Así lo dictaminó este domingo un magistrado de justicia y paz del país suramericano, quien durante una audiencia interrogó a un exparamilitar que habría confesado su participación en más de 100 asesinatos, entre ellos el de más de diez miembros de ese movimiento político.
El representante a la Cámara Iván Cepeda -cuyo padre Manuel Cepeda fue una de las víctimas asesinadas en ese período- calificó de trascendental el dictamen.
El vocero resaltó que “es la primera vez que una instancia judicial señala de manera nítida que lo perpetrado contra los miembros y dirigentes de UP y el Partido Comunista en Colombia, en los años 90 del pasado siglo, fue un verdadero genocidio”.
También dijo que según él, el veredicto “abre las puertas a nuevas y más profundas investigaciones”, sobre todo para encontrar a responsables.
“Una acción de esa naturaleza no se comete por funcionarios de segundo orden, son personas que han estado en la cúspide del poder, de alto rango en las fuerzas militares y de policía, de sectores muy poderosos de la sociedad colombiana”, manifestó Cepeda.
Por otro lado, uno de los sobrevivientes de la UP Sebastián González, indicó a la Agencia Prensa Latina que el genocidio desencadenado en los años 1993 y 1994 incluyó el asesinato de más de 10 mil miembros de la UP.
“El plan abarcó también, paralelamente a las masacres y magnicidios, amenazas, exilios y encarcelamientos”, agregó.
El exterminio de UP
La Unión Patriótica fue un movimiento político plural de carácter democrático que surgió de los acuerdos de paz firmados en 1985 entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país suramericano (FARC).
El objetivo era que a través de la UP los guerrilleros amnistiados transitaran a la lucha política legal, para lo que el estado colombiano ofreció total y plenas garantías.
En medio del fervor y entusiasmo que generó el proceso de paz decenas de miles de colombianos de diferentes organizaciones políticas y sociales se vincularon a la UP, además de 25 exintegrantes de la guerrilla amnistiados e indultados por el gobierno y autorizados para realizar proselitismo político.
En las elecciones de 1986 este fervor se materializó en un importante resultado electoral que le permitió a la UP tener bancada parlamentaria, decenas de Diputados regionales y alcaldes y varios centenares de concejales municipales.
La región de Urabá (oeste), zona de masiva producción de banano para la exportación fue una de las regiones donde la UP se convirtió en la primera fuerza política.
El éxito de la participación electoral de la UP concitó la violenta reacción de la extrema derecha y de inmediato se inicio el exterminio de esta nueva fuerza política. Más de cinco mil dirigentes y militantes fueron asesinados entre ellos dos candidatos presidenciales, parlamentarios, alcaldes y concejales.
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