Por Daniel Feierstein *El debate sobre los modos de calificar la violencia estatal masiva en la Argentina y la pertinencia del concepto de genocidio ha recorrido la historia de la lucha contra la impunidad. Incluso algunos querellantes o jueces que no han receptado dicha figura nunca dudaron de la calificación histórica como genocidio, cuestionando sólo la viabilidad jurídica del planteo, debate que continúa en pie entre compañeros que compartimos por décadas la lucha contra la impunidad. Lo que sorprende de ciertos “nuevos” planteos es la acusación de que con el concepto de genocidio (y la interpretación que lo propone como la “destrucción parcial del grupo nacional argentino”) se “volvería a despolitizar a los desaparecidos”.
Llama la atención la doble ignorancia que revela la afirmación: ignora la profunda politización que aflora tanto en los alegatos como en los fallos que reconocen el genocidio, politización que es mucho más débil en aquellos fallos y alegatos que no lo reconocen. E ignora el carácter político de todo genocidio, lo cual vuelve abstracta la idea de que la calificación de genocidio podría “despolitizar”, en tanto supone que existirían procesos de aniquilamiento estatal masivo de poblaciones que no serían políticos.
- Politización binaria versus politización profunda. Lo que estos planteos “re-politizadores” parecen reclamar es una politización que dé cuenta de las identidades partidarias de los desaparecidos (reivindicación de la militancia armada, nombramiento explícito de las organizaciones) que volvería a plantear una distinción entre quiénes eran las víctimas principales (los militantes de las organizaciones armadas) y lo que aparecerían como errores o excesos (militantes sociales, barriales, estudiantiles).
El modelo que propone esta re-politización resulta sospechosamente cercano a la teoría de los dos demonios, al comprender la violencia masiva estatal como reacción ante la existencia de una izquierda armada. Llamaremos a este modo de politización “binaria”, en tanto lee el proceso como la confrontación entre dos grupos (demonios o no), que operan frente a una sociedad no necesariamente involucrada.
El Reglamento de Operaciones Psicológicas, redactado el 8 de noviembre de 1968, es uno entre tantos documentos que dan sustento a otra interpretación de la intencionalidad de la violencia estatal, donde la relación directa como “reacción” ante la existencia de organizaciones armadas de izquierda se hace mucho menos clara. Dice, por ejemplo, el reglamento: “La presión psicológica engendrará angustia masiva generalizada que podrá derivar en terror, lo que basta para tener al público (blanco) a merced de cualquier influencia posterior”. Esto es, el aniquilamiento y los campos de concentración serían una estrategia para transformar la identidad nacional de todo un pueblo a través del terror. El 8 de noviembre de 1968 no había ocurrido el Cordobazo ni ninguna de las puebladas posteriores, Montoneros no había secuestrado a Aramburu, y casi no existían organizaciones armadas de izquierda en nuestro país que tuvieran una mínima inserción popular, gobernaba una dictadura que se creía eterna en el tiempo y la proscripción al peronismo no parecía precisamente próxima a su final.
A su vez, el Reglamento C9-I, de 1977, establece como víctima principal al gremialista y otros grupos sociales –en tanto práctica “preventiva”– que difícilmente se dejan clasificar como “grupos políticos” sino que eran partes esenciales del “grupo nacional”.
¿Resulta realmente re-politizador volver al planteo militar de que la dictadura del ’76 fue una respuesta a las acciones de la izquierda armada? ¿O estos reglamentos, entre otras declaraciones, documentos y acciones de los perpetradores, son otra muestra de un proyecto de transformación del grupo nacional argentino a partir de lo que se llamó “Proceso de Reorganización Nacional”? Los perpetradores (en el momento de ejercer sus acciones, no en sus posteriores excusas ante el proceso penal) otorgan nada menos que ese nombre a su práctica. No “Proceso de Reorganización Política” sino “Proceso de Reorganización Nacional”, una reorganización que abarcó muchísimo más que a los militantes de las organizaciones armadas de izquierda.
Una re-politización profunda –y no binaria, ni banal– implica comprender las modificaciones estructurales realizadas en la estructura económica, política y social argentina a través del terror, que fueron más allá del aniquilamiento de organizaciones armadas de izquierda. Implica comprender, por tanto, que los sectores económicos y políticos involucrados en dicha reorganización buscaban objetivos más profundos. Es esto lo que trata de advertirnos Rodolfo Walsh en su brillante “Carta Abierta a la Junta Militar”, politizando al bloque perpetrador, al comprender que los militares eran los ejecutores de un plan profundo y global, cuyas consecuencias eran no sólo políticas sino fundamentalmente económico–sociales.
Cuando se busca ligar la calificación como genocidio al período hegemónico de la teoría de los dos demonios, se olvida que uno de los elementos jurídicos cruciales del período alfonsinista fue precisamente el de negar la calificación de genocidio y plantear la comprensión de los hechos como la confrontación entre “dos grupos”, que es precisamente lo que se quiebra con la comprensión de la intencionalidad sistemática de reorganización social y nacional presente en los perpetradores.
Es esta supuesta “re-politización” la que nos retrotrae al modelo binario de la guerra, la cosificación militarista del conjunto de la militancia, otorgándole a la izquierda armada una hegemonía en el movimiento popular y en la decisión de aniquilamiento que ni consta en la memoria de los protagonistas de la época, ni surge de los documentos de los perpetradores.
El rescate de la identidad política de los desaparecidos fue reivindicado desde siempre por quienes han planteado la calificación de genocidio, por eso esta “re-politización” no tiene nada de nuevo. La acusación por genocidio y la recuperación de la identidad militante de los desaparecidos fueron dos caras de la misma moneda en una lucha de treinta años contra la impunidad, en la construcción popular de las querellas y hasta en las consignas del movimiento de derechos humanos en todas las plazas del país desde el fin de la dictadura. Quienes sostienen la calificación por genocidio han sido, en muchos casos, quienes sostuvieron la necesidad de politización en el momento del Juicio a las Juntas, e incluso antes. Resulta una falta de respeto a los sobrevivientes plantear que la despolitización del Juicio a las Juntas se debió a su miedo a ser procesados. La mayoría de los sobrevivientes reivindicó siempre su identidad política y, si no lo hizo en las cortes, fue por pedido de abogados y fiscales de ese momento, imbuidos de la lógica binaria. E incluso fueron excluidos de las testimoniales cuando no lo aceptaron.
- El cómo del politizar. La experiencia argentina de lucha contra la impunidad está resultando única, pese a todas sus deudas. Cortes nacionales (no internacionales ni especiales) están abocándose al juzgamiento de todos los responsables (no sólo los cabecillas) en un proceso de memoria que avanza tratando de dar cuenta de los efectos del terror en el conjunto de la sociedad argentina, un terror que buscó transformar las relaciones sociales de todo un pueblo. En la lucha por elaborar y revertir las consecuencias de este terror, el movimiento de derechos humanos ha ido construyendo paso a paso nuevos modos de apropiarse de la experiencia, de observar los efectos del pasado traumático en nuestro presente, entre ellos la comprensión del terror como dirigido a transformar a toda la sociedad (el grupo nacional) y que por tanto requiere un esfuerzo colectivo para tramitar sus consecuencias.
La ¿nueva? re-politización, que busca reavivar las siglas y discusiones de los ’70, sería un modo de fracturar un horizonte común construido por un pueblo que, más allá de haber contado con proyectos muy distintos en la década del ’70, fue atravesado por un mismo proyecto de destrucción y reorganización, bajo la figura de “la subversión”.
La peculiaridad de la post-dictadura radicó en la lucha contra dicha herencia, que unificó identidades políticas de lo más diversas y fue obligando a los perpetradores (y poco a poco a sus cómplices) a dar cuenta de sus crímenes ante los tribunales.
Difícil pensar en una mayor politización y politicidad en el uso de dicho pasado en nuestro presente.
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