En un fallo histórico y como parte de la condena a un exjefe paramilitar, la justicia colombiana reconoce por primera vez que el exterminio de la izquierdista Unión Patriótica hace dos décadas fue un genocidio y un crimen de lesa humanidad. La decisión judicial allanará el camino del proceso de paz entre guerrilla y gobierno, pues la primera podría integrarse a la vida civil y participar en contiendas políticas sin el temor de que sus integrantes pierdan la vida por ello.
BOGOTÁ (Proceso).- El exjefe paramilitar Hebert Veloza García, El HH, tiene 42 sentencias en su contra y pronto sumará otra, quizá la más importante, ya que en ella el Estado colombiano reconoce por primera vez que el exterminio de la izquierdista Unión Patriótica (UP) fue un “genocidio de tipo político” y sus principales autores fueron grupos paramilitares de extrema derecha en coordinación con integrantes de la policía y el ejército.
Según el pliego de cargos aprobado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de esta ciudad –cuya copia tiene Proceso– y que servirá de base para sentenciar al HH, la UP –surgida en 1985 durante el proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– fue víctima de una “guerra sucia” y sufrió el asesinato masivo de sus integrantes “en un fenómeno que significó el exterminio de una fuerza política que llegó a constituirse en la tercera del país durante los comicios de 1988 y que para mediados de los noventa se encontraba gravemente disminuida, casi hasta su desaparición”.
Organismos de derechos humanos estiman en más de 3 mil los asesinatos de militantes de la UP que en los ochenta y noventa perpetraron las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y agentes de organismos estatales (policía secreta, policía nacional y ejército), como parte de un plan para aniquilar a ese grupo de izquierda que tenía registro electoral.
Para las AUC –grupos armados de extrema derecha creados en los ochenta con financiamiento de empresarios y terratenientes a fin de combatir a la guerrilla–, la UP y las FARC eran lo mismo.
El HH, quien comandó los bloques Bananero y Calima de las AUC en la región de Urabá, será condenado por el homicidio agravado de 11 integrantes de la UP, en un fallo histórico, ya que por primera vez un poder del Estado cataloga ese exterminio como “genocidio” y reconoce la responsabilidad estatal en la comisión de ese delito tipificado en el derecho internacional.
Estos hechos “afectaron de manera grave el régimen político y democrático colombiano y por ende no deben repetirse jamás en el país”, señaló el escrito de cargos de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Este documento se emite cuando el gobierno colombiano y las FARC dialogan en Cuba para buscar una salida política al conflicto armado que vive el país sudamericano desde hace 48 años.
La eventual transformación de las FARC en un partido político forma parte de la agenda de negociaciones en La Habana y el tema del exterminio de la UP gravitará en la mesa.
“Por eso es tan importante este pronunciamiento de la justicia colombiana reconociendo el genocidio de la Unión Patriótica. Es un mensaje muy oportuno para el proceso de paz”, comenta a Proceso el director del grupo de investigación de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia, Alejo Vargas.
Añade: “El Estado colombiano indica con este fallo que tiene la voluntad de garantizar que si las FARC dejan las armas en un proceso de conversaciones y se incorporan a la vida civil, tendrán garantías para participar en la política y que sus ideas, que en el pasado defendieron con las armas, podrán esgrimirlas con argumentos, sin que por eso los maten”.
El pasado abril varias organizaciones políticas y sociales de Colombia formaron la Marcha Patriótica, un amplio movimiento de izquierda equiparable a la UP de los ochenta. En ese espacio podrían incorporarse con fines electorales los guerrilleros desmovilizados de las FARC, en caso de que alcancen un acuerdo de paz con el gobierno.
La exsenadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, la dirigente más visible de Marcha Patriótica, dice a este semanario que al tipificar como “genocidio” los asesinatos masivos de los militantes de la UP, la justicia colombiana da un paso “muy importante porque categoriza la necesidad de establecer un estatuto de la oposición en este país (que vele por los derechos de las minorías políticas), que se profundice la democracia pero, sobre todo, que un hecho tan grave, tan lamentable, como el exterminio de la Unión Patriótica no quede en la impunidad y no se repita”.
Según la dirigente política –destituida como senadora en 2010 por el ultraconservador procurador Alejandro Ordóñez por sus supuestos nexos con las FARC–, el pronunciamiento de la Sala de Justicia y Paz dentro del juicio al HH es “muy beneficioso para el proceso de paz porque pone el acento en la importancia de garantizar a los guerrilleros desmovilizados que podrán hacer oposición desde el pensamiento crítico sin que los asesinen”.
El punto número dos de la agenda de negociaciones que desarrollan las FARC y el gobierno colombiano en La Habana –“Participación política”– puntualiza la necesidad de establecer “derechos y garantías (de seguridad) para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final”.
Exterminio de la UP
El surgimiento de la UP en 1985 se produjo de manera paralela al proceso de paz que desarrollaron las FARC con el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986), quien alentó la creación de ese movimiento que aglutinó a socialdemócratas, comunistas, liberales independientes, dirigentes sociales y sindicales y guerrilleros desmovilizados.
Desde el principio la UP fue considerada por los terratenientes del país, grupos paramilitares, oficiales del Ejército y policía y por sectores de los partidos tradicionales como brazo político de las FARC. Esa suposición persistió incluso después de que se rompieron los diálogos con el gobierno de Betancur en 1985, y de que el naciente movimiento político se deslindara de la guerrilla y condenara la vía armada como forma de lucha.
En su primer año de existencia la UP perdió a más de 300 militantes. Dos de sus candidatos presidenciales fueron asesinados: en 1987, Jaime Pardo Leal, y en 1990, Bernardo Jaramillo. De esos homicidios y de centenares más que ocurrieron en esos años fueron responsables los fundadores de las AUC, los hermanos Carlos, Fidel y Vicente Castaño, quienes reclutaron al HH para su organización armada y lo hicieron comandante de los bloques Bananero y Calima.
Para finales de los noventa la UP contabilizaba miles de militantes y dirigentes muertos; además de sus candidatos presidenciales, cayeron dos senadores, 18 diputados y 40 alcaldes y concejales.
El plan de exterminio ejecutado por las AUC y los organismos del Estado arreciaba en la medida en que la organización de izquierda avanzaba electoralmente. Entre 1986 y 1988 la UP se convirtió en un suceso electoral al tener cinco senadores, nueve diputados nacionales y 14 locales, 23 alcaldes y 351 concejales. En 1988 era la tercera fuerza política de Colombia, sólo detrás de los tradicionales partidos Liberal y Conservador, lo que –según el pliego de cargos contra Veloza García– desató una respuesta más violenta de los paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado “que vieron menoscabados sus intereses políticos y económicos”.
Desde esa época eran muy claros los vínculos entre los grupos paramilitares y los cárteles del narcotráfico. En los años siguientes los jefes de las AUC se convirtieron en los principales narcotraficantes y esta actividad fue la principal fuente de financiamiento en su guerra contra las FARC.
Las AUC se desmovilizaron entre 2003 y 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe, pero sus comandantes siguieron manejando el negocio de la droga desde prisión y en 2008 fueron extraditados a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico.
El HH está recluido en una prisión de Nueva York, sujeto a juicio por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Es por ello que los procesos en su contra en Colombia se le siguen en calidad de reo ausente y, aunque las AUC desaparecieron formalmente, aún quedan remanentes que se conocen como bacrims (bandas criminales) que se dedican al narcotráfico y siguen teniendo ejércitos de sicarios.
Omisión del Estado
En el escrito del Tribunal, cuyo ponente es el magistrado Eduardo Castellanos Roso, la justicia colombiana cataloga el exterminio de la UP como un “crimen de lesa humanidad” y un “delito de actos de barbarie” por la crueldad innecesaria y los métodos utilizados por los ejecutores, como las decapitaciones y el desmembramiento.
De acuerdo con el documento judicial de 316 páginas, que contiene múltiples referencias al derecho internacional, el Estado colombiano negó la existencia de un plan de exterminio contra la UP cuando éste se encontraba en ejecución, lo cual constituyó un “comportamiento omisivo del mismo Estado frente a sus obligaciones de proteger y prevenir violaciones de derechos” de los miembros de esa organización política.
Entre los funcionarios del Estado que en su momento desestimaron la estrategia de aniquilación contra la UP, el escrito menciona a quien en 1993 era ministro de Defensa y ahora lo es del Trabajo: Rafael Pardo Rueda.
El tribunal señaló que en agosto de 1993 un grupo de dirigentes de la UP encabezados por el senador Manuel Cepeda Vargas denunció ante Pardo la existencia del Plan Golpe de Gracia contra dirigentes de ese partido, pero el ministro desestimó la versión y “negó la existencia de tal plan de exterminio” en el que estaban implicados paramilitares y oficiales de la fuerza pública.
Tres meses después fue asesinado el dirigente nacional de la UP, José Miller Chacón, y Cepeda Vargas –padre del actual diputado Iván Cepeda– murió ejecutado a manos de dos suboficiales del Ejército con apoyo logístico de paramilitares en agosto de 1994.
Para el órgano de justicia el genocidio “consiste en la intención específica que tiene el victimario de destruir total o parcialmente a un grupo como tal; en el caso de la Unión Patriótica, a un grupo político”.
Por ello “la sala ha podido evidenciar que la persecución y ataques sufridos por los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica tienen las características de un genocidio de tipo político”, agrega el escrito y señala que “el tema será tratado con mayor profundidad en la sentencia que se profiera (en las próximas semanas) dentro del presente proceso”.
En vista de que el genocidio no estaba tipificado en las leyes de Colombia cuando el HH cometió los asesinatos de los militantes izquierdistas (entre 1995 y 1996, y el genocidio se incorporó al código penal en 2000), el tribunal los considerará “homicidios en persona protegida”.
El histórico fallo de la justicia colombiana contra uno de los jefes paramilitares implicados en el exterminio de la UP se produce dos décadas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de genocidio el exterminio de ese grupo y dos años más tarde de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en la muerte de Cepeda Vargas.
Oxígeno para el diálogo
El representante de la ONU en Colombia, Bruno Moro, comenta a Proceso que el fallo de la Sala de Justicia y Paz que concluirá con una sentencia condenatoria al HH tendrá un efecto “muy positivo” en las conversaciones de paz que desde noviembre pasado sostienen el gobierno y la guerrilla.
Agrega que resulta “sintomático y alentador” que tal reconocimiento se produzca en momentos en que las partes intentan llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto armado interno y en el que “es muy importante generar elementos de confianza, como puede ser esta señal de que si la guerrilla se desmoviliza podrá actuar en la vida política sin temor al exterminio”.
De acuerdo con el funcionario, el exterminio de la UP, que orilló a decenas de militantes izquierdistas a exiliarse para salvar sus vidas o a retirarse de la vida política, “ha retardado mucho el proceso de paz en Colombia, porque la eliminación de estas personas contribuyó a que la opción política se viera como una muerte segura y se optara entonces por seguir en la lucha armada”.
Un caso es el del comandante de las FARC Iván Márquez, quien encabeza el grupo de negociadores de esa organización guerrillera en La Habana. Él se desmovilizó durante el proceso de paz con Betancur y llegó a ser congresista con la UP, pero cuando se recrudeció la persecución contra ese partido regresó a la lucha armada.
La presidenta del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo (PDA), Clara López Obregón, consideró que el pronunciamiento de la Sala de Justicia y Paz oxigena los diálogos de La Habana, en los cuales se ha hecho hincapié en que las dos partes deben aprender de los errores de procesos anteriores que terminaron sin acuerdo y con el recrudecimiento de la guerra.
“Aprender de los errores implica también más democracia y que no vuelva a ocurrir otro episodio como el de la UP, porque la matanza de la gente de la Unión Patriótica es un campanazo. Aquí hay que garantizarle la vida y la integridad física a la gente que se incorpore a la vida civil, y el Estado debe estructurar de una manera seria el derecho a la vida. Sin eso ninguna paz puede ser sustentable, porque en este país aún hay intereses muy poderosos que quieren una solución militar a cualquier costo”, afirmó.
El lunes 14 la presidenta del PDA denunció que el gobierno colombiano retiró los esquemas de seguridad a 150 dirigentes sindicales y 40 políticos de izquierda en todo el país pese a que “la amenaza general que nos ha acompañado durante los últimos años no ha desaparecido”. Para López Obregón el peligro de muerte aún acecha a los sindicalistas, militantes y dirigentes de izquierda en este país por el sólo hecho de serlo.
