En el día de hoy comienza el juicio a José Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio y lesa humanidad, puntualmente por el asesinato de 1771 ixiles, después de tantos años de haber evitado el proceso a través de innumerables triquiñuelas políticas y jurídicas. Paradójicamente, está ocurriendo durante la presidencia del ex kaibil Otto Pérez Molina. Había sido jefe del destacamento militar de Nebaj, cabecera municipal de la región ixil, durante la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas que encabezó Ríos Montt (de marzo de 1982 a agosto de 1983). El mismo que aproximadamente un año atrás dijo que en Guatemala “no hubo genocidio” sino “un conflicto armado interno que la guerrilla llevó al interior del país” para involucrar “a los pueblos mayas”.
El conflicto armado interno al que hizo referencia el presidente de Guatemala se extendió entre 1962 y 1996 e implicó la muerte y desaparición de estimativamente doscientas mil personas, de las cuales el 83 por ciento fueron indígenas. Estas cifras adquieren una significación especial si se atiende a su distribución cronológica. De las 626 masacres registradas el 64 por ciento se llevaron a cabo en tan sólo 18 meses, desde junio de 1981 a diciembre de 1982. El 81 por ciento de las violaciones a los derechos humanos se produjeron entre 1981 y 1983. Los “actos de genocidio” investigados en cuatro regiones se efectuaron entre los años 1981 y 1982. Además de las cifras, las características cualitativas de la represión distinguen al terrorismo de Estado de comienzos de los años ochenta de la violencia política ejercida con anterioridad. Hubo una sistemática violencia contra niños. Los bebés fueron atravesados por palos, sus cuerpos quebrados vivos, estrelladas sus cabezas contra piedras o palos, ahorcados, quemados, golpeados contra el suelo. Hubo niños que fueron sustraídos de su grupo cultural y trasladados a otro grupo y casos de reclutamiento forzado. Igual de significativo fueron las prácticas específicas realizadas contra las mujeres. Muchas mujeres indígenas embarazadas padecieron la extracción de los niños de sus vientres y la amputación de sus pechos, la violación sexual, incluso colectiva y marcas de la violación en los cadáveres, como objetos en las vaginas o estacas en los vientres. Las formas de tortura, recrudecidas y aumentadas en el ámbito rural, como el colgamiento de las zonas genitales, las mutilaciones, los empalamientos y crucifixiones, llegaron al extremo de antropofagia y coprofagia. Estas características tuvo la violencia perpetrada desde el Estado durante el gobierno de quien ocupa el banquillo de los acusados: el militar retirado y pastor neopentecostal José Efraín Ríos Montt.
El genocidio guatemalteco no se explica sin la visibilización que a fines de los años setenta adquirió la participación indígena-campesina en los movimientos de masas de características insurreccionales y su articulación con el viejo temor de las clases dominantes a la guerra de castas. Si hacemos el ejercicio de poner en perspectiva comparativa la dictadura militar guatemalteca en relación con las dictaduras del Cono Sur, podemos observar alguna de sus especificidades. Todas se legitimaron ideológicamente en la Doctrina de Seguridad Nacional, sólo que en Guatemala el anticomunismo a través del neopentecostalismo se articuló con el racismo y produjo efectos tan catastróficos como la pérdida de un cuarto de millón de personas de una sociedad de seis millones. La impronta de la Teología de la Liberación en la sociedad indígena católica favoreció su satanización y asociación con lo que se entendió por subversión.
La consideración del racismo como un vehículo que puede conducir a la violencia y en el peor de los casos al genocidio parece una tesis evidente, aunque es difícil de aceptar en Guatemala. Que sea una de las plataformas a partir de las cuales están trabajando los fiscales es un dato alentador. La naturalización de los factores y consensos sociales que garantizaron el genocidio hace que el mismo se realice simbólicamente todos los días.
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