Lesa humanidad: ya tiene fecha de inicio en Córdoba el juicio por la megacausa "La Perla"

El Tribunal Oral Federal 1 fijó para el 27 de noviembre el inicio del juicio que, por acumular 16 causas, será el más importante llevado a cabo en esa jurisdicción. El principal acusado es ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

La fecha de inicio del proceso de enjuiciamiento fue dada a conocer este lunes por el TOF1 y corresponde al expediente denominado "Menéndez III", que involucra a 450 víctimas y 43 imputados, y que significará el quinto juicio en Córdoba por delitos de lesa humanidad.

El juicio tiene previsto la comparecencia de aproximadamente 675 testigos, y según fuentes judiciales, esto lo convierte en el juicio más importante llevado adelante en esta jurisdicción, el cual surge de la acumulación de 16 causas.

El proceso de enjuiciamiento estará a cargo del TOF1, que para este caso está integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu.

Este será el quinto juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, y el cuarto a cargo del TOF1, sobre delitos que se investigan hechos cometidos en el centro de detención clandestino denominado `La Perla` durante los años 1975 a 1978.

La acusación estará a cargo del fiscal subrogante, Carlos Gonella, en tanto que las defensas serán ejercidas por los integrantes de la Unidad Móviles de Letrados de la Defensoría General Pública y por defensores particulares.

De los cuatro juicios realizados en Córdoba, en tres de ellos estuvo sentado en el banquillo de los acusados Menéndez y por las acusaciones recibió tres sentencias condenatorias de prisión perpetua.

Las querellas replicaron que la represión obedeció a un plan sistemático genocida

Neuquén.- Las querellas reafirmaron hoy que la represión de la última dictadura fue un "plan sistemático de exterminio, de naturaleza genocida", al responder a los alegatos de las defensas de 22 acusados, en el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Neuquén.
"Acá no hubo ninguna guerra sino un plan sistemático de exterminio de naturaleza genocida", sostuvo el abogado Juan Cruz Goñi, de la querellante Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en el juicio oral conocido como "Escuelita II".
El letrado señaló que "ofende a la inteligencia la hipótesis ya anacrónica de que existió una guerra contra la subversión. Tal concepción adolece de un obstáculo insalvable que es la falsa asimetría igualadora de víctimas y victimarios".
"De lo que se trató, fue de imponer a sangre y fuego un modelo económico neoliberal de exclusión social con el objeto de alterar definitivamente las relaciones sociales preexistentes", indicó.
Goñi rechazó además estrategias de las defensas para negar la lesa humanidad de los delitos por los que son jugados los acusados, entre otros argumentos, y la descalificación de testimonios de víctimas de la represión y familiares.
Por su parte, la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) pidió al Tribunal que rechace el pedido de nulidad del alegato de esa parte planteado por defensores de los acusados.
El CEPRODH también inscribió los delitos juzgados en el plan sistemático de represión genocida de la dictadura e invocó la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, con las penas correspondientes.
Mañana las defensas de los acusados desarrollarán las llamadas "dúplicas" a las argumentaciones de la parte acusatoria y, según lo previsto, en la audiencia del jueves próximo los imputados podrán pronunciar sus palabras finales antes de la sentencia. (Télam)

Ocho años de cárcel para una líder opositora de Ruanda por negar el genocidio

La líder opositora ruandesa Victoire Ingabire fue hoy condenada a ocho años de cárcel por negar el genocidio de Ruanda (1994) y por delitos de terrorismo.

Ingabire, jefa de las Fuerzas Democráticas Unificadas (FDU), fue sentenciada en el Tribunal Superior de Kigali, donde no estuvo presente por su decisión de boicotear el proceso al considerar que está motivado por causas políticas.

La jueza Alice Rulisa, citada por la web del diario ruandés "The New Times", afirmó que la opositora fue declarada culpable del "delito de conspiración para causar daños a las autoridades mediante el terrorismo y la guerra", por su colaboración con las rebeldes Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).

Rulisa agregó que Ingabire, que se ha declarado inocente de todos los cargos y lleva detenida desde octubre de 2010, fue condenada por el delito de negación del genocidio de 1994, aunque fue exculpada del cargo de "pedir otro genocidio".

Unas 800.000 personas, según cifras de la ONU, fueron asesinadas en el genocidio ruandés, la mayoría de la etnia tutsi, aunque también muchos hutus políticamente moderados.

El cargo relacionado con la negación del genocidio se remonta a un discurso que la líder de la FDU -que es hutu- hizo en enero de 2010, en el que cuestionó por qué el monumento oficial de Ruanda en recuerdo del genocidio no incluye a las víctimas hutus.

No obstante, los abogados de la dirigente opositora han adelantado que presentarán un recurso de apelación contra la sentencia judicial.

Ingabire regresó a su país en enero de 2010 tras su exilio en Holanda, con el fin de concurrir a las elecciones presidenciales celebradas en agosto de ese año, pero las autoridades prohibieron su candidatura y ordenaron después su detención.

El presidente ruandés, Paul Kagame, antiguo líder rebelde cuya milicia tutsi del Frente Patriótico de Ruanda (FPR) puso fin al genocidio, venció en esos comicios y logró un segundo mandato.

Seminario sobre Genocidio Armenio en Facultad de Derecho UBA

Lunes 29 de Octubre de 2012

Visitanos en:

Se realizó un seminario sobre el Genocidio Armenio en la Facultad de Derecho-UBA  El CLEGDH y la Cátedra Libre de Holocausto, Genocidio y Lucha contra la Discriminación de la Universidad de Buenos Aires culminaron el dictado del  Seminario Introductorio "El Genocidio Armenio (1915-1923). Una mirada desde el Derecho, la Historia y los Derechos Humanos  que se desarrolló en la Facultad de Derecho de dicha universidad. Las clases estuvieron a cargo de diferentes miembros del CLEGDH, perteneciente al Área Académica de la Fundación Luisa Hairabedian. Dicho seminario se enmarco en línea con el reciente dictamen del Consejo Directivo de la Facultad que resolvió “declarar de interés institucional el estudio y la investigación del Genocidio Armenio”.   Ver noticia completa

AV. Roque Saenz Peña 570 - Ciudad autónoma de Buenos Aires - Argentina +54 11 4342 4696 -info@genocidios.org - www.genocidios.org

Invitacion Acto de la Cultura Armenia

AFICHES POR LA MEMORIA FLH

Llegando a la recta final

Luego de mucho trabajo y varios bocetos, los alumnos y los docentes de los colegios Paideia, ORT, Instituto Marie Manoogian, Instituto San Gregorio El Iluminador, E.S. Nº9 de Fátima-Pilar, Instituto General Manuel Belgrano de Córdoba, Instituto Lenguas Vivas, Colegio Armenio Arzruni, Instituto Terztakian, Colegio Mekhitarista y EEMN Nº2 de Rumania han finalizado la etapa 3 de producción de afiches.
Cada escuela se transformó en un laboratorio creativo y de allí surgieron imágenes que logran interpelar y problematizar los sucesos más dolorosos de la historia de la Humanidad. En los afiches, abundan los mensajes  y cada obra mantiene la intensidad que los jóvenes han plasmado en diversas formas, colores, texturas y palabras. Entre tanta producción, los alumnos y los docentes han creado un mundo pensado desde y para los Derechos Humanos.
Los equipos de la Fundación Luisa Hairabedian y del Parque de la Memoria estamos abocados en la ardua tarea de selección de las obras que serán expuestas en el mes de diciembre.  

Seguimos pensando, reflexionando y trabajando, para volver a reflexionar.

Área Educativa FLH

 

Comunicado sobre la señalización de la comisaría de Cipolletti, que funcionó como centro clandestino de detención en la dictadura.

Comunicado de Prensa

 

La Multisectorial contra el Genocidio informa a los medios de comunicación y por su intermedio a la comunidad de Neuquén y Río Negro que el domingo 28 de octubre a las 18 hs, frente a la Comisaría 4º de Cipolletti realizaremos la SEÑALIZACIÓN de ese lugar que en la época de la dictadura funcionó como centro clandestino de secuestro y tortura. La actividad consiste en señalar Públicamente el lugar, informar a los vecinos e indicar que por allí pasaron compañeros que fueron sometidos a tremendos tormentos. Habrá radio abierta, discursos políticos y expresiones artísticas. 

 

LA POLICIA DE RIO NEGRO Y LA COMISARIA DE CIPOLLETTI.

 

Durante la dictadura cívico-militar la Policía de Río Negro tuvo un rol sumamente activo en la represión ilegal. Decenas de testimonios de Víctimas secuestradas y torturadas por esta Fuerza, familiares, testigos y múltiples documentaciones militares y policiales de la época dan cuenta de su accionar conjunto en el Plan Genocida. LA COMISARIA DEL CENTRO DE CIPOLLETTI no solo fue un lugar de detención y traslados de las víctimas secuestradas, sino que fue UN CENTRO CLANDESTINO DE SECUESTROS Y TORTURAS. Según consta de las investigaciones judiciales y denuncias, mas de 25 vecinos/as fueron secuestrados y torturados en esta Comisaría, de los cuales muchos aún continúan desaparecidos.

 

ALGUNOS POLICIAS DE RIO NEGRO QUE ACTUARON EN ESTA COMISARÍA CONVENCIDOS DE LLEVAR ADELANTE EL PLAN GENOCIDA

 

Antonio Camarelli Comisario retirado de la Policía de Río Negro. En el año 1976 se desempañaba como Jefe de “operaciones especiales” en la zona que abarca Catriel hasta Allen. 

Miguel Angel Quiñones: Comisario Retirado de la Policía de Río Negro. En los años de la Dictadura era Oficial de Inteligencia. Actuaba y dirigía los grupos de tareas que realizaban los secuestros y torturas en la Comisaría 4º. –

Julio Héctor Villalobos: Ex Oficial de la Policía de la Policía de Río Negro. Actuaba en los secuestros y torturas en la Comisaría 4º. 

Oscar Ignacio del Magro: Sub Comisario retirado de la Policía de Río Negro. Durante la dictadura se desempeñaba de civil y pelo largo para poder  accionar como “buchón” de la comisaría 4º de Cipolletti. Participó del grupo de tareas que secuestró, interrogó y torturó a Raúl Sotto entre otros. 

 

Enerio Gerónimo Huircaín: Comisario Retirado de la Policía de Río Negro. Era Oficial encargado del área Inteligencia. Actuó en operativos de secuestros y torturas en la Comisaría 4º de Cipolletti. Fue denunciado por varios vecinos de esta ciudad como su captor o torturador. También realizaba tareas de inteligencia en los Sindicatos. 

 

Saturnino Martinez: Se desempeñaba como Sub-Oficial de la Policía de Río Negro. Es denunciado como uno de los encargados de aplicar el “Submarino” y otras Torturas en la Comisaría 4º. 

 

Desiderio Penchulef: Ex Comisario Principal de la Policía de Río Negro, Jefe de la Comisaría de Cinco Saltos durante la dictadura. Participó de los secuestros de Roberto Liberatore y Pedro Justo Rodríguez entre otros. 

 

Jorge Alberto Galera: Ex Oficial de Inteligencia de la Policía de Río Negro –actuó en la comisaría de Cinco Saltos – Estuvo imputado en el primer Triple Crimen (1997). Fue uno de los que estuvo a cargo del secuestro de Roberto Liberatore.

 

EL GENOCIDIO DE AYER Y LA IMPUNIDAD DE HOY.

 

El plan Genocida no podría haberse ejecutado sin el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas policiales federales y provinciales que integran hasta el día de hoy un Aparato Represivo que el propio estado no ha querido desmantelar. No solo cientos de represores continúan en funciones sino que se mantienen prácticas de persecuciones, inteligencia, torturas, desapariciones y muertes. 

 

La propia institución policial de Río Negro es una de las actoras principales de estas prácticas. El primer Triple Crimen, la Trata de Mujeres, los crímenes a los Jóvenes de Bariloche, la desaparición de Solano en Valle Medio son solo algunos ejemplos de Impunidad que sigue gozando esta Fuerza.

 

Es por ello que convocamos a la comunidad a sumarse al reclamo por justicia verdadera, y la condena por Genocidio en cárcel común, perpetua y efectiva a todos los responsables.

 

LOS JUZGA UN TRIBUNAL. 

 

LOS CONDENAMOS TODOS Y TODAS!!

 

MULTISECTORIAL CONTRA EL GENOCIDIO

 

NEUQUÉN Y RIO NEGRO

Empeñado en demorar el juicio

El fiscal de la causa por delitos de lesa humanidad en San Nicolás consideró de "una gravedad superlativa" que el juez se haya llevado al imputado Saint Amant, lo que obligó al Tribunal Oral a suspender la audiencia del 17 de octubre.

 Por Sonia Tessa

La única audiencia que hubo la semana pasada en la causa por delitos de lesa humanidad en San Nicolás -que se realiza en Rosario-, se dedicó a la ampliación de la indagatoria del ex jefe de la Policía Federal nicoleña, Jorge Muñoz. Pero eso no fue lo más importante. El fiscal Juan Patricio Murray planteó la "gravedad superlativa" de lo ocurrido el 17 de octubre pasado, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 debió suspender la audiencia porque uno de los acusados, Manuel Fernando Saint Amant, ex jefe del Area 132 de Inteligencia del Ejército, fue convocado por el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo. "El imputado no se encontraba detenido a disposición de este magistrado en ninguna de las dos causas por delitos de lesa humanidad que tramita su juzgado", subrayó Murray.

La respuesta del presidente del Tribunal, Jorge Venegas Echagüe fue que el mismo día enviaron un oficio al juez para que "en lo sucesivo" informe con anterioridad de estos trámites. Fue evidente que la respuesta no conformó al integrante del Ministerio Público Fiscal. "Esperamos que se tomen recaudos para que esto no vuelva a ocurrir. Nos parece de una gravedad superlativa que se ordene el traslado de un imputado detenido a disposición de este Tribunal por parte de otro magistrado, que no lo tiene a su disposición en ninguna causa", dijo Murray en la audiencia.

La molestia de Murray era inocultable. Una vez terminada la audiencia, subrayó que el accionar de Villafuerte Ruzo puede encuadrarse como privación ilegítima de la libertad. "Cómo un juez le va a ordenar a una fuerza federal el traslado de un detenido que no se encuentra a su disposición", enfatizó su pregunta el fiscal, que conoce al dedillo las causas por delitos de lesa humanidad de San Nicolás. La ausencia de Saint Amant dilató una semana las audiencias del proceso oral y público, que comenzaron el 3 de julio pasado.

El planteo de Murray -coadyuvante de la fiscalía de Adriana Saccone- no fue nada descabellado. Una altísima fuente del Tribunal consideró que el fiscal "tiene razón" en enojarse. Y el accionar de Villafuerte Ruzo tampoco es novedoso para los querellantes. El día de la audiencia frustrada, Manuel Gonçalves Granada subrayó que ese juez "siempre demoró y obstaculizó la llegada a juicio de esta causa". De hecho, la abogada de la querella y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana Oberlin, subrayó en más de una oportunidad que Villafuerte Ruzo hizo todo lo posible para imputar sólo a los caras visibles en la consecución de los delitos de lesa humanidad, y evitó avanzar en la investigación de otras responsabilidades.

El juicio oral y público hoy en marcha concentra tres causas. En una, por la masacre de la calle Juan B. Justo 676, están imputados Muñoz, Saint Amant y el también militar Antonio Bossié, que brindará declaración indagatoria cuando terminen los testimonios. En esa masacre, ocurrida en la madrugada del 19 de noviembre de 1976, fueron asesinados Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini, Ana María Granada y los niños Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años, que murieron asfixiados por los gases lacrimógenos. El único sobreviviente fue Gonçalves Granada, que tenía cinco meses y se salvó porque su mamá lo puso en un placard, envuelto en colchones. Otra causa acumulada en este juicio oral y público investiga la desaparición de Raquel y María Cristina Alvira, Horacio Martínez, Regina Spotti, Rosa Baronio y Eduardo Reale, así como la privación ilegítima de la libertad de los niños Martín y Víctor Almada y Fernando Alvira. La tercera causa es por el secuestro de José Emilio Mastroberardino.

En la audiencia del martes pasado, Muñoz se limitó a pedir el parte prevencional incluido en el expediente, en el que él -como jefe de la Policía federal nicoleña- afirma haber "abatido" a Omar Amestoy y Fettolini dentro de la casa. Es importante porque en la actualidad, la teoría de la defensa de los represores es que la pareja se suicidó. Una situación que no fue confirmada por ninguno de los peritos durante la causa. El parte de la disputa --cuyo original desapareció sugestivamente del expediente judicial original, de la época de la dictadura-- se encuentra incorporado al expediente a partir de una copia cuya autoría está certificada por el ex comisario Raúl Acosta. Justamente, Acosta se negó a reconocer su firma al pie de ese documento público, con membrete de la Policía Federal. Y la fiscalía pidió una pericia caligráfica, hoy a cargo del cuerpo de peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El martes próximo, el Tribunal integrado por Venegas Echagüe, Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Baravani, escuchará al último testigo de la causa: el perito de la defensa Javier Ureta Sáenz Peña, que participó en los peritajes sobre los restos de Fettolini y Amestoy en el cementerio de Nogoyá. Justamente, la fiscalía pidió que se investigue si este testigo incurrió en incompatibilidad, ya que es auxiliar superior médico legista de la Policía Federal y participó como perito de la defensa en esta causa. Para Murray, "no es una situación normal". El Tribunal escuchará al testigo el martes y luego decidirá si lo toma o no en cuenta, ante el planteo de posible "roce con la investidura policial".

El juicio está en su última etapa. Tras la declaración de Ureta Sáenz Peña y la llegada del resultado de la pericia, vendrá la indagatoria de Bossié y luego, los alegatos de las partes. Lo último es la posibilidad de los imputados de decir sus últimas palabras. Aunque el Tribunal se había propuesto dictar el veredicto el 3 de diciembre, está en duda que puedan llegar a esa fecha con una decisión. El día de la sentencia se terminará una espera de más de 35 años para los familiares de las víctimas. Será un anhelado día de justicia en una causa que lleva ocho años de trámite.

Lesa humanidad: Menéndez fue condenado en 3 de los 4 juicios realizados en Córdoba

Cuatro juicios por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar se realizaron en la provincia de Córdoba y en tres de ellos fue condenado a prisión perpetua el represor Luciano Benjamín Menéndez, el genocida que recibió mayor cantidad de sentencias hasta ahora.

En julio de 2008, por el secuestro, tortura y muerte de cuatro jóvenes militantes políticos ocurridos en 1977, fueron condenados a prisión perpetua además de Menéndez; el ex sargento primero de la policía cordobesa Carlos Alberto Díaz; el ex agente civil de inteligencia de la Side Ricardo Lardone; y los ex sargentos primero del Ejército Luis Alberto Manzanelli y Orestes Padován.

A 22 años de prisión fueron condenados el ex teniente primero Jorge Exequiel Acosta y el ex coronel Hermes Oscar Rodríguez; y a 18 años el ex sargento primero del Ejército Carlos Alberto Vega.

En diciembre de 2009, por violaciones a los derechos humanos en un juicio que acumuló tres causas (Albareda, Morales y Moyano), Menéndez fue condenado nuevamente a prisión perpetua junto al ex policía de Córdoba Hugo Britos; el ex coronel Rodolfo Aníbal Campos; el ex comisario de Córdoba César Cejas.

En tanto, a 16 años fue condenado el ex cabo de la Policía Federal Miguel Angel Gómez.

En diciembre de 2010, por la muerte de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1), aplicando la `Ley de Fugas` además de secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales (D2), sindicados como infiltrados en las organizaciones políticas opositoras en 1976, fueron condenados a perpetua Menéndez y el ex dictador Jorge Rafael Videla.

También fueron condenados a la pena máxima los ex militares Vicente Meli, Mauricio Poncet, Raúl Fierro, Jorge González Navarro, Gustavo Alsina, Pedro Mones Ruiz y Miguel Angel Pérez.

El máximo de la pena se extendió a los ex policías Carlos Yanicelli, Miguel Angel Gómez, Luis Lucero, Calixto Flores, Yamil Jabour, Marcelo Luna y Ramón Molina.

En cuanto a los restantes imputados, Hermes Rodríguez fue condenado a 12 años; José San Julián, 6 años; Juan Húber, 14 años; Víctor Pino Cano, 12 años; Carlos Hibar Pérez, 10 años; Mirta Antón, 7 años y Fernando Rocha, 8 años.

En marzo de este año, por la causa conocidad como "Menéndez III" por el asesinato de los jóvenes militantes de la JUP, Carlos Delfín Oliva, Ana María Villanueva y Jorge Diez, ocurrido el 2 de junio de 1976, fueron condenados a prisión perpetua los ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la policía de la provincia Pedro Nolasco Bustos, José Olivieri y Jorge Woroná.

Holanda juzga genocidio en Ruanda por primera vez en sus tribunales

Un tribunal holandés abrió el lunes en La Haya el proceso por genocidio contra Yvonne Basebya, una holandesa de origen ruandés acusada de estar implicada en el genocidio de 1994 en Ruanda.

Es la primera vez que un tribunal ordinario juzga un caso relacionado con genocidio, en virtud de una ley de "competencia universal" con la que cuenta la legislación de Holanda.

Basebya, de 65 años, fue acusada de tener que ver en "el asesinato y violación de tutsis, con el objetivo de exterminar la población tutsi", declaró el fiscal Ward Fernandusse.

Basebya escuchó a los representantes de la Fiscalía enumerar los seis cargos imputados y por la tarde tomó la palabra en francés para afirmar su inocencia: "A mí me dieron la nacionalidad holandesa en 2004 porque (las autoridades de Holanda) investigaron y juzgaron que yo era inocente".

El genocidio, iniciado luego del asesinato, el 6 de abril de 1994, del presidente ruandés, el hutu Juvénal Habyarimana, cobró 800.000 muertos en tres meses, según la ONU.

Las víctimas fueron en su mayoría de etnia tutsi, pero también hutus moderados.

Basebya está acusada de haber desempeñado un papel decisivo en ese genocidio, y más concretamente en el asesinato de 110 tutsis refugiados en una iglesia al sur de Kigali.

Según la Fiscalía, la acusada habría incitado a matar tutsis y habría hecho listas de las personas que debían ser eliminadas.

La Haya
AFP

Alemania reconoce el genocidio gitano

Llega tarde, pero llega. El monumento que honra al casi medio millón de víctimas gitanas asesinadas bajo órdenes del gobierno nazi ha sido inaugurado en Berlín 67 años después de su particular genocidio, del que aún se conoce muy poco.

En un solemne y emotivo acto que ha contado con la presencia de la canciller Angela Merkel y numerosas autoridades alemanas se ha recordado la tragedia que sufrió una de las minorías más importantes de Alemania. Debido a que estaba menos organizada que las comunidades judías, es más difícil evaluar el número de víctimas de este genocidio, al que el pueblo romaní denomina 'Porraimos'. Se estima que fueron entre 220.000 y 500.000 los muertos en los diversos campos de concentración que se construyeron en el país.

Un lugar de paz para los perseguidos

El monumento está encajado en una esquina del parque Tiergarten, entre las Puerta de Brandemburgo y el edificio del Reichstag. El proyecto es obra del artista y arquitecto israelí Dani Karavan, y representa un "claro en medio del parque, entre árboles y arbustos, donde apenas se puede escuchar el ruido de la ciudad". La escultura, un pequeño lago circular en de donde no cesa de manar agua, está concebido como un lugar de paz donde honrar la memoria de los perseguidos.

Muy poco se conoce de este oscuro episodio de la historia este país, lo que ha provocado las críticas de algunos de los presentes. "Ni siquiera en el proceso de Nuremberg se arrojó luz sobre el genocidio gitano", ha denunciado Zoni Weisz, un superviviente cuyo testimonio ha arrancado más de una lágrima entre el público.

El genocidio gitano es equiparable al de otras minorías que había en Alemania como homosexuales, polacos o enfermos mentales, pero ¿por qué no se había hecho antes este reconocimiento? "

Los gitanos son la minoría étnica más grande de Europa pero su problema es que hasta ahora no tenían un lobby", señala Andrés Nader, miembro de RAA, organización alemana que se dedica a la integración de minorías en el ámbito laboral y que cuenta con varios proyectos con el pueblo romaní.

El lobby al que se refiere Andrés lleva el nombre de Cosejo Central Alemán del Pueblo Sinti y Roma, que desde hace más de una década reclama al Gobierno central la creación de un monumento que honre el 'Porraimos'. La canciller Merkel no ha dudado en agradecer la perseverancia de la organización por la construcción de un memorial que honra no sólo al pueblo gitano sino también "a todas las minorías perseguidas a lo largo de la historia".

Pese a las críticas, son muchos los que defienden que Alemania camina poco a poco y con paso firme hacia el reconocimiento de todas las víctimas de su historia reciente, y que esto no se logra de un día para otro.

Lesa humanidad: Casación ratificó condena a prisión perpetua contra Menéndez por delitos en Córdoba

La Sala IV rechazó los recursos de casación presentados por las defensas del imputado y de otros cuatro acusados. Además, impuso la pena de seis años de prisión para Calixto Luis Flores, quien había sido absuelto por el tribunal oral.

El 22 de octubre de 2012 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Mariano H. Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, dictó sentencia en la causa en la cual se investiga la responsabilidad penal de, entre otros, Luciano Benjamín Menéndez y Rodolfo Aníbal Campos, por numerosos hechos de crímenes contra la humanidad ocurridos durante la última dictadura en centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de la Provincia de Córdoba.

En la sentencia revisada por la casación, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba en la causa Nro. 281/2009 de su Registro, condenó a Luciano Benjamín Menéndez –en su calidad de Jefe del 3er Cuerpo del Ejército, General de Brigada, Comandante del Área 311- , a Rodolfo Aníbal Campos –en su calidad de Jefe de la Policía de Córdoba-, a César Armando Cejas –en su calidad de Subdirector de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2)- y a Hugo Cayetano Britos –en su calidad de Oficial, Jefe de Brigada Antisubversiva (dentro del D2)- a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua y accesorias legales y a Miguel Ángel Gómez –en su calidad de Suboficial de la Policía de Córdoba- a la pena de 16 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo y accesorias legales y, absolvió a Calixto Luis Flores –en su calidad de Suboficial Sargento-.

La Sala IV confirmó las condenas impuestas por el tribunal de la instancia anterior y, con el voto de los doctores Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, condenó desde la instancia casatoria a Calixto Luis Flores a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, por encontrarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por tratarse de un funcionario público y por el uso de violencia por el hecho particularmente cruel que damnificó al subcomisario de la Policía de Córdoba Ricardo Fermín Albareda.

Esta es la novena sentencia definitiva en causas en las que se investigan crímenes contra la humanidad cometidos en la última dictadura que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ha resuelto, en lo que va del año (causa “Reinhold” registro 137/12, en la cual se investigaron hechos constitutivos de delitos de crímenes contra la humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita”; “Molina” registro 162/12, en la que se consideró por primera vez en la historia jurídica argentina que delitos contra la integridad sexual -violaciones- constituyen delitos de lesa humanidad; “Rezett”, registro 516/12, en la que se analizó un ejemplo de la cruel metodología utilizada por la última dictadura al perpetrar los trágicos sucesos que sucedían en la época; “Arrillaga”, registro 743/12, en la que se condenó por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención con sede en la Base Naval de Mar del Plata; “Olivera Róvere”, registro 939/12, en la que se juzgaron las responsabilidades de las máximas autoridades del que fuera Primer Cuerpo de Ejército, y se condenó a los Jefes de Área de la Subzona Capital Federal –que habían sido absueltos por el Tribunal Oral-; “Soza”, registro 1191/12, en la que la casación revocó el sobreseimiento y la falta de mérito dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca respecto de Jorge Alberto Soza, quien a la época de los hechos se habría desempeñado como Segundo Jefe de la Policía Federal de Neuquén; “Liendo Roca”, registro 1242/12, en la que el tribunal casatorio, con cita de la jurisprudencia nacional e internacional vigente –que incluyó el célebre antecedente del “Caso de los jueces” que tuvo lugar en el marco de los juicios de Nüremberg– y de la doctrina más autorizada sobre la materia, estableció que constituyen delitos contra la humanidad y, en consecuencia, son imprescriptibles los cometidos por un juez y un fiscal durante la última dictadura en tanto toleraron la comisión de crímenes de lesa humanidad; y “Greppi”, registro 1404/12, en la que se confirmaron las condenas de Néstor Omar Greppi, Omar Aguilera, Roberto Oscar Fiorucci, Carlos Alberto Reinhart, Néstor Bonifacio Cenizo, Athos Reta, Oscar Yorio y Hugo Roberto Marenchino por crímenes contra la humanidad cometidos en la Provincia de La Pampa, en la Subzona 1.4, dependiente del Primer Cuerpo del Ejército, durante la última dictadura).