EL JUEZ RAFECAS ORDENO LA DETENCION DE QUINCE REPRESORES POR LA CAUSA DEL PRIMER CUERPO DE EJERCITO

Por Irina Hauser para Página/12

En la zona que rodea el cruce del Camino de Cintura y la autopista Ricchieri había un conglomerado de centros clandestinos de detención que manejaba la Policía Bonaerense aún antes de la última dictadura. A uno de ellos, que funcionaba en 1974 con la Triple A, se lo conoce como Protobanco o Puente 12. Según una resolución del juez Daniel Rafecas, el salvajismo desplegado por sus responsables se evidenció en las “condiciones infrahumanas de existencia” a la que eran sometidas las personas allí detenidas y en la muerte de algunas de ellas en medio de sesiones de picana y golpizas. Por el secuestro y la aplicación de torturas a 120 víctimas, de las cuales unas 30 permanecen desaparecidas o fueron asesinadas, Rafecas ordenó la detención de 15 represores. Algunos ya estaban presos, pero varios aún estaban en libertad, igual que los que dispuso arrestar por crímenes cometidos en la Comisaría de Monte Grande.

Entre los nuevos detenidos figuran los ex comisarios de la bonaerense José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein y los suboficiales José Sánchez, Angel Salerno y Carlos Tarantino, alojados en el penal de Marcos Paz. El 5 de noviembre de 1975 desplegaron un operativo ilegal en Palermo donde mataron a María Teresa Barvich, de 22 años, molieron a golpes a una embarazada de siete meses, Noemí Moreno, y lo mismo hicieron con Norberto Rey hasta quebrarle las costillas y con Blanca Becher, hasta dejarla inconsciente, mientras que balearon a Washington Mogordoy. Los cuatro fueron detenidos junto con Julio Mogordoy y Griselda Lazarte y siguieron siendo torturados en la División Cuatrerismo de La Matanza, donde funcionaba Protobanco y aun alberga dependencias policiales. El jefe era el comisario Juan Modesto Carabajal, quien murió en 1977.

Protobanco –que luego sería El Banco– estaba enfrente de El Vesubio e integra la megainvestigación sobre todo lo ocurrido en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. Empezó como una suerte de cueva ilegal de la policía donde operaba la banda de agentes de inteligencia liderada por Aníbal Gordon. De hecho, el pedido de detenciones abarca también a dos iconos de ese grupo: Eduardo Ruffo y Raúl Antonio Guglielminetti, ya condenados por los crímenes cometidos en Automotores Orletti. El juez Rafecas llama la atención en su resolución sobre la ferocidad con que actuaban en Protobanco los represores. Señala “condiciones infrahumanas de existencia constitutivas de tormentos, tales como la sujeción e inmovilización, la prohibición del habla, el tabicamiento, la privación de agua y alimento, la frecuente prohibición de ir al baño, la exposición a desnudez, la amenaza constante con ser torturados físicamente, interrogatorios y en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino, o golpes; mecanismos que se encaminaban a obtener la despersonalización de las víctimas”.

Por lo menos tres detenidos murieron a causa de los tormentos, señala el juez. Uno de ellos, Jorge Marcelo Scelso, de 26 años, padre de dos niños, detenido el 6 de septiembre de 1976, falleció cinco días después de la tortura. Le habían perforado los pulmones, además de quebrarle las costillas. Murieron en circunstancias similares los hermanos Rubén Gerardo y Jorge Luis Salinas, alojados en Protobanco la primera semana de enero de 1977. Fueron sacados de allí durante algunas horas y al volver no pudieron sobreponerse. Fallecieron con una diferencia de media hora. Los guardias se llevaron los cuerpos.

El juez incluyó las historias de 20 víctimas que estuvieron recluidas en la comisaría de Monte Grande, donde entre 1976 y 1978 se usaron modalidades “equiparables al delito de torturas”. Por estos hechos fue detenido el ex comisario Guillermo Néstor Díaz, jefe de la seccional donde “las víctimas fueron sometidas a un régimen brutal de inanición, en absoluta oscuridad, abstraídos del conocimiento de sus familiares y sin poder mantener contacto con el exterior y con la amenaza de la tortura o de la desaparición”. También fueron responsabilizados los ex suboficiales de la Bonaerense Nildo Delgado, Daniel Mancuso, Alberto Faustino Bulacio y Jorge Gauna.

Por aquella comisaría pasaron tres funcionarios del gobierno bonaerense: Ramón Miralles, Pedro Goin y Alberto Liberman. En el mismo grupo estuvo Juan Ramón Nazar, director de La Opinión, de Trenque Lauquen. Otro grupo, conformado por Jorge Watts, Faustino Fernández, Darío Machado y Ricardo Wejchenberg, llegó allí después de haber estado en El Vesubio.