Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, recibirá las declaraciones de ocho sobrevivientes de las masacres que se registraron en el área ixil de Quiché, entre 1981 y 1983, las cuales han sido atribuidas en su mayoría al Ejército.
Con los nuevos testimonios, el Ministerio Público (MP) busca más nombres de militares de mayor y menor rango, y de exfuncionarios de la época que pudieran tener vínculos con las matanzas perpetradas durante los años del conflicto armado interno.
De las ocho declaraciones solo cuatro fueron recibidas ayer. Entre estas la de Domingo Velasco, de 79 años, quien narró que en abril de 1981 un grupo de militares irrumpió en la aldea Jocop, Quiché, donde ejecutó una masacre.
Según el testigo, el Ejército disparó indiscriminadamente contra la población civil, lo que dejó como resultado la muerte de más de 59 pobladores de la comunidad, entre ellos niños y mujeres.
La tarde del 16 de abril de 1981, Petrona Raymundo, de 82 años, ya no pudo volver a casa, pues sus vecinos le advirtieron que el Ejército estaba incendiando la aldea. Ella huyó, pero al día siguiente regresó y descubrió que sus hermanos, dos de sus sobrinas y su esposo habían sido asesinados.
Raymundo explicó ayer que los pobladores perdieron la vida a balazos, heridas de machetes e incendiados. “A mi hermana Juana Raymundo le dispararon debajo del pecho, sobrevivió un día, pero no pudimos detenerle la sangre”, declaró la sobreviviente a través de un intérprete.
Investigaciones
Los testimonios de los ocho sobrevivientes no serán añadidos a la acusación contra el exjefe de Estado José Efraín Ríos Montt, y el extitular de Inteligencia Militar Mauricio Rodríguez Sánchez, debido a que contra estos ya fue presentada una acusación formal, explicó el fiscal a cargo de la investigación.
Según la fiscalía, los testimonios buscan identificar a posibles autores intelectuales de los hechos registrados en esa época, pero también persiguen reconocer a los soldados que ejecutaron materialmente las masacres.
Los abogados que representan a las víctimas del pueblo ixil solicitaron a la Corte de Constitucionalidad agilizar las acciones que en este tribunal están pendientes de respuesta, pues hasta que esos incidentes sean resueltos podrá programarse el nuevo juicio por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad para Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.
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