A las 18, el tribunal dará a conocer el fallo sobre la conducta de militares y policías que actuaron en el V Cuerpo de Ejército. Desde la mañana, familiares de las víctimas se concentrarán frente a la Universidad, donde se realiza el juicio.
Por Diego Martínez
Bahía Blanca será testigo hoy de la primera sentencia por delitos de lesa humanidad a represores del ex V Cuerpo de Ejército. El tribunal que preside Jorge Ferro escuchó durante catorce meses casi cuatrocientas declaraciones sobre secuestros, torturas y asesinatos y ningún esbozo de autocrítica de los imputados. El fiscal federal Abel Córdoba y los querellantes que representan al Estado, a organismos de derechos humanos y a familiares de víctimas pidieron penas de prisión perpetua para catorce de los diecisiete acusados. La jornada de hoy comenzará a las nueve de la mañana, cuando haga uso de sus últimas palabras (si lo desea) el teniente coronel Jorge Granada, ex jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181 y amigo del condenado Luis Patti, a quien ayudó a profugarse en 2003. A la tarde habrá actividades culturales, una radio abierta y se expondrán 30.000 “cuadritos por la memoria” realizados en el marco de una pintura colectiva impulsada por el Grupo Arte-Memoria e H.I.J.O.S. Bahía Blanca. A las 18, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, el tribunal leerá la sentencia.
El juicio que conducen Ferro, José Triputti y Martín Bava tiene en el banquillo a seis ex miembros del Estado Mayor del Cuerpo V encabezados por el general Juan Manuel Bayón. Lo acompañan ex oficiales de Inteligencia, ex miembros de la Agrupación Tropas a cargo de los operativos, policías de Viedma que secuestraban y trasladaban a sus víctimas al centro clandestino La Escuelita y los dos ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, a la que llegaban deshechos los cautivos que el Ejército decidía no matar.
El final del juicio se precipitó cuando el fiscal entendió que la estrategia de los defensores no ameritaba respuesta. Tanto el verborrágico Eduardo San Emeterio como sus colegas Hernán Vidal, Luis de Mira y Mauricio Gutiérrez fueron incapaces de cuestionar los hechos y se limitaron a culpar a represores muertos. “No hubo en los alegatos de las defensas argumentos adversos de entidad”, explicó Córdoba, quien se cargó la causa al hombro en 2009, tras la renuncia del fiscal Hugo Cañón.
Ferro convocó entonces a los imputados a decir sus últimas palabras. Jorge Mansueto Swendsen, quien supo ufanarse de identificar “terroristas” por su aspecto “normalmente feo”, pidió a los jueces distinguir a los oficiales jóvenes de quienes impartieron órdenes. “A veces nos negamos a impartirlas”, apuntó, sin explicar el motivo. “Soy inocente. Nada más”, dijo Osvaldo Páez, identificado en el juicio como el torturador que hacía de “bueno” al pie de la mesa de torturas. Bayón dijo estar conforme con la defensa oficial y guardó silencio. “Perderé mi libertad, pero no me van a poder quitar el honor y la dignidad”, aseguró Hugo Delmé, cara visible ante los familiares de desaparecidos que iban a pedir cuentas al comando. Walter Tejada insistió con que estuvo abocado a planificar la guerra con Chile y culpó de “las acciones contra los terroristas subversivos” a sus ex compañeros muertos. Hugo Fantoni citó a José Manuel Estrada para decir que sus hijos no marcharán “sobre una huella de vergüenza”.
“Uno ha procedido siempre en cumplimiento de órdenes”, dijo Mario Méndez. Su compañero en la Agrupación Tropas, Jorge Masson, explicó que “las órdenes no se piensan ni se contradicen: se cumplen”. “Hemos sido hombres de bien: dos tercios de mi vida lo demuestran”, afirmó, y no se explayó sobre el otro tercio. Norberto Condal y Jorge Taffarel se ufanaron de que nadie los hubiera reconocido. El penitenciario y abogado Héctor Selaya dijo que actuó con “la ley vigente” bajo “un gobierno de facto”. Su sucesor el frente de la cárcel, Andrés Miraglia, admitió “alguna rigurosidad establecida por las Fuerzas Armadas”, pero negó que el penal fuera “una prolongación de La Escuelita”. “Soy inocente”, dijo escueto el comisario Vicente Forchetti, ex jefe de la delegación Viedma de la Policía Federal. “He trabajado con las manos limpias”, afirmó su su-bordinado, Héctor Abelleira. “Soy inocente, confío en ustedes”, se esperanzó Héctor Goncálvez. Carlos Contreras se definió como “un triste agente” que “no entendía nada”. Hoy serán los jueces quienes tendrán la palabra.
Son diecinueve los represores acusados por secuestros y desapariciones en Bahía Blanca.
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