Guatemala, 10 may (PL) El Tribunal de Mayor Riesgo A, de Guatemala, prevé emitir hoy sentencia en el juicio que se desarrolla aquí desde marzo pasado contra el expresidente de facto (1982-1983) Efraín Ríos Montt y su antiguo jefe de Inteligencia José Rodríguez.
El Ministerio Público guatemalteco, ente acusador, ha pedido una condena de 75 años de cárcel para ambos exmilitares, acusados de ser los responsables intelectuales del asesinato de mil 771 indígenas ixiles durante el régimen encabezado por Ríos Montt.
Para este viernes la judicatura fijó la conclusión de Rodríguez, antes de que los jueces terminen el debate y deliberen en lugar secreto para citar a las partes horas después y leer el dictamen.
Benjamín Jerónimo, representante de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) -una de las organizaciones querellantes en el caso- afirmó en la audiencia de la víspera que personas o grupos piensan que una sentencia por genocidio puede poner en peligro los Acuerdos de Paz en 1996.
Sin embargo, aclaró al respecto, nosotros buscamos justicia con dignidad.
Por su parte, el abogado de la AJR, Edgar Pérez, se refirió a que los testigos narraron historias que confirman las masacres, torturas, violencia sexual, desplazamiento forzado de adultos y niños durante el período de facto de Ríos Montt.
También aludió a los testimonios en los cuales se habló de quema de casas, cosechas y robo de animales ejecutados con el objetivo de destruir al pueblo ixil, lo cual consideró genocidio.
El abogado Francisco Vivar, representante del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos (Caldh) -también querellante- indicó que durante el conflicto armado interno (1960-1996), el alto mando del Ejército no respetó las normas del derecho internacional humanitario que establecen la protección de civiles.
Vivar recordó que muchos de los sobrevivientes de la guerra denunciaron durante el asesinato de mujeres y niños, la violencia sexual contra menores y el traslado forzoso de infantes a lugares lejos de su familia y cultura.
Referidos a Rodríguez, los abogados querellantes señalaron que su responsabilidad como jefe de inteligencia fue la de proporcionar información en la que se catalogaba al pueblo ixil como enemigo interno.
Entretanto, Ríos Montt se declaró inocente y afirmó que no ordenó o autorizó ninguna acción contra una etnia, raza o religión.
"Me declaro inocente, nunca he tenido la intención o el propósito de destruir ninguna etnia nacional", expresó Ríos Montt durante su intervención del jueves.
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