Jujuy.- La abogada querellante en la causa "Aredez Luis y otros", María José Castillo, presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta una recusación al juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y solicitó prisión preventiva para el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y el ex administrador general de la empresa, Alberto Lemos, quienes se encuentran en libertad provisional. En la provincia de Jujuy se lleva a cabo el primer juicio de lesa humanidad que tiene a tres militares imputados por detenciones ilegales, torturas y desaparición de personas, en cinco causas unificadas que comenzaron el 12 de julio del año pasado, en tanto que el 21 de febrero comenzarán los alegatos según dispuso el TOF de Jujuy.
De Rabbi Baldi Cabanillas dijo que públicamente y desde su pertenencia a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas "desaprobó las acusaciones en delitos de lesa humanidad realizadas a Carlos Pedro Blaquier". Teniendo en cuenta que es en esa Cámara donde se tramitan expedientes de la denominada ?Causa Ledesma?, se podrá entender la necesidad de garantizar "una eficaz administración de la Justicia".
La abogada querellante solicitó también el cese de libertad provisional de Carlos Pedro Blaquier y de Alberto Enrique Lemos, y que se ordene prisión preventiva, considerando que en las declaraciones testimoniales de víctimas surgen "las responsabilidades directas del propietario del Ingenio Ledesma como de su Administrador General, que es a la vez miembro del Directorio".
Castillo destacó que ?es la Cámara Federal de Apelaciones de Salta la que va a decidir si Blaquier sigue o no en libertad y si sigue o no procesado en la causa?, que fue apelada por los abogados de Blaquier y Lemos.
Recordó la abogada querellantes que uno de los abogados de Blaquier es Horacio Aguilar, quien fue Juez Federal en Jujuy y actuó en el año 2008 como miembro subrogante de la Cámara Federal salteña.
Manifestó también que Ricardo Aredez, hijo de Luis Aredez, en sus testimoniales relató que el propio Alberto Lemos le dijo a su madre que la empresa no solo aportó vehículos sino que comisionó a sus empleados a efectuar detenciones.
El empresario Carlos Pedro Blaquier y el ex administrador Alberto Lemos están procesados en la causa también conocida como la Noche del Apagón, medida que adoptó el Juez Federal Penal Fernando Poviña, quien reemplazó a Carlos Olivera Pastor, quien debió renunciar tras ser resistida por años su gestión y acusado por abogados de organizaciones defensoras de derechos humanos y sociales por demorar las causas de lesa humanidad en la provincia.
Entre el 20 al 27 de julio de 1976, fuerzas conjuntas de Ejército, Gendarmería y policías detuvieron en Libertador, Calilegua y El Talar a cuatrocientas personas luego de generar apagones en esos pueblos, de los cuales una treintena de ellas continúan desaparecidas.
La abogada querellante solicitó también el cese de libertad provisional de Carlos Pedro Blaquier y de Alberto Enrique Lemos, y que se ordene prisión preventiva, considerando que en las declaraciones testimoniales de víctimas surgen "las responsabilidades directas del propietario del Ingenio Ledesma como de su Administrador General, que es a la vez miembro del Directorio".
Castillo destacó que ?es la Cámara Federal de Apelaciones de Salta la que va a decidir si Blaquier sigue o no en libertad y si sigue o no procesado en la causa?, que fue apelada por los abogados de Blaquier y Lemos.
Recordó la abogada querellantes que uno de los abogados de Blaquier es Horacio Aguilar, quien fue Juez Federal en Jujuy y actuó en el año 2008 como miembro subrogante de la Cámara Federal salteña.
Manifestó también que Ricardo Aredez, hijo de Luis Aredez, en sus testimoniales relató que el propio Alberto Lemos le dijo a su madre que la empresa no solo aportó vehículos sino que comisionó a sus empleados a efectuar detenciones.
El empresario Carlos Pedro Blaquier y el ex administrador Alberto Lemos están procesados en la causa también conocida como la Noche del Apagón, medida que adoptó el Juez Federal Penal Fernando Poviña, quien reemplazó a Carlos Olivera Pastor, quien debió renunciar tras ser resistida por años su gestión y acusado por abogados de organizaciones defensoras de derechos humanos y sociales por demorar las causas de lesa humanidad en la provincia.
Entre el 20 al 27 de julio de 1976, fuerzas conjuntas de Ejército, Gendarmería y policías detuvieron en Libertador, Calilegua y El Talar a cuatrocientas personas luego de generar apagones en esos pueblos, de los cuales una treintena de ellas continúan desaparecidas.
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