Estos testigos fueron propuestos por la Fiscalía, entre una lista de 150 personas, para avalar sus acusaciones contra los procesados por las matanzas de indígenas, es decir, civiles no combatientes, durante el período más sanguinario del conflicto armado que vivió Guatemala (1960-1996).
"Me salvé de morir porque me escondí en el monte, en las milpas (cultivo de maíz)", mientras tropas del Ejército masacraban a los vecinos de su comunidad, relató Jacinto Brito, un indígena de 82 años, que compareció ante el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, donde se celebra el juicio.
Con la ayuda de un traductor, en su idioma ixil, y asistido con un par de audífonos para paliar sus problemas de sordera, Brito relató a los jueces "las atrocidades" que los soldados cometieron en el denominado Triángulo Ixil, en el departamento de Quiché, al noroeste.
Diego Ceto Santiago, otro de los testigos, también auxiliado por un traductor y unos audífonos, dijo que los militares robaron sus animales, destruyeron su rancho, mataron a sus vecinos y violaron a las mujeres.
Mientras los supervivientes exponían su testimonio, el abogado Marco Antonio Cornejo, uno de los cuatro letrados que el martes, antes de comenzar el juicio dejaron la defensa de Ríos Montt, ingresaba a la sala de audiencias y solicitaba "retomar" su papel.
La jueza instructora Jazmín Barrios, que había advertido al acusado que de no nombrar otro defensor el tribunal ordenaría que se le pusiera uno de oficio, aceptó la reincorporación de Cornejo para garantizar el derecho del procesado.
Se prevé que durante al menos doce días, el tribunal escuche a las 150 personas que la Fiscalía de Derechos Humanos ha propuesta como testigos de cargo, y conozca los cerca de 900 medios de prueba.
Los peritos propuestos por la defensa de Ríos Montt, y su antiguo jefe de Inteligencia Militar, el también general retirado José Rodríguez, también procesado por genocidio, fueron citados por el tribunal para el próximo 10 de abril.
Ríos Montt y Rodríguez son acusados de la muerte de 1.771 indígenas ixiles a manos del Ejército, en matanzas perpetradas entre marzo de 1982 y agosto de 1983, cuando el primero gobernó de facto el país, y el segundo fue jefe de la temida Dirección de Inteligencia Militar.
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