Legisladores y miembros de diversas ONG en Armenia están discutiendo el tema de la castración química voluntaria o forzada de los condenados por cargos de pedofilia.
Una serie de proyecto de enmiendas se presentó a la Asamblea Nacional para su consideración y han sido aprobadas por primera audiencia. Las enmiendas al Código Penal quieren establecer un nuevo método obligatorio para combatir los delitos sexuales contra niños. Y ese metido propuesto es la castración química.
El autor del proyecto, el abogado David Tumasyan, presentando la esencia de las enmiendas en el debate organizado por la ONG Centro de Recursos de la Mujer el martes pasado, explicó que la castración química se aplica a los pedófilos condenados después de una confirmación de especialistas que aseguren que dicha medida no daría lugar a un deterioro de la salud física del delincuente, así como agresión incontrolable o trastorno mental.
Tumanyan dijo que de acuerdo a los datos de los últimos años, 70% de los delitos sexuales se han cometido contra adolescentes.
La discusión del proyecto de ley está en curso en el momento culminante del polémico juicio que se lleva a cabo en Ereván contra el empresario estadounidense-armenio Serop Der Boghossian de 70 años de edad, acusado de abuso sexual contra niños menores de edad en Akhtala, en la provincia de Lori. Si es hallado culpable, Der Boghossian se enfrenta de 8 a 15 años de prisión.
La castración química implica la administración de la medicación para reducir la actividad sexual y el libido con la esperanza de prevenir que los violadores, abusadores de niños y otros delincuentes sexuales, repitan sus crímenes. De acuerdo con el proyecto de ley, ante la primera vez se le ofrecerá al convicto esta medida de forma voluntaria. Sin embargo, en el caso de repetir el crimen, la castración química tendrá carácter obligatorio.
La Castración química se aplica en los Estados Unidos, Alemania, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, la República Checa, Polonia y Canadá. Los legisladores de Rusia se encuentran actualmente discutiendo el tema también.
Activistas de derechos humanos Artur Sakunts y Mikael Danielyan creen que en al momento de la aplicación de esta ley sería inaceptable en Armenia por las numerosas deficiencias en el sistema judicial, en el que muchas veces se está ante casos de veredictos injustos.
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