El expresidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt, fue condenado a ochenta años de cárcel por el genocidio cometido en su país contra la etnia ixil en el departamento de Quiché. La condena tiene un gran significado político y simbólico. Por primera vez un exjefe de Estado es juzgado y condenado por los jueces, motivo por el cual existen expectativas de nuevos juicios a quienes durante cuatro décadas fueron responsables de masacres que superan el número de doscientas mil muertes.
El antecedente es valioso por varios motivos. Nunca como en este caso la palabra “genocida” ha sido tan bien empleada. El ejemplo merece tenerse en cuenta, porque “genocida” ha sido en la Argentina una palabra devaluada y manipulada . Por el contrario, la masacre de 200.000 indios se ajusta perfectamente al concepto de genocidio, es decir el exterminio de una etnia, exterminio que incluye niños y ancianos, porque, bueno es recordarlo, en el genocidio las víctimas lo son por su mera existencia, por pertenecer a una raza o etnia. Esto es lo que ocurrió en Guatemala; esto es lo que no ocurrió en la Argentina.
Ríos Montt tiene en la actualidad 86 años, por lo que su condena de ochenta años inconmutable no podrá cumplirla por evidentes motivos biológicos, pero lo importante es que el precedente jurídico quedó sentado, un precedente que ha alarmado a civiles y militares complicados con la represión ilegal y el terrorismo de Estado practicado en el pasado y que en estos días se han movilizado para advertir que no están decididos a correr la suerte de Ríos Montt.
Sin ir más lejos, los principales voceros de los militares no vacilaron en calificar a esta condena como el producto de una conspiración marxista perpetrada en sociedad con la Iglesia Católica y su obispo, Álvaro Ramazzini. Confiados en su poder y con su habitual tono amenazante, advirtieron a políticos y jueces que no están dispuestos a someterse a los tribunales de la democracia, además de reiterar a cada instante su plena solidaridad con Ríos Montt
Puede que la condena mencionada sea, por lo tanto, un caso testigo y que el ex mandatario cumpla la función de chivo expiatorio, aunque las reacciones de la corporación militar no parecería corroborar esa hipótesis. Conviene tener presente que Guatemala en la actualidad está muy lejos de ser una democracia modelo. La violencia política y la violencia mafiosa del narcotráfico, practicada por la mano de obra desocupada del terrorismo de Estado en alianza con cárteles mexicanos, operan en algunas regiones del norte con abierta impunidad. Con semejante escenario, queda claro que el actual presidente Otto Pérez no dispone de las mejores condiciones para juzgar a los asesinos.
Ríos Montt fue presidente de Guatemala desde marzo de 1982 a agosto de 1983, es decir menos de un año y medio. Durante ese período organizó escuadrones de la muerte que se encargaron de practicar operativos de limpieza étnica particularmente en el departamento de Quiché. Todas las imputaciones que se le han hecho son verdaderas y están probadas, pero no se debe perder de vista que en Guatemala las masacres se extendieron durante cuarenta años y las responsabilidades, en consecuencia, no se reducen a Ríos Montt, por más que este caballero en su condición de militar fue uno de los protagonistas centrales del genocidio.
Digamos, por lo tanto, que el hombre reúne las “virtudes” emblemáticas de un genocida o para estar más a tono con la región, de un clásico dictador bananero. Su breve presidencia no le impidió ejecutar a disidentes y rebeldes. Quince personas fueron fusiladas, luego de juicios fraguados, durante su mandato. El Papa Juan Pablo II le solicitó que suspendiera las ejecuciones, pero “el ungido por Dios”, como él mismo se calificaba, exigió que se cumplieran sus órdenes.
Ríos Montt nació en 1926 en el seno de una familia modesta. Como Trujillo o Somoza, para citar a los personajes que admiraba, fue policía, militar y siempre estuvo vinculado con el hampa. También, como sus admirados, se valió del poder castrense para conspirar y estar presente en todas las asonadas de su tiempo. Católico desde la cuna, en algún momento renegó de la religión de sus mayores y se transformó en un exaltado militante de una de las tantas iglesias pentecostales que pululan por Centroamérica. En nombre de esa fe fundamentalista y fanática justificó todos sus crímenes, aunque en el reciente juicio no vaciló en responsabilizar de las muertes cometidas durante su mandato presidencial a sus colaboradores. Como Somoza o Truijillo, el coraje de asumir la responsabilidad de sus actos, no es la virtud que adorna la personalidad de don Efraín.
El periodista John Carlin, que lo entrevistó cuando era presidente, escribió luego que le parecía haber estado frente a un alienado, un personaje algo místico y algo chiflado, pero de una pavorosa sangre fría a la hora de tomar decisiones. En la misma nota, Carlin describe el horror cotidiano de Guatemala en aquellos años, los allanamientos del ejército o de bandas armadas y las masacres de indios, mestizos y disidentes. “Nunca he estado en un país más siniestro que la Guatemala que conocí en los años ochenta. Cuesta creer que en un país con tantas bellezas naturales, el horror político sea tan desmesurado”, escribe. Por último, este periodista cuyas notas y libros sobre Sudáfrica lo hicieron célebre en el mundo, no vacilará en calificar al régimen guatemalteco como “el apartheid más atroz”, ya que la exclusión de aborígenes en Guatemala fue mucho más salvaje que la practicada por los bóers en Sudáfrica. “Un negro sudafricano era un ser mucho más libre que un indígena guatemalteco. En Guatemala el asesinato era el primer recurso; en Sudáfrica, el último”, explica.
En el contexto de la Guerra Fría, Guatemala se alineó sin vacilaciones del lado de los Estados Unidos, un alineamiento que a Ríos Montt le permitió ser durante la gestión de Ronald Reagan, el hombre de confianza en la guerra social practicada contra la subversión, y en particular contra las comunidades aborígenes, acusadas de marxistas, aunque en realidad la causa determinante del exterminio étnico, no fue la ideología sino la apropiación y el despojo de tierras.
Alguna vez habrá que debatir si el alineamiento con los Estados Unidos durante la Guerra Fría implicaba automáticamente identificarse con las dictaduras militares y la represión ilegal. El tema merece estudiarse, pero en el caso de Centroamérica no hay ninguna duda de que aquella confrontación de bloques ideológicos globales fue también una guerra de clases financiada internamente por las voraces oligarquías criollas y puesta en práctica por fuerzas armadas transformadas en guardias pretorianas de órdenes injustos. Una excepción en ese escenario fue Nicaragua en 1979, cuando el presidente Carter apoyó abiertamente a la guerrilla sandinista contra Somoza, excepción que pronto corrigió Reagan cuando se hizo cargo del poder en 1980.
Ríos Montt llegó al gobierno, como no podía ser de otra manera, a través de un golpe de Estado. En efecto, en marzo de 1980 las fuerzas armadas derrocaron a Fernando Romeo Lucas García y él se hizo cargo de la presidencia. En agosto de 1983 fue depuesto por otra asonada militar, liderada en este caso por el general Humberto García Víctores. Cuando dos años después se inició una apertura democrática, Efraín Montt, previendo juicios y condenas, fundó con otros militares y un puñado de civiles un partido político que se presentó a las elecciones proponiéndolo a él como candidato a diputado. Desde ese momento y hasta el 2012, Ríos Montt eludió los reclamos de la Justicia invocando sus fueros parlamentarios. Cuando estos caducaron, el juez Miguel Ángel Gálvez le inició el juicio con los resultados conocidos y que la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, festejó alborozada.
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