25 de marzo de 2014
A partir de los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un total de 2.450 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado al día de hoy. De ellas, 540 han obtenido sentencia, 495 se encuentran condenadas y 45 absueltas.
Desde la celebración del primer juicio por estos delitos en 2006, han habido 115 fallos. No obstante, resulta preocupante que de ellas únicamente 20 han alcanzado sentencia firme, 18 confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El CELS realizó un relevamiento sobre el rol de la plana civil en la última dictadura cívico-militar. A marzo de 2014 son 297 los civiles investigados por la justicia. Los actores civiles acusados en diferentes causas por su responsabilidad en los delitos son diversos: funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, profesionales de la salud, personal civil de inteligencia, integrantes de la Iglesia Católica, empresarios y apropiadores de menores, entre otros. Los funcionarios judiciales acusados ascienden a 67, el 23% del total de civiles investigados en la actualidad.
Los datos ampliados se pueden consultar en el Blog de Estadísticas del CELS, donde se encuentra el total de causas en trámite en todo el país y la situación procesal de los imputados.
La “cuestión civil” en el proceso de justicia argentino
En los últimos años la expresión “dictadura cívico-militar” comenzó a instalarse en el discurso público, jerarquizando el rol desempeñado por la plana civil en esta etapa de nuestra historia reciente. La idea de complicidad de determinados sectores de la sociedad con las Fuerzas Armadas para llevar adelante el plan sistemático de desaparición y exterminio perpetrado entre 1976 y 1983 fue afianzándose en el plano político, social y judicial.
La consolidación del proceso de justicia, su extensión en el tiempo y la información que se produce en el marco de los juicios ampliaron los límites de la investigación penal. Comenzó a evidenciarse que la atribución de responsabilidad no se agota en el juzgamiento de las Fuerzas Armadas que condujeron el aparato estatal y de las fuerzas de seguridad operacionalmente subordinadas, sino que hoy es necesario que la Justicia avance sobre la otra parte del cuadro: el aporte, en algunos casos fundamental, de sectores civiles al accionar represivo.
Haga clic aquí para leer la nota completa, publicada el 23 de marzo de 2014 en Página/12.
Centro de Estudios Legales y Sociales
consultas@cels.org.ar /www.cels.org.ar
A partir de los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un total de 2.450 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado al día de hoy. De ellas, 540 han obtenido sentencia, 495 se encuentran condenadas y 45 absueltas.
Desde la celebración del primer juicio por estos delitos en 2006, han habido 115 fallos. No obstante, resulta preocupante que de ellas únicamente 20 han alcanzado sentencia firme, 18 confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El CELS realizó un relevamiento sobre el rol de la plana civil en la última dictadura cívico-militar. A marzo de 2014 son 297 los civiles investigados por la justicia. Los actores civiles acusados en diferentes causas por su responsabilidad en los delitos son diversos: funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, profesionales de la salud, personal civil de inteligencia, integrantes de la Iglesia Católica, empresarios y apropiadores de menores, entre otros. Los funcionarios judiciales acusados ascienden a 67, el 23% del total de civiles investigados en la actualidad.
Los datos ampliados se pueden consultar en el Blog de Estadísticas del CELS, donde se encuentra el total de causas en trámite en todo el país y la situación procesal de los imputados.
Civiles acusados por delitos de lesa humanidad
La “cuestión civil” en el proceso de justicia argentino
En los últimos años la expresión “dictadura cívico-militar” comenzó a instalarse en el discurso público, jerarquizando el rol desempeñado por la plana civil en esta etapa de nuestra historia reciente. La idea de complicidad de determinados sectores de la sociedad con las Fuerzas Armadas para llevar adelante el plan sistemático de desaparición y exterminio perpetrado entre 1976 y 1983 fue afianzándose en el plano político, social y judicial.
La consolidación del proceso de justicia, su extensión en el tiempo y la información que se produce en el marco de los juicios ampliaron los límites de la investigación penal. Comenzó a evidenciarse que la atribución de responsabilidad no se agota en el juzgamiento de las Fuerzas Armadas que condujeron el aparato estatal y de las fuerzas de seguridad operacionalmente subordinadas, sino que hoy es necesario que la Justicia avance sobre la otra parte del cuadro: el aporte, en algunos casos fundamental, de sectores civiles al accionar represivo.
Haga clic aquí para leer la nota completa, publicada el 23 de marzo de 2014 en Página/12.
Centro de Estudios Legales y Sociales
consultas@cels.org.ar /www.cels.org.ar
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