akçam further claimed that the criminal complaints filed against him for his views had turned into a harassment campaign, with the media presenting him as a “traitor” and “German spy.” He has also received hate mail including insults and death threats. He further alleged that the tangible fear of prosecution had not only cast a shadow over his professional activities – he effectively stopped writing on the Armenian issue in June 2007 when he brought his application to this Court – but had caused him considerable stress and anxiety.

Complaints, procedure and composition of the Court Relying on Article 10 (freedom of expression), Akçam alleged that the Government could not guarantee that he would not face investigation and prosecution in the future for his views on the Armenian issue. He further alleged that, despite the amendment to Article 301 in May 2008 and the Government’s reassurances, legal proceedings against those affirming the Armenian “genocide” had continued unabated. Moreover, the Government’s policy on the Armenian issue had not in essence been changed and could not be predicted with any certainty in the future.

The application was lodged with the European Court of Human Rights on June 21, 2007. Judgment was given by a Chamber of seven, composed of Françoise Tulkens (Belgium), President; Danutė Jočienė (Lithuania), David Thór Björgvinsson (Iceland), Dragoljub Popović (Serbia), András Sajó (Hungary), Işıl Karakaş (Turkey), Guido Raimondi (Italy), Judges; and also Stanley Naismith, Section Registrar.

The decision of the Court The Court found that there had been an “interference” with Akçam’s right to freedom of expression. The criminal investigation launched against him and the Turkish criminal courts’ standpoint on the Armenian issue in their application of Article 301 of the Criminal Code (any criticism of the official line on the issue in effect being sanctioned), as well as the public campaign against him, confirmed that there was a considerable risk of prosecution faced by persons who expressed “unfavorable” opinions on the subject and indicated that the threat hanging over Akçal was real.

The measures adopted to provide safeguards against arbitrary or unjustified prosecutions under Article 301 had not been sufficient. The statistical data provided by the Government showed that there were still a significant number of investigations, and Akçam alleged that this number was even higher. Nor did the government explain the subject matter or the nature of the cases in which the Ministry of Justice granted authorization for such investigations. Moreover, the court agreed with Thomas Hammarberg, Human Rights Commissioner of the Council of Europe, in his report which stated that a system of prior authorization by the Ministry of Justice in each individual case was not a lasting solution which could replace the integration of the relevant Convention standards into the Turkish legal system and practice.

Furthermore, in the Court’s opinion, while the legislator’s aim of protecting and preserving values and State institutions from public denigration could be accepted to a certain extent, the wording of Article 301 of the Criminal Code, as interpreted by the judiciary, was too wide and vague and did not enable individuals to regulate their conduct or to foresee the consequences of their acts. Despite the replacement of the term “Turkishness” by “the Turkish Nation,” there was apparently no change in the interpretation of these concepts.

For example, in the case Dink v. Turkey of 2010 the Court criticized the Turkey’s Court of Cassation for understanding them in the same way as before. Thus Article 301 constituted a continuing threat to the exercise of the right to freedom of expression. As was clear from the number of investigations and prosecutions brought under this Article, any opinion or idea that was considered offensive, shocking or disturbing could easily be made the target of a criminal investigation by public prosecutors. Indeed, the safeguards put in place to prevent the abusive application of Article 301 by the judiciary did not provide a guarantee of non-prosecution because any change of political will or of government policy could affect the Ministry of Justice’s interpretation of the law and open the way for arbitrary prosecutions.

In view of that lack of forseeability, the Court concluded that the interference with Akçam’s freedom of expression had not been “prescribed by law,” in violation of Article 10.

NOTE: Under Articles 43 and 44 of the Convention, this chamber judgment is not final. During the three-month period following its delivery, any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a panel of five judges considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and deliver a final judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day. Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution

CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS: TURQUÍA NO PUEDE CRIMINALIZAR EL GENOCIDIO ARMENIO

ESTRASBURGO.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió el martes pasado, por unanimidad, que el reconocimiento del Genocidio Armenio no puede ser tipificado como delito en Turquía.

El veredicto surgió de un caso presentado ante el tribunal por el célebre investigador Taner Akcam.

En el caso de “Taner Akcam vs Turquía”, el tribunal dictaminó que un proceso judicial penal de Turquía sobre  estudio e investigaciones  sobre la cuestión del genocidio armenio constituían una violación del artículo 10 (libertad de expresión) de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El tribunal resolvió que la legislación turca condicionaba la vida y la actividad de Taner Akcam ante su constante temor de persecución por sus opiniones sobre  los eventos ocurridos durante 1915 en territorio del Imperio Otomano. En su demanda Akcam dijo que el temor a ser perseguidos por sus opiniones sobre la cuestión armenia le había causado un cuadro de estrés y ansiedad  que le había provocado dejar de escribir sobre el tema.

Como profesor de historia,  Ackam investiga y publica extensamente sobre los acontecimientos históricos de 1915 ocurridos contra la población armenia del Imperio Otomano. La República de Turquía, uno de los estados sucesores del Imperio Otomano, no reconoce la palabra "genocidio" como una descripción exacta de los acontecimientos. Definir la cuestión armenia como "genocidio" es considerado por algunos (especialmente los grupos extremistas o ultranacionalistas), como una denigración de la "identidad turca" (Türklük), que es un delito punible en virtud del artículo 301 del Código Penal turco con una pena de prisión de seis meses a dos o tres años.

Se han introducido enmiendas a la ley a raíz de una serie de casos controvertidos. Hubo investigaciones penales  contra  destacados escritores y periodistas turcos como Elif Safak, Orhan Pamuk y Hrant Dink por sus opiniones sobre la cuestión armenia.

Cabe destacar que en octubre de 2005 Hrant Dink, editor de Agos, un periódico bilingüe turco-armenio, fue condenado en virtud del artículo 301 del Código Penal por denigrar "identidad turca". Se creía que, debido al estigma que acompañaba a su condena penal, Dink se convirtió en el objetivo de extremistas y en enero de 2007 fue asesinado a tiros.

Los tres cambios principales introducidos en el texto legal fueron: sustituir "identidad turca" y "República" por "nación turca" y "Estado de la República de Turquía", reduciendo así la duración máxima de prisión que se impondría a los culpables en virtud del artículo 301. Recientemente, en 2008, se añadió una cláusula de seguridad que disponía que cualquier investigación sobre el delito de denigración "identidad turca" primero debía que ser autorizada por el Ministro de Justicia de Turquía.

El 06 de octubre 2006 Akcam publicó una opinión editorial en Agos criticando la persecución de Hrant Dink. Luego, se presentaron tres denuncias penales contra él por parte de extremistas alegando, en base al artículo 301,  que había denigrado  la "identidad turca". Después de la primera denuncia, fue convocado a la oficina del fiscal local público a presentar una declaración en su defensa. El fiscal a cargo de la investigación decidió no procesarlo debido a que las opiniones de Akcam estaban protegidos por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Las otras dos investigaciones concluyeron con un sobreseimientos de Taner Ackam.  El Gobierno sostuvo que era poco probable que Akcam estuviera en riesgo de futuros enjuiciamientos debido a las  modificaciones introducidas recientemente en el artículo 301, particularmente en el hecho de que se necesitaba de una autorización especial del Ministerio de Justicia para iniciar una acción penal.

En consecuencia, entre mayo de 2008 (cuando se introdujo esta modificación) y noviembre de 2009, el Ministerio de Justicia recibió 1.025 solicitudes de autorización para entablar acción penales en virtud del artículo 301 y le dio curso favorable a 80 casos (alrededor del 8% del total de solicitudes).

Se alegó que a Taner Akcam no se le había impedido llevar a cabo sus investigaciones y que por el contrario, había sido  autorizado a acceder a los Archivos del Estado. Sus libros sobre el tema también estaban disponibles en Turquía.

De acuerdo con Akcam, sin embargo, el porcentaje de autorizaciones previas otorgadas por el Ministerio de Justicia fue mucho mayor, y estos casos principalmente se referían a la investigaciones penales contra los periodistas en casos de libertad de expresión.

Taner Ackam presentó las estadísticas de la Red de Comunicación e Información para el Monitoreo de Medios Independientes relativo  al período de julio a septiembre de 2008, según el cual un total de 116 personas, 77 de los cuales eran periodistas, fueron procesados en 73 casos de libertad de expresión.

Akcam alegó, además, que las denuncias penales presentadas contra él por sus puntos de vista se había convertido en una campaña de hostigamiento, con los medios de comunicación presentándolo como un "traidor" y "espía alemán".

También recibió mensajes de odio incluyendo insultos y amenazas de muerte. Se alega además que el miedo tangible a una condena penal no sólo había arrojado una sombra sobre sus actividades profesionales - que efectivamente dejó de escribir sobre la cuestión armenia en junio de 2007, cuando inició su acción legal ante la Corte Europea -,  sino que también le había causado un considerable estrés y ansiedad.

El fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre la aplicación del Art. 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión señala que el Gobierno de Turquía no se encuentra en condiciones de garantizar que Ackam no recibiera futuras denuncias penales basadas en el Art. 301. Se alega , además , que a pesar de la enmienda al artículo 301 en mayo de 2008 y  las garantías del gobierno, las acciones legales contra los que mencionaban la existencia del “genocidio armenio” no cesaron.

La solicitud de Taner Ackam fue presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 21 de junio de 2007. La sentencia fue dictada por una Sala compuesta por siete miembros: los Jueces Françoise Tulkens (Bélgica), Presidente; Danutė Jočienė (Lituania), David Thór Björgvinsson (Islandia), Dragoljub Popovic (Serbia), András Sajó (Hungría), Isil Karakas (Turquía), Guido Raimondi (Italia); y también Stanley Naismith, Secretario de Sección.

La decisión de la Corte La Corte consideró que había habido una "injerencia" en los derechos  de Akcam relativos a su libertad de expresión. La investigación penal en marcha contra él y el punto de vista de los tribunales turcos sobre la cuestión armenia a través de la aplicación del artículo 301 del Código Penal, así como la campaña pública contra él, confirmó que hubo un considerable riesgo de persecución a las personas que expresaran su " opiniones desfavorable" sobre el tema del genocidio armenio e indicó que la amenaza que pesaba sobre Akcam  eran reales.

Las medidas adoptadas para proporcionar protección contra persecuciones arbitrarias o injustificadas en virtud del artículo 301 no habían sido suficientes. Los datos estadísticos proporcionados por el Gobierno de Turquía demostraron que todavía había un número importante de investigaciones y Ackam alegó que ese número en realidad era aun mayor. El Gobierno ni siquiera explicó el objeto o la naturaleza de los casos en que el Ministerio de Justicia había concedido la autorización para tales procedimientos penales y persecuciones arbitrarias.

Además, el tribunal, de acuerdo con Thomas Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa,  decía en su informe que el sistema de autorización previa por parte del Ministerio de Justicia frente a cada caso no era una solución duradera acorde a la integración de estándares normativos de la Convención Europa con el sistema jurídico y las prácticas jurídicas de Turquía.

Además, en opinión de la Corte, mientras que el objetivo del legislador de proteger y preservar los valores y las instituciones del Estado de la denigración pública podría ser aceptado hasta cierto punto, la redacción del artículo 301 del Código Penal, según la interpretación del poder judicial, era demasiado amplia y vaga y no permitía a las personas a regular su conducta  para prever las consecuencias de sus actos. A pesar de la sustitución del término "identidad turca" por "la nación turca", al parecer no había habido ningún cambio en la interpretación de estos conceptos.

Por ejemplo, en el caso “Hrant Dink v.s Turquía” del 2010, el Tribunal europeo criticó a la Corte de Casación de Turquía por no haber modificado los criterios de aplicación del Artículo 301. En ese sentido, el Artículo 301 seguía constituyendo una amenaza permanente para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Como se desprende de la cantidad de investigaciones y juicios iniciados en virtud del presente artículo, cualquier opinión o idea que fuera considerada ofensiva, chocante o perturbadora podría ser el blanco de una investigación penal por los fiscales. En efecto, la medida de salvaguarda aplicada para evitar la aplicación abusiva del artículo 301 por el Poder Judicial no resultaban ser una garantía de no enjuiciamiento, ya que cualquier cambio de voluntad política o la política del gobierno podría influenciar  al Ministro de Justicia para que interpretara la ley  de tal forma que pudiera permitir persecuciones arbitrarias.

En vista de la falta de previsibilidad del Art. 310 y sus enmiendas, la Corte Europea de Derechos Humanos concluyó que  su vigencia interfería con el derecho a la libertad de expresión  de Taner Akcam en franca violación del artículo 10 de la Convención Europea de Derecho Humanos.

NOTA: En virtud de los artículos 43 y 44 de la Convención, esta sentencia de la Sala no es definitiva. Durante el período de tres meses siguientes a su entrega, cualquier Parte podrá solicitar que el caso se eleve a la Gran Sala de la Corte. Si tal solicitud prospera, un panel de cinco jueces considera si el caso merece un examen más detenido. En ese caso, la Gran Sala escuchará el caso y emitirá un juicio final. Si la solicitud de remisión es rechazada, el fallo de la Sala se convierte en definitivo en ese día. Una vez que la sentencia este firme se remite al Comité de Ministros del Consejo de Derecho de Europa para la supervisión de su ejecución.

Fuente: Asbarez.com

Link versión en inglés: http://asbarez.com/98857/human-rights-court-rules-turkey-cannot-criminalize-genocide-recognition/

Câmara aprova Comissão da Verdade; entenda como órgão atuará

Após quase dois anos de polêmicas e negociações, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a criação da Comissão Nacional da Verdade, que pretende esclarecer violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988.

Prevista no Programa Nacional de Direitos Humanos, assinado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 2009, a comissão busca trazer à tona a "verdade histórica" sobre o período e "promover a reconciliação nacional".

Desde que foi proposto, no entanto, o texto que cria a comissão foi alterado em vários pontos, principalmente para atender às queixas de militares. Eles temiam que a comissão ferisse a Lei da Anistia, que impede a responsabilização penal por crimes políticos perpetrados durante a ditadura militar (1964-1985), e exigiam que a comissão também tratasse de organizações de esquerda que aderiram à luta armada.
A BBC Brasil preparou uma série de perguntas e respostas sobre a comissão.

Quais serão as atribuições da Comissão da Verdade?
A comissão terá como finalidade "examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos" praticadas entre 1946 e 1988, "a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional".
Para isso, a comissão deverá analisar casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres, ainda que ocorridos no exterior. Também deverá identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos humanos, assim como suas eventuais ramificações nos aparelhos estatais e na sociedade.
A comissão deverá ainda encaminhar aos órgãos públicos competentes todas as informações que possam auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais dos 140 desaparecidos políticos do período
.
A Comissão terá o poder de punir ou recomendar que acusados de violações sejam punidos?
Não. Em abril de 2010, instado por ação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Supremo Tribunal Federal decidiu por sete votos a dois que a Lei da Anistia, de 1979, não deveria ser alterada para possibilitar a responsabilização penal dos indivíduos envolvidos em crimes como a tortura – ou como em ataques terroristas, no caso dos adeptos da luta armada.

O texto original foi alterado, aumentado o período de investigação dos crimes até 1946

A decisão enterrou a possibilidade de que a Comissão da Verdade tivesse qualquer poder punitivo.

Quais foram as mudanças na comissão aprovada em relação à proposta anterior, apresentada em 2010?
A proposta anterior fazia menção à "repressão política", expressão retirada do novo texto. Diferentemente da versão de 2010, a atual prevê o "exame" (e não mais a "apuração") de violações aos direitos humanos.
O período analisado pela comissão também foi alterado: em vez de englobar apenas o regime militar (1964-1985), o grupo tratará dos fatos ocorridos entre 1946 e 1988.

Quem integrará a comissão?
A comissão terá sete membros nomeados pela presidente Dilma Rousseff "de reconhecida idoneidade e conduta ética, identificados com a defesa da democracia e institucionalidade constitucional, bem como com o respeito aos direitos humanos".

Como a comissão atuará?
Os integrantes terão acesso a todos os arquivos do poder público sobre o período e poderão convocar vítimas ou acusados de violações para depoimentos, ainda que convocação não tenha caráter obrigatório.
Ao fim de dois anos, prazo de atuação do grupo, a comissão poderá publicar um relatório com seus principais achados.
O grupo não terá, todavia, a obrigação de divulgar tudo o que descobrir. Caso elabore uma lista com nomes de torturadores, por exemplo, a comissão pode optar por encaminhá-la somente à presidente e ao ministro da Defesa.

Quais as principais críticas à comissão?
Ativistas que defendem a investigação de crimes cometidos durante a ditadura afirmam que, sem o poder de punir, a comissão não colaborá para que se faça justiça.

Na Argentina, ex-presidentes militares foram julgados e presos pelo desaparecimento de civis

Dizem ainda que o longo período contemplado pela comissão impedirá uma análise aprofundada da época em que houve mais violações, a ditadura militar.
Já alguns militares e policiais temem que o grupo não dê o devido peso aos crimes cometidos por organizações esquerdistas e se queixam por não terem representantes na comissão.
Eles ainda afirmam que os trabalhos podem "reabrir feridas" na sociedade brasileira.
Para alguns analistas, a comissão disporá de prazo muito curto (dois anos) e terá poucos integrantes para concluir seu trabalho de forma satisfatória.

O modelo já foi testado em outros países?
Sim. Segundo pesquisa de Simone Rodrigues Pinto, professora da Universidade de Brasília, desde 1974, mais de 20 comissões semelhantes foram criadas no mundo todo. Na África do Sul, a comissão ajudou a esclarecer violações de direitos humanos ocorridas sob o regime do apartheid.
Também foram instaladas comissões em nações sul-americanas como Argentina, Chile e Peru – nesses países, no entanto, alguns militares, policiais e até ex-presidentes foram presos após os trabalhos.

BRASIL: Crean Comisiones de la Verdad para investigar delitos de la dictadura

AFP 20:37 Miércoles 26/10/2011

El Senado brasileño aprobó la noche del miércoles la creación de una Comisión de la Verdad que investigará las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar que se extendió de 1964 a 1985, informó la agencia oficial del ente legislativo.
El texto, que había sido aprobado en la Cámara de Diputados, fue respaldado en una votación en el plenario del Senado y ahora sólo precisa de la promulgación de la presidenta Dilma Rousseff.
El gobierno de Rousseff, una ex guerrillera de 63 años que fue encarcelada y torturada en la dictadura, había pedido urgencia en la votación de este proyecto que fue presentado al Congreso bajo la presidencia de su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva.
La Comisión prevé sacar a la luz hechos como la desaparición forzada de personas y violaciones de derechos humanos durante un periodo de tiempo mayor al de la dictadura, de 1946 a 1988, aunque sin levantar la amnistía vigente desde 1979 y confirmada por la Corte Suprema hace un año, que impide enjuiciar y encarcelar a los represores.
Su objetivo, según el texto, es "garantizar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional".
La comisión funcionará durante dos años y estará integrada por siete miembros nombrados por la presidenta.
El relator del proyecto, el senador Aloysio Nunes, de la oposición socialdemócrata, afirmó que "la Comisión sólo se legitimará si mantiene su enfoque en los delitos contra los derechos humanos cometidos durante el período de la dictadura (que comenzó en) 1964".
Fue entonces que "la acción experimental de un grupo de energúmenos violentos acabó asumiendo una escalada, hasta transformarse en una política de Estado de exterminio de adversarios", dijo Nunes.
Representantes de las familias de desaparecidos han criticado el proyecto porque podría no arrojar nuevas conclusiones, y por considerarlo contradictorio con la amnistía que protege a los militares.
En un mensaje a su Partido de los Trabajadores en setiembre pasado, Rousseff, que asumió en enero, anunció: "Haremos la Comisión de la Verdad. No hay la menor duda de eso. En el área de derechos humanos seré bastante firme". Y su gobierno pidió la urgencia en la votación en el Parlamento.
La creación de la Comisión llegó a generar tensiones entre el gobierno de Lula y los militares, pero posteriormente el alto mando pareció acatar una decisión que no afectaría a la ley de Amnistía y que no se ceñía sólo a los años de la dictadura, sino que era más amplio.
"La prueba de que esta comisión no funcionará es que los militares la apoyan. Esta comisión no esclarecerá ni siquiera la verdad", dijo recientemente Elizabet Silveira, dirigente de la ONG Tortura Nunca Más.
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Brasil por abusos de derechos humanos cometidos durante la dictadura y declaró sin "efectos jurídicos" la amnistía de 1979.
El Estado brasileño reconoce oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura, contra 30 000 en Argentina, más de 3 200 en Chile y 38 en Uruguay (otros 193 uruguayos desaparecieron en países de la región), según organizaciones humanitarias.
Las férreas dictaduras del Cono Sur latinoamericano comenzaron en Paraguay (1954-89) y siguieron en Brasil (1964-85), Uruguay (1973-85) , Chile (1973-90) y Argentina (1966-73 y 1976-83) . En todos esos países, a excepción de Brasil, hubo o hay juicios en curso contra represores.